La emisión simultánea en dos cadenas públicas del documental 7291, en realidad un artilugio propagandístico que no pasaría jamás el filtro del fact-checking más elemental, y la calumnia de Reyes Maroto, que ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de haber «asesinado» a las víctimas de la Covid en las residencias madrileñas, son el último paso de una operación política que dice más de la ofuscación del PSOE con la presidenta madrileña que de su preocupación por la verdad, la justicia y los fallecidos durante la pandemia.
Maroto se ha retractado de sus palabras después de que la Comunidad haya anunciado la presentación de una querella contra ella, pero lo ha hecho sin alterar en lo esencial el relato que el PSOE lleva intentando vender a la opinión pública española desde otoño de 2020, cuando Ayuso se rebeló contra el confinamiento caprichoso de Madrid ordenado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
«No fue mi intención, evidentemente, acusar a nadie de asesinato», ha dicho Maroto, «sino destacar que estas personas fallecieron sin recibir tratamiento médico adecuado».
«Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la Justicia» ha añadido luego.
Y en eso tiene razón Maroto. Pero las responsabilidades de Ayuso, de la Comunidad de Madrid y de los sanitarios y trabajadores que atendieron a esos ancianos antes de su muerte ya han sido dilucidadas por los tribunales.
Concretamente, en más de sesenta ocasiones.
En todas ellas, los tribunales han desestimado las acusaciones contra Ayuso. En varias ocasiones con condena en costas contra el denunciante. Lo han hecho, además, con los mismos argumentos con que otros tribunales han desestimado la responsabilidad de otros gobiernos autonómicos y del propio gobierno central por esas muertes.
Para vender el bulo de que Isabel Díaz Ayuso ordenó con voluntad eugenésica y gerontofóbica dejar morir a los ancianos se ha manipulado el dolor de los familiares de las víctimas y se ha hablado de un presunto ‘protocolo de la vergüenza’ que no existió jamás tal y como lo describe la izquierda. Ese protocolo no era más que la pauta de triaje utilizada por todos los servicios médicos del planeta en situaciones de emergencia.
Por todos los servicios médicos del planeta, por otras comunidades autonómicas españolas, que también contaron con sus propios protocolos, y por los propios hospitales, que como es obvio también cuentan con guias de actuación similares, elaboradas de acuerdo a criterios bioéticos de sentido común, y que determinan quién es atendido preferentemente y quién no en caso de saturación de los servicios médicos.
Las muertes en las residencias de Madrid estuvieron además por debajo de la media española. Aragón duplicó la tasa madrileña y otras nueve comunidades superaron a Madrid con creces.
La acusación de que las residencias de Madrid no estaban medicalizadas es otro de los bulos propagados por la izquierda: doscientas treinta y dos residencias, la mitad de las existentes en la Comunidad de Madrid, fueron medicalizadas, un porcentaje muy superior al de otras comunidades españolas.
Atención Primaria llevó a cabo, además, 633 intervenciones en residencias, y los hospitales madrileños abrieron 27.966 expedientes para atender a la población de mayor edad durante la pandemia, lo que desmiente el presunto ‘desamparo’ de los ancianos madrileños.
Madrid fue además, la única comunidad española que construyó un hospital público de emergencias durante la Covid. El hospital llegó a ser saboteado, todavía en plena pandemia, y con enfermos en su interior, coincidiendo con los momentos culminantes de la campaña en su contra organizada por los mismos partidos de izquierda que luego pedían frente a la prensa «más recursos para la sanidad pública».
La hipocresía es evidente.