La muerte de las democracias

He releído «Cómo mueren las democracias», el fundamental ensayo de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de Harvard. Recomiendo su lectura y más en los tiempos que corren. Editado en 2018 supuso un aldabonazo en el primer mandato de Trump y es un relevante estudio sobre el riesgo que corren las democracias, y no tanto por golpes militares o revoluciones. «Menos a manos de hombres armados y más a manos de líderes electos», alertan. Es un «lento pero progresivo debilitamiento de instituciones esenciales», y citan el sistema jurídico, las normas políticas respetadas hasta ese momento y los medios de comunicación. Entre los factores que favorecen la autocracia figuran la ruptura de la tolerancia, la negación de la legitimidad de la oposición, la condena a quienes tienen opiniones legítimamente diferentes, el ataque al patriotismo de los adversarios y la afirmación de que los contrarios si llegasen al poder destruirían el país. Un golpe de Estado enmascarado.

Levitsky y Ziblatt, autores también de «La dictadura de la minoría», reavivan temas reflexionados ya desde clásicos griegos y latinos a Burke o Tocqueville entre otros, con un análisis actual y analizando experiencias cercanas. Sostienen que la separación de poderes y otras garantías democráticas pueden poner a disposición de autócratas en potencia acciones que podrían conducir a la quiebra de las democracias. Alertan sobre la imposición de una agenda política, la acumulación de poder y el «juego duro» en temas constitucionales. Con reflejo en España, entre los riesgos figura el control de la garantía de los derechos constitucionales; pienso en el presidente del Tribunal Constitucional. Otras causas de riesgo para la estabilidad democrática son la desigualdad económica, el desempleo creciente, aunque se apañe, la expansiva política de dádivas promotoras de adhesiones y la manipulación soterrada de procesos electorales. Sería deseable una limitación del poder desde el propio poder. Improbable en Sánchez. No anunciará como hizo Aznar, y lo cumplió, que no sería candidato en unas siguientes elecciones tras dos mandatos.

Trasladando a España el espíritu de «Cómo mueren las democracias», el sanchismo refleja ese camino hacia la autocracia. Sánchez reunió en Barcelona, ante un cartel «En defensa de la democracia», un aquelarre no precisamente de ejemplares demócratas y entre sus resoluciones está su apoyo a Cuba. Declinaron acudir líderes europeos importantes. Se les veía venir. En definitiva, un paso más de reformulación democrática. El Gobierno ha logrado que todo sea opinable, que nada se respete ya sea una sentencia o un mandato constitucional. Y el ministro de Justicia esgrimía su libertad de expresión al atacar a un juez. Cuando las decisiones judiciales afectan a amigos y familiares, el presidente, su ministro responsable y otros ministros, anuncian que una sentencia, aún no dictada, será revocada por un tribunal superior. Sentencian ellos. La Justicia, uno de los pilares de la democracia, no es opinable y menos desde el Gobierno. La Justicia tiene sus responsabilidades y caminos y no deben distraerse y menos desautorizarse. Las descalificaciones lesionan a la Justicia ante los ciudadanos. En parte de ellos puede alzarse la duda, dañando a la democracia.

En nuestro país, al ser todo opinable desde el poder no hay nada seguro, nada sujeto realmente a la ley cuando no interesa al que manda. Lo desacredita y lo tilda de bulo. No es sólo que el Gobierno incumpla la Constitución desde hace años, es que los decretazos cambian o incorporan lo que el poder quiera, y lo mismo retrasan su paso por el Parlamento o se estancan como ocurre con los muchos proyectos procedentes del Senado que su ya presunta sospechosa presidenta tiene aparcados. El Parlamento sobra. Se envían fragatas a una zona de conflicto sin recabar la opinión de la representación nacional. Se varía radicalmente nuestra posición sobre el Sáhara, y tampoco. Se da un vuelco a la política respecto a Gibraltar, y aquí no pasa nada. No son errores del titular de Exteriores, ya le conocemos, es que el Gobierno busca otras cartas. Pero me temo que no sabe ni cuál es el juego. O lo sabe demasiado sin pensar en los ciudadanos. Y no resulta menor el papel del CIS en los pasos hacia la autarquía. Tiene encomendado, aunque sus pronósticos fallen, ser una coartada más, la creación de confusión, el engaño.

La estrategia de relativizar la verdad llega incluso a las comparecencias del Gobierno tras los Consejos de Ministros. La ministra portavoz y su colega el faltón oficial arremetieron contra el juez del «caso Begoña». Olvidan el fondo: alguien sin condiciones aparentes para ello consigue una cátedra extraordinaria, usada para forrarse, utilizando personal de Moncloa, y siendo la esposa del presidente. También olvidan que juristas relevantes se opusieron públicamente a la ley de amnistía «inconstitucional, contraria al principio de igualdad y una quiebra de la separación de poderes», con el apoyo de las asociaciones de jueces. El jefe de la pandilla del Peugeot no les hizo ni caso; despreció sus razonamientos jurídicos. Sigue alzado su muro entre buenos, ellos, y malos, los que discrepan.

Ziblatt, entrevistado (2023) en Madrid, opinó sobre la democracia española: «Usa de forma impropia conceptos constitucionales, se aprovecha la letra de la ley para vulnerar el espíritu de la ley, se estiran los procedimientos legales hasta los límites. La cuestión es que, en una democracia, se requiere que los líderes políticos actúen con cierta contención». En España de contención nada. Se ha rebasado, con mucho, cualquier límite.