ARCADI ESPADA-EL MUNDO

Hace unas semanas, cuando declararon Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido, se produjo un extraño caso de obediencia debida. El extraño caso de obediencia debida inversa podría y podrá titularse. Los tres responsables políticos dijeron entonces que ellos no habían tenido ninguna responsabilidad en el diseño del operativo policial que afrontó el asalto nacionalista a la democracia. De este modo eludían la parte que les correspondiera de las críticas que se llevó la actuación policial en el 1 de octubre. Aunque también la ganancia política de que esa actuación, conjugada con otras –preventivas– de los días anteriores, evitó que las votaciones pudieran ser consideradas un referéndum. Cuando en los días siguientes declararon Nieto, secretario de Estado de Interior, y Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que, por encargo de la Fiscalía, coordinó a los cuerpos policiales en la tarea de evitar el referéndum, la obediencia debida inversa se confirmó. Los dos asumieron su responsabilidad en el desarrollo del operativo, sin mezclar a los políticos en la tarea. Y lo hicieron con la cabeza alta. Estaban satisfechos de haber impedido el referéndum y sostuvieron que la intervención policial había sido eficaz y mesurada.

Ayer declararon dos comisarios de los Mossos d’Esquadra. El comisario Castellví–el jueves contestó a las acusaciones y ayer a las defensas– y el comisario Quevedo. El jueves está previsto que lo haga Trapero. La del mayor puede ser una declaración decisiva, pero su papel como testigo puede verse afectado por su procesamiento en una causa paralela en la Audiencia Nacional. Sea como fuere, y teniendo en cuenta lo ya declarado en la fase de instrucción, es difícil que Trapero se aparte de la senda abierta por sus dos compañeros y declare, un mero suponer angélico, que él recibía directa y estrictamente las órdenes del hoy prófugo Puigdemont.

Esta senda es llamativamente bífida. Los dos comisarios declararon que más de una vez advirtieron a los responsables políticos de que el referéndum debía desconvocarse porque podía comportar incidentes violentos. No oí que ninguno de los dos declarara que tenía que desconvocarse porque era ilegal y porque las instrucciones de la Fiscalía y el juez obligaban a la intervención de la Policía para reprimirlo. Lo que confirma que, en aquellos días, la relación entre la policía catalana y la Ley era ciertamente sofisticada. Igualmente llamativo es lo que entendían los dos por «incidentes violentos»: bien que grupos partidarios y contrarios al referéndum pudieran enfrentarse, bien que actuaran los habituales grupúsculos viajeros del fin de la noche. Y, en modo alguno, que esos incidentes fueran la inexorable consecuencia de la actuación de los Mossos que mandaban, en el momento en que la multitud impidiera la requisa de urnas y papeletas en los atrincherados colegios electorales.

Sin embargo, tanto Castellví como Quevedo declararon que el operativo policial fue diseñado sin mayor instrucción política. Si Trapero no declara lo contrario, lo que no se espera, los políticos nacionalistas quedarán exonerados de haber diseñado la pasividad de su policía. Aquella evidencia denunciada por Nieto y Pérez de los Cobos de que los Mossos no salieron a la calle el 1 de octubre a impedir el referéndum sino a protegerlo. Aunque como puede comprenderse, esta última no es la conclusión de los mandos policiales autonómicos respecto de su trabajo. Ellos, dicen, cumplieron con la orden judicial en la medida en que se lo permitieron las fuerzas de que disponían. La pregunta de una gran parte de los ciudadanos de Cataluña el día 1 de octubre es por qué las fuerzas antidisturbios de los Mossos no intervinieron en los colegios electorales como lo hizo la Policía y la Guardia Civil. La respuesta de los comisarios es que estaban desplegadas atendiendo graves focos de inquietud: la convocatoria de una manifestación anarquista y el partido Barcelona-Las Palmas. Pero esta respuesta corre a su cuenta y no a cuenta de los políticos, eso sostienen, obedientes inversos.

Menos de tres meses antes del referéndum Forn y Soler fueron nombrados consejero de Interior y director general de los Mossos, respectivamente. La impresión dominante es que su nombramiento estuvo encaminado, más que a dar órdenes, a evitar las que sus antecesores Jané y Batlle habrían dado.