Lo que sucedió la madrugada del viernes en el Congreso se explica mejor desde la sensibilidad y la perspectiva, por fortuna tan reivindicadas en este tiempo, de las víctimas. La víctima de la insurrección independentista de 2017 fue el Estado como expresión institucional del pueblo soberano. Y ahora el Gobierno, representante máximo de ese Estado, no sólo indulta la agresión sufrida sino que pacta con los agresores el borrado penal de sus actos: la víctima negando la existencia misma del delito cometido por los victimarios. Eso significa que a partir de ahora cualquier parlamento o ejecutivo autonómico podrá declararse con total impunidad insumiso al ordenamiento jurídico, y por supuesto decretar su secesión de España sin correr ningún peligro. Es decir, que la integridad de la nación como comunidad de convivencia queda en manos de sus enemigos, exonerados de responsabilidad no sólo con carácter retroactivo sino ante cualquier intento futuro de alzarse contra el poder legítimo.

A esa catástrofe moral y política, una auténtica deconstrucción constitucional, se sumó en la noche de la infamia la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. Una entrega simbólica, limitada a las competencias de Tráfico, pero de enorme importancia para la ‘desespañolización’ y el anexionismo territorial que persigue la izquierda separatista vasca. Ambas concesiones exceden con mucho el ámbito de una simple negociación presupuestaria para adentrarse en el de la configuración de una alianza del PSOE con la fuerzas radicales empeñadas en aflojar los pernos de las estructuras vigentes desde la refundación de la democracia. Se trata de la consolidación del modelo con que el sanchismo ha involucrado a su partido en un cambio sustancial de proyecto. Ahora es el motor de un frente populista cuyo origen heterogéneo queda cohesionado por la voluntad común de un proceso deconstituyente encubierto, en el que ya no se descarta la posibilidad de complacer a plazo medio la reclamación catalana de un referéndum.

La votación múltiple de la otra noche –en la que no faltó el elemento demagógico de los impuestos punitivos– fue el acta de ese nuevo acuerdo que convierte la fórmula Frankenstein en un prototipo estratégico. Una coalición electoral de facto ante la que ningún ciudadano podrá desde ahora llamarse a engaño. Sánchez ha cuajado el molde que tenía en la cabeza desde que tomó el poder por asalto; tras cocerlo a fuego lento durante los últimos cuatro años lo tiene a punto para servirlo como postre del mandato. El programa oculto no será revelado, como no lo fueron las contrapartidas del pacto que lo aupó al cargo y que poco a poco han ido aflorando. La derecha cometerá un error letal –para ella y para el país– si se ve a sí misma con el triunfo en la mano. Tendrá que trabajarlo. Y no está claro que lo pueda alcanzar con un discurso átono.