EL MUNDO – 19/06/15 – ÁNGELES ESCRIVÁ
· En Venezuela hay en estos momentos, además de Ignacio De Juana Chaos, otros 20 etarras con causas pendientes. Solamente seis de ellos aglutinan un total de 22 asesinatos. La presencia de algunos allí es fruto de un acuerdo bilateral firmado en los 80 y otros no. Pero ninguno de ellos siente inquietud alguna por un posible proceso de extradición porque las autoridades bolivarianas no sólo nunca les han molestado, sino que les hacen sentirse en un entorno seguro tanto desde el punto de vista jurídico como social.
En 2002, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la localización de varios etarras cuya extradición había sido solicitada por España. El entonces presidente Aznar conminó a Venezuela a dejar de ser «refugio de terroristas» y el entonces presidente Chávez declaró: «Si España tiene pruebas, que las envíe al Supremo y yo meto a los etarras en un avión al minuto siguiente». Huelga decir que nadie fue a ninguna parte. Una requisitoria contra Luis Roncero en 2011 quedó en papel mojado. Y cuando, quien había pasado por ser el portavoz de todos ellos, Arturo Cubillas, fue acusado de estar vinculado a las FARC, su declaración se hizo a puerta cerrada. Naturalmente, Cubillas, que ocupó durante años cargos de relevancia en los gobiernos chavistas, regresó a su casa tranquilamente.
La situación no ha cambiado. De hecho, recientemente se ha sabido que Xabier Arruti, presunto sustituto de Cubillas, había sido colocado en la petrolera estatal PDVSA con un sustancioso sueldo. Que se sepa, la última capacitación que ha exhibido Arruti es la de haber dejado bajo mínimos su restaurante en Chichiriviche, acuciado por el gran expolio nacional; y haber dado protección a De Juana.
Probablemente, por todos estos motivos, cuando se pregunta a cualquier responsable de Interpol en Europa o en Venezuela por la orden del juez Velasco, sencillamente responde que las autoridades venezolanas «ni van a hacer nada», «ni tienen ningún interés en hacerlo». Los funcionarios destinados en la embajada de España en Venezuela no tienen potestad para investigar nada en el país caribeño pero no pueden evitar recibir informes que pueden ser oficializados. Esos informes han confirmado que, después del susto de la publicación de su destino por este periódico, De Juana regresó a la cochambosa licorería que le habían dejado sus amigos y sigue allí; y es muy improbable que el gobierno venezolano, que siempre dice que el enaltecimiento del terrorismo no es delito susceptible de extradición y que no se deja impresionar por la calaña moral de un tipo que ha matado a 25 personas, lo entregue al juez.
De Juana, aparte de un asesino, siempre ha sido un incordio, incluso para ETA. Hay expertos que aseguran que si viene a España es probable que quede en libertad y que su presencia sería insufrible. Pero no lo sabe. Puede que se pase unos meses más en prisión. Lo único que sabe, por el momento, es que vive en un país en quiebra, peligroso, míseramente. Y que, en estos momentos, es la punta del iceberg de un problema mayor, cual es el reconocimiento en el que vive la comunidad etarra en Venezuela. Sin visos de extradición.
EL MUNDO – 19/06/15 – ÁNGELES ESCRIVÁ