Ya no es una conjetura ni un mero futurible. Begoña Gómez se encuentra formalmente investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Así consta en el sumario de la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso ABC y en el que se precisa que la mujer del presidente adquirió esta condición desde el auto de apertura del caso. Que a Gómez se le concediera esta categoría desde el origen de la investigación es un hecho relevante ya que, hasta el momento, no había trascendido su condición procesal y simplemente se tenía noticia de la apertura de unas diligencias previas.

La cronología de los hechos es, además, reveladora, por cuanto se demuestra que la condición de la mujer del presidente se ha ocultado a la opinión pública durante más de un mes. El auto firmado por el juez lleva fecha del día 16 de abril y el oficio que notificó a Begoña Gómez su condición de investigada es de seis días más tarde, del 22. Es decir, tanto la mujer de Sánchez como el propio presidente del Gobierno estaban al tanto de la situación procesal de Gómez y tuvieron constancia de cuáles son los supuestos delitos por los que se la investiga desde hace más de treinta días. Cabe inferir, por tanto, que todas y cada una de las declaraciones públicas que Pedro Sánchez ha realizado al menos desde el 22 de abril, y en las que ha intentado desacreditar la investigación que pesa sobre su esposa, se hicieron desde la plena conciencia de la coyuntura jurídica en la que se encontraba Begoña Gómez. Es más, la sucesión cronológica de los hechos permite concluir con total certidumbre que la carta con la que el presidente del Gobierno amagó con dimitir se publicó con posterioridad a esta notificación, de forma que la colección de ataques a la prensa y la inverosímil sobrerreacción y apelaciones a la máquina del fango fueron respuesta a esta notificación judicial. Los nuevos hechos conocidos y las fechas en las que acontecieron resignifican de forma evidente la histriónica conducta del presidente en las últimas semanas.

Tal y como defendió este diario hace apenas dos días, la condición formal de investigada no permite inferir culpabilidad alguna y corresponde a los tribunales, en estricta exclusividad, dilucidar bien la inocencia o bien la participación de la mujer del presidente en unos hechos susceptibles de ser delictivos. A Begoña Gómez, sin embargo, no sólo la investiga el juez Peinado, sino que también la Fiscalía Europea está analizando los contratos públicos de las empresas que avaló. El conjunto de la prueba, al que se suman otros hechos como la insólita trayectoria de Gómez en el ámbito académico, una heterodoxia académica en la que coincide, por cierto, con el propio Pedro Sánchez, constituye un indicio suficiente para exigir al presidente del Gobierno que ofrezca unas explicaciones públicas sobre la situación jurídica de su esposa y sobre la posible interferencia, delictiva o no, entre su desempeño como jefe del Ejecutivo y la actividad profesional de Begoña Gómez.

En ningún país de nuestro entorno se toleraría una mancha semejante sobre la credibilidad del presidente y su círculo más íntimo. Los españoles merecen explicaciones creíbles y transparentes que puedan dar razón de un conjunto de circunstancias cada vez más inexplicables. Por más que el presidente intente huir hacia adelante y exhiba una agresividad descontrolada para intentar defenderse, cada vez son más los indicios que prueban si no unos hechos delictivos sí una conducta impropia e incompatible con la dignidad de su cargo.