Editorial-El Mundo
EL ESCENARIO judicial que arroja el proceso soberanista sólo es comprensible teniendo en cuenta la gravedad del pulso al Estado planteado por las autoridades catalanas cesadas. El desafío a la integridad territorial y a la soberanía nacional ha sido de tal calibre que ha motivado la acción de la Justicia en un total de 46 causas, ligadas a la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Además de 37 causas dirigidas contra políticos independentistas y miembros de los Mossos d’Esquadra, se acumulan otras nueve contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El año que acaba de arrancar, por tanto, deberá sustanciarse la responsabilidad judicial de quienes, desde la Generalitat y el Parlament, instigaron un movimiento político de cariz insurreccional que ha tenido como consecuencia la mayor crisis de Estado de la democracia y la imputación de delitos de rebelión, sedición, malversación y odio.
Actualmente, tal como publicamos hoy, el proceso secesionista se sintetiza en 32 juzgados investigando denuncias, 50 procedimientos abiertos desde el pasado 22 de septiembre –tras el cerco separatista a la Consejería de Economía–, 20 dirigentes políticos imputados –entre miembros del Govern destituido y del Parlament–, además del mayor de la policía autonómica catalana, su teniente y los máximos responsables –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– de la ANC y de Òmnium Cultural, que son las dos principales asociaciones independentistas. A los alcaldes imputados por desobediencia cabe sumar los profesores investigados por delitos de incitación al odio y las cuatro personas que permanecen en prisión incondicional preventiva: el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn y los propios Sánchez y Cuixart, éstos últimos acusados de sedición. Precisamente, Junqueras está citado ante la Sala de lo Penal del Supremo el próximo 4 de enero para resolver el recurso contra el auto que le mantiene entre rejas. Cabe recordar la garantía de independencia del Estado de derecho, pese a las espurias maniobras de propaganda e intoxicación del independentismo sobre la falta de separación de poderes en España, y la necesidad de desligar los tiempos políticos –pese a la inminente apertura de la legislatura en Cataluña– del ritmo que siguen las causas judiciales abiertas.
Lo relevante, al margen de la decisión que adopte el Supremo este jueves, es que la Justicia depure las responsabilidades tanto de Puigdemont como del resto de dirigentes que llevaron a Cataluña al borde del abismo. El Gobierno catalán destituido liquidó el autogobierno, incurrió en desacato al Tribunal Constitucional, vulneró el marco constitucional y alentó la fractura social y económica de la sociedad catalana. El procés no puede quedar impune.