La segunda es que hacía recaer una parte de los costes del ajuste en las generaciones actuales de pensionistas (a quienes ‘de facto’ se les congelaban las pensiones), lo cual resultaba bastante equitativo desde un punto de vista intergeneracional, teniendo en cuenta que los pensionistas del futuro ya iban a sufrir otra parte importante del tijeretazo (con el retraso en la edad de jubilación, el alargamiento del periodo de cálculo a 25 años y el factor de equidad intergeneracional). Por desgracia, la demagogia de la izquierda radical y de la izquierda dizque moderada terminó enterrando el IRP, dejando un cuantioso agujero financiero futuro que no nos explicaron cómo se iba a sufragar.

Y en estas llegaron los fondos europeos y la consecuente exigencia de que pusiéramos en orden las cuentas de la Seguridad Social. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, devino encargado de preparar un borrador que remitir a Bruselas donde se contuviera su plan para sanear el sistema: alargar la edad efectiva de jubilación (penalizando la anticipada y bonificando el retraso voluntario) era la propuesta original que no generaba demasiada animadversión en ningún grupo político, pero que no bastaba para equilibrar ingresos y gastos a largo plazo (sobre todo, después de que la AIReF, superara la etapa Escrivá, revisara sus previsiones demográficas). Así que el ministro tuvo que incorporar nuevos recortes y, entre todos los posibles, escogió el de elevar nuevamente el periodo de cálculo de la base reguladora desde los 25 a los 35 años.

El planteamiento no fue del agrado de sus socios de gobierno, quienes llegaron aechar un pulso televisivo al ministro asegurando que su propuesta ni siquiera llegaría a ser votada en el Congreso. Y el ministro, que mientras se halle en el cargo es político antes que técnico, acató la orden de su vicepresidente segundo, decidió retirarla de cara a la galería y nos mintió a todos desde una emisora de radio asegurando que esa medida jamás estuvo encima de la mesa.

Así es como hemos terminado enviando a Bruselas una propuesta de reforma del sistema de pensiones que realmente no propone nada en concreto: constituye, más bien, un catálogo de posibles cursos de acción a adoptar en el futuro, pero sin compromiso alguno en firme. Es un “estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo y por tanto seguiremos negociando”, en lugar de una comunicación detallada sobre qué resoluciones se aprobarán durante los próximos meses.

Mas desengañémonos: todas las opciones contempladas en el borrador de Escrivá implican recortes mediante unos mecanismos u otros. Si no se amplía el número de años para calcular la base reguladora, se establecerá un nuevo factor de sostenibilidad que mermará las pensiones venideras (o alargará todavía más la edad de jubilación) según aumente la esperanza de vida y según se expanda la desproporción entre el número de pensionistas y el de cotizantes; y si no, se subirán las cotizaciones sociales a buena parte de los autónomos y a los trabajadores más cualificados.

A diferencia del IRP, sin embargo, no hay ninguna garantía de que alguno de estos tijeretazos vaya a ser suficiente para erradicar el agujero futuro de la Seguridad Social —si la demografía y la inmigración acompañan, probablemente lo sean; si no acompañan, no lo serán— y por tanto cabe el más que cierto riesgo de que este irresponsable Gobierno le termine traspasando a otro futuro Ejecutivo la patata caliente de los números rojos de la Seguridad Social. Lo que sí es seguro en estos momentos es que el ajuste del sistema, a diferencia de lo que sucedía en 2013, no lo padecerá en absoluto la actual generación de pensionistas: no porque no sea intergeneracionalmente equitativo que lo hagan en parte, sino porque este Gobierno prefiere comprar votos antes que solucionar los problemas institucionales de fondo de nuestro país.