LIBERTAD DIGITAL, 16/1/12
En esta primera entrega se recoge el trato que dispensa Jesús Eguiguren a los que se opusieron a la negociación.
Los que dijeron NO
El dúo político periodístico compuesto por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y Luis R. Aizpeolea evoca con bastante nitidez en su libro ETA las claves de la paz las posiciones del PSOE y del diario El País durante la negociación con ETA de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto la formación política entonces gobernante como el diario del grupo PRISA no dudaron en señalar a los enemigos del llamado Proceso de Paz, y ahí tuvieron un papel destacado, además del PP y algunos medios de comunicación, dos personas en concreto. Francisco José Alcaraz, a la sazón presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el entonces como ahora juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska.
Alcaraz, el pepito grillo al que no se consideraba víctima
La primera vez que se refieren al ex presidente de la AVT lo hacen como «un hombre de ideología extremista» que, atención, «había saltado a la fama, en diciembre de 2004 al cerrar, tras Pilar Manjón, las intervenciones en la Comisión de Investigación sobre el 11-M». La referencia al salto a la fama, más propio del mundo de las folclóricas, no parece sino un intento más de desposeer a Alcaraz de su condición de víctima, la que le ha hecho tener un papel social relevante. De hecho Aizpeolea se la niega expresamente, solo unas líneas adelante: «Alcaraz, que hasta entonces era un desconocido, es hermano de una víctima de ETA asesinada, junto a sus dos hijos, en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre de 1987». Es decir, que aquel joven que un día, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, vio cómo la banda terrorista ETA le dejaba sin hermano y sin sobrinas no puede considerarse, stricto sensu, una víctima de la banda terrorista. De ahí a exigirle que avalase una negociación en la que Josu Ternera, el asesino de los suyos, tuvo un muy protagonista y relevante papel, no queda ni un solo paso que dar. De hecho se da cuenta de la querella que interpuso contra Eguiguren por unas declaraciones del presidente del PSE a La Sexta en las que hablaba «con toda naturalidad» de su contactos preparatorios de la declaración de alto el fuego de ETA durante 2005 con el etarra prófugo. Sin citar en ningún momento que se trata del responsable de la criminal acción que cambió para siempre la vida de Alcaraz.
Fernando Grande Marlaska, el juez que no quiso manchar su toga.
Para los anales de la historia de aquella negociación con ETA quedará la frase del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la que se refería a la necesidad de que las togas se manchasen «con el polvo del camino». Metafórica manera de aludir a la necesaria colaboración de una judicatura que en su mano tenía cumplir con una parte del acuerdo entre el PSOE y Batasuna-ETA previo a la declaración de alto el fuego del 22 de marzo de 2006. Un pacto sellado unos meses antes, a final de 2005, en Oslo, tras varios encuentros entre Eguiguren y Ternera. En virtud del mismo el Gobierno de España se comprometía a lo siguiente:
«-Lograr un Pacto de Estado que permita desarrollar la declaración del presidente del Gobierno. [Se refiere a la que realizó Zapatero el 29 de junio de 2006 en los pasillos del Congreso, y no en el hemiciclo, algo que impidió la oposición del PP. El jefe del Ejecutivo compareció sin papeles, y recitó de memoria su compromiso de iniciar un proceso de conversaciones con ETA en el que se respetaría la decisión de los ciudadanos vascos. Intentaba ocultar así su condición de ventrílocuo de un texto redactado previamente entre los etarras y los socialistas]
-Disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas.
-Aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos.
-No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional así como por la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas, salvo que se cometan acciones delictivas. Se acuerda que una plazo de siete a diez días será necesario para que se pueda cumplir esa garantía.»
Quizá quienes diseñaron el proceso no contaban con las inquietudes docentes de uno de los jueces estrella de La Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que en aquel año 2006 decidió pasar una larga estancia por estudios en Nueva York sin dejar de percibir su sueldo como magistrado y negociando unos emolumentos con diversas entidades bancarias por los que en breve deberá sentarse en el banquillo, fuera ya de su cargo en la Audiencia. La baja de Garzón la cubrió Fernando Grande Marlaska, un juez bilbaíno que ya había sido señalado como objetivo por ETA cuando ejercía en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Una etapa en la que, según Eguiguren y Aizpeolea, Marlaska fue «testigo privilegiado (sic) de la brutal ofensiva de ETA, posterior a la ruptura de la tregua de Lizarra, que indudablemente le marcó». Un perfil que no casaba con el de juez colaboracionista. Parecido pecado al cometido por Eduardo Fungairiño, oportunamente apartado entonces por Conde Pumpido como fiscal jefe de la Audiencia, cargo en el que le sustituyó Javier Zaragoza. Algo a lo que Eguiguren y Aizpeolea se refieren como «un importante cambio de peones». E igualmente escuece, pasados los años, el papel de otros magistrados como Enrique López y Juan Pablo González, que evitaron que el CGPJ, al que pertenecían como vocales, se sumase a las declaraciones de apoyo a la negociación con los terroristas que proliferaron entonces.
Pero lo cierto es que si de estos tres últimos, especialmente de Fungairiño, no cabía llamarse a engaño, en Grande Marlaska tenían algunos puestas, en vano, sus esperanzas. Pensaron que su condición de hombre progresista o de izquierdas, en particular por su activismo a favor de la causa Gay (su rostro ha aparecido junto al de otros homosexuales famosos en campañas de Sanidad publicitando los preservativos como prevención contra las enfermedades de transmisión sexual), le influiría en su ejercicio profesional. Y todo, claro, porque era un Gobierno del PSOE quien impulsaba una negociación política con una banda terrorista a la que este magistrado había combatido en primera línea. La desazón con la actitud del magistrado queda definida así por los autores del libro: «Las decisiones judiciales de Grande Marlaska contribuyeron a enrarecer el ambiente entre la izquierda abertzale y el Gobierno y a debilitar las posiciones de Otegi y los suyos frente a quienes veían el proceso, desde ETA y la izquierda abertzale, con total reticencia. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Veamos.
«¿Esto lo sabe el Fiscal General?»
El miércoles 25 de mayo de 2005 Arnaldo Otegi estaba citado en la Audiencia Nacional. Medio año antes, en noviembre de 2004, había protagonizado su famoso mitin de Anoeta. A los pocos días de la muerte de Yaser Arafat, el portavoz de la ilegal Batasuna blandía un pañuelo palestino evocando la histórica intervención en la ONU del líder Palestino, en la que sacó una rama de olivo para pedirle al mundo que no se le tuviera que caer de las manos para sustituirla por su pistola. La analogía en el caso del líder del brazo político de ETA era evidente.
En los días previos a su declaración había levantado gran revuelo una información del diario ABC en la que relataba un encuentro del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el filósofo Fernando Savater y el periodista José María Calleja, ambos miembros destacados de la Plataforma Basta Ya, ese mismo fin de semana en el domicilio de una amiga común. Allí Zapatero les habría explicado la oferta de diálogo que había recibido, vía carta, de ETA. Tras el revuelo, Savater matizó el relato en una carta al diario emitida con membrete de La Moncloa. En la misiva, el escritor explicaba que en ningún momento el jefe del Ejecutivo se había referido a la existencia de «una carta u oferta concreta» sino que se había limitado a explicarles, en términos genéricos, sus expectativas sobre un inminente proceso de diálogo con ETA. La maniobra de La Moncloa, con un aparato de comunicación entonces dirigido desde la secretaría de Estado de Comunicación por Miguel Barroso, tenía un objetivo principal: desactivar la manifestación convocada por la AVT para diez días después, a la que ya había confirmado su apoyo el PP.
En esas llegaba Otegi a la Audiencia y esa misma mañana ETA atentaba en Madrid. La banda terrorista causó 52 heridos leves tras hacer explotar un coche bomba con veinte kilos de cloratita en la calle Rufino González, en la zona de Ciudad Lineal. Como era miércoles había sesión de control al Gobierno en el Congreso (en aquel momento se celebraban por la tarde y no a primera hora como ocurre hoy) y allí el ministro del Interior, José Antonio Alonso, pidió que cesara «el ruido» entorno a ETA. Más allá fue el Fiscal General, Cándido Conde Pumpido, que vinculó directamente las bombas etarras con la citación de Otegi.
El líder batasuno no se esperaba una petición de prisión por pertenencia a ETA, como la que hizo el Fiscal Jesús Santos, y por ello soltó una de las frases que definen el Proceso: «¿Esto lo sabe el Fiscal General?». Fue entonces cuando Fernando Grande Marlaska empezó a hacer gala de su independencia y fijó una fianza de cuatrocientos mil euros para Otegi.
Fue el inicio de una serie de actuaciones basadas en la legalidad vigente que molestaron mucho a los actores de la negociación, y por las que Eguiguren hubo de excusarse ante Josu Ternera. Por ejemplo cuando procesó a los miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas, la franquicia con la que Batasuna se había mantenido en el Parlamento de Vitoria tras las elecciones autonómicas de aquel mismo 2005. O cuando más adelante, en enero de 2006, prorrogó la suspensión de Batasuna «una decisión que complicaría sobremanera el proceso en ciernes». Esa suspensión, como es lógico, llevaba aparejada la prohibición de las actividades de la formación, por ejemplo un mitin que los proetarras tenían previsto dar el 4 de abril, algo que no entendieron «ni el Gobierno, ni el PSE ni el Fiscal General» una vez que ETA había anunciado el alto el fuego.
Pero aún había otras dos operaciones que irritaron, e irritan aún, a los muñidores de la negociación: la redada en el Bar Faisán de Irún, frustrada por el célebre chivatazo, y la actuación contra Ignacio de Juana Chaos por un delito de amenazas terroristas, que provocó una campaña del etarra en la que simuló una huelga de hambre. Sobre la primera sostienen Eguiguren y Aizpeolea que sólo se trató de proteger a un confidente privilegiado, el propietario del establecimiento Joseba Elosua, y que tanto Baltasar Garzón como la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert le desaconsejaron que la llevara a cabo. Y sobre De Juana Chaos, unos de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA, lo que sugieren el presidente de los socialistas vascos y uno de los principales cronistas políticos de El País es que Grande Marlaska prevaricó, aunque se cuidan mucho de emplear esa palabra. Se limitan a asegurar que empleó «una argucia legal». Un engaño en el que entró la Fiscalía, no se sabe si también prevaricadora, pero en cualquier caso, según Eguiguren y Aizpeolea «afectada por el clima mediático». Todo para acabar diciendo que aunque tuvo un gran eco «…la huelga de hambre de De Juana fue muy secundaria en la dinámica interna del proceso de negociación del Gobierno y ETA».
Jesús Eguiguren, un político con un papel discreto en El País Vasco, cuyo máximo cargo fue presidir el Parlamento regional, antes de su protagonismo en la negociación con ETA; y Luis Rodríguez Aizpeolea, un periodista que pasó por Egin antes de recalar en El País y que ha centrado buena parte de su actividad como cronista de asuntos relacionados con la banda terrorista, hacen algunas afirmaciones curiosas en su libro. Por ejemplo ésta: «El terrorismo, desgraciadamente, ha servido, también, para impulsar algunas carreras profesionales y no sólo en el ámbito de la Justicia.» El subrayado no está en el original.
LIBERTAD DIGITAL, 16/1/12