La nueva época de la que surge nuestra monarquía parlamentaria

 

Dos reputados sociólogos, Francisco Llera Ramo y José Manuel León Ranero, han investigado, por encargo de Remco (Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas), la opinión de los jóvenes españoles, de entre 18 y 30 años, sobre la Monarquía de la Constitución de 1978.

Las conclusiones de la investigación son interesantes. Los ciudadanos más jóvenes apenas conocen los elementos básicos de su sistema de gobierno y, aunque mayoritariamente manifiestan que no se sienten monárquicos, sin embargo, prefieren un Jefe del Estado como el Rey Felipe VI.

Sus razones son varias: aprecian su comportamiento ético, su competencia desempeñando sus obligaciones públicas, su capacidad para establecer relaciones cosmopolitas con jefes de Estado y con los representantes de las naciones de todo el mundo y, en suma, ven que Felipe VI contiene los elementos y virtudes que exigen de quien ostenta la tarea de simbolizar la idea de España y de todos sus habitantes.

Así pues, visto el escaso conocimiento de las instituciones constitucionales, desde luego el referido a la monarquía parlamentaria como «forma política del Estado» (artículo 1.3 de la Constitución), es necesario llenar de contenidos científicos los antiguos conceptos de las tradicionales jefaturas hereditarias del Estado.

Remco se dedica a esta tarea, que consiste en descubrir significados políticos nuevos, dentro de los clásicos conceptos históricos que definen a los Reyes como símbolos de la nación y del Estado. Hacerlo es muy recomendable, especialmente en estos tiempos posmodernos que legitiman la mentira en los discursos y análisis, porque conocer rigurosamente la verdad de la monarquía parlamentaria de nuestra Constitución nos librará de las políticas populistas, con la consecuencia de pérdida de nuestra calidad democrática.

En el estudio de Llera Ramo y León Ranero descubrimos que los jóvenes españoles –y esa opinión es común en otras edades– piensan que el origen franquista de la Monarquía de los Reyes Juan Carlos I y de Felipe VI es el mayor inconveniente para la Corona actual.

Pues bien, sostengo que desde el inicio exacto del reinado de Juan Carlos I y de la Transición democrática, los hechos históricos y las palabras del Rey son una ruptura completa o epistemológica con los fundamentos del régimen franquista. Así, el 22 de noviembre de 1975, horas después del funeral de Franco, cuando Don Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey en las Cortes Españolas, sus palabras, refiriéndose a Europa, contienen la intención de erigir un Estado de derecho.

Meses después, el 2 de junio de 1976, el Rey pronuncia su discurso famoso ante las dos Cámaras de los Estados Unidos; ya está patente el proyecto democratizador: «La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados».

En este punto se sitúa el argumento básico de los adversarios de la Monarquía, según el cual, aunque el Rey apoyó la transición a la democracia (para conservar, se dice, la Corona), sin embargo, no sometió previamente a referéndum si los ciudadanos querían una república o una monarquía. Ese argumento desconoce la complejidad de los acontecimientos de aquel tiempo, como cualquier momento histórico y, además, encubre una interesada falsedad lógica.

En efecto, si se hubiera votado previamente sí o no a la Monarquía, no cabe ninguna duda de que el resultado hubiera sido ampliamente favorable al Rey Juan Carlos. Pero entonces hubiera sido imposible pasar del rey soberano, con todos o con algunos de los poderes políticos heredados del franquismo, a transformarse en el Jefe de Estado de la monarquía parlamentaria, un rey sin poderes políticos, «símbolo de la unidad y permanencia» del Estado, cuyas únicas potestades se sitúan en el plano supremo de la «auctoritas», una autoridad que se ejerce con neutralidad, y que comprende a todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo a los que legítimamente se reclaman republicanos.

El éxito del proceso constituyente y de la monarquía parlamentaria, como clave de bóveda de la democracia constitucional, consistió en situar a España a la hora de las democracias europeas. El relato más relevante, aunque el menos conocido y valorado, fue que España se dotó de una Constitución y de la monarquía parlamentaria dentro de la «cultura política» que surgió en todo el mundo con Acta Final de Helsinki, de 1 agosto de 1975.

El Acta Final fue el resultado de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, un documento que ponía fin a la Guerra Fría, y cuya importancia internacional llega hasta hoy, afectando a la guerra de Ucrania. El Acta Final inventa el futuro; los acuerdos entre antiguos enemigos se logran con el consenso; el comercio y la producción dependerán de internet; y lo más importante, pues ocasionó el colapso del comunismo y la aparición de la actual globalización, el Acta Final convirtió la Declaración Universal de Derechos Humanos en la ideología más influyente de esta época.

La Constitución de 1978 se logró gracias al consenso, y en su artículo 10.2 establece que los derechos y libertades constitucionales «se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos». La importancia que Don Juan Carlos I y Don Felipe VI otorgan, en muchos de sus discursos, al Acta Final de Helsinki, y lo que ella significa para la democracia representativa, es una prueba más de que la Constitución de 1978 y la monarquía parlamentaria nos están sirviendo para afrontar nuestro futuro con seguridad.