Cuando todo está en juego, todo vale. La concesión de los indultos a los presos sediciosos catalanes es para el presidente del Gobierno la llave maestra para abrir la puerta a dos objetivos. El primero, mantenerse en el poder hasta finalizar la legislatura. Necesita una mayoría parlamentaria que solo le pueden brindar los escaños republicanos y, por simpatía, los de EH Bildu y los del PNV, con los que suma mayoría absoluta. La remisión de la pena de prisión a los condenados es una condición ‘sine qua non’ para recabar el apoyo de Junqueras-Rufián y de Otegui. Lo conseguirá con los decretos de gracia porque aprobarlos en el Consejo de Ministros supone mucho más que el mero indulto de los políticos ahora presos. El perdón gubernamental tiene implicaciones perturbadoras para el sistema que satisfacen a los que lo impugnan: desoye al Tribunal Supremo; desafía a los partidos de la oposición; provoca un tóxico y tramposo debate sobre la Jefatura del Estado y, en último término, precariza la trayectoria de la justicia española ante las instancias de la europea. Un escenario español que no podría hacer más felices a los secesionistas y a la izquierda radical. 

El segundo objetivo de Sánchez es que también Cataluña le brinde la oportunidad de volver a ganar las próximas elecciones generales. Si Sánchez consigue —lo que es altamente improbable, pero no imposible— que el independentismo, a fuerza dosificada de concesiones y resistencias, claudique de forma explícita o implícita de su proclamado «embate» contra el Estado, podrá exhibir una buena hoja de servicios a los españoles cuando regresen a las urnas dentro de un par de años. Y si las cosas no le salen bien por la persistencia insurreccional del separatismo, el secretario general del PSOE siempre puede revisitar el argumentario de abril de 2019: nunca jamás con los independentistas, insomnio con los morados en el Gobierno y protestas discursivas sobre la integridad de España y sobre la plena vigencia de la Constitución. La única debilidad de este segundo planteamiento residiría en la escasa credibilidad que para entonces pudiera retener Sánchez en la mayoría social española.

Como el presidente se juega el todo por el todo, ha puesto en marcha, con sentido táctico, una operación, ‘mutatis mutandis’, como la de los aliados para invadir el continente europeo en junio de 1944: la denominada ‘Overlord’ que consistía en desembarcar en Normandía el día D con todo el potencial bélico posible. Sánchez está remedando aquel episodio histórico con una ofensiva política con epicentro en Cataluña y en un contexto que le resulta favorable. Acaba de recibir la aprobación de la UE al plan español para obtener las primeras entregas de los fondos europeos de las mismas manos de Ursula von der Leyen; progresa la vacunación y remite la pandemia; se suprimen desde el día 26 las mascarillas en espacios exteriores, mediante un innecesario acuerdo de Consejo de Ministros tan extraordinario como oportunista; Ana Patricia Botín proclama que con el crecimiento de PIB previsto «nos vamos a salir del mapa» y logra que el presidente de la CEOE se abone a las tesis relativizadoras según las cuales lo esencial es la «normalización», un concepto-significante de versátil y adaptable contenido. El fiasco con Biden y la crisis con Marruecos, ¡pelillos a la mar!

Pero no solo: ha acudido a Barcelona con el Rey y el presidente de Corea del Sur —y este viernes con Mario Draghi— como terapeuta de la ansiedad del empresariado catalán representado en el Círculo de Economía. La adhesión a las tesis del presidente de ese organismo que representa los intereses de las compañías más importantes de Cataluña, ha resultado casi entrañable. Se le ha entregado con la misma docilidad con la que previamente lo hizo con Pujol, con Mas, con Puigdemont, con Torra, con Junqueras y con Aragonés. Los obispos, siempre transidos de sentimientos de comprensión política cuando están al frente de diócesis con mayoría nacionalista, han aportado también su inevitable respaldo a los propósitos gubernamentales y, en general, el empresariado —Garamendi mediante— percibe que la estatalización de la economía —por vía de regulación y de subvención, ahora con los abundantes fondos europeos— aconseja alinearse con el poder en la mejor tradición de la plutocracia española: lo hizo con el franquismo —que enriqueció el País Vasco y Cataluña— y lo ha hecho en todas las etapas de la democracia, haya estado en el poder la derecha o la izquierda. En nuestro país, los grandes empresarios, salvo excepciones, nunca han defraudado al Gobierno de turno. 

En su particular «Operación Overlord» a Sánchez le quedan hitos singularísimos: cambiará el Congreso por el Liceo —no da puntada sin hilo en el manejo de lo simbólico y sentimental— y explicará el lunes en las Ramblas de Barcelona antes que en la carrera de San Jerónimo el por qué y el para qué de los indultos y sus afanes de «reencuentro». Luego, el Consejo de Ministros aprobará los perdones, casi al mismo tiempo que un ponente letón alinee al Consejo de Europa con la tesis del socialista. Eso será días antes de la inauguración, a la que asistirá con el Rey, de una edición más del Mobile World Congress, también en Barcelona, el 28 de junio. La apoteosis que se prepara es el encuentro en Moncloa entre Sánchez y Aragonés, después de que el republicano haya cumplido con la visita ‘ad limina’ a Carles Puigdemont en Waterloo plantando al primer ministro de Italia, ayer, en la capital catalana. 

Establecida la cabeza de playa en forma de relato adquirido en una subasta con pujas todas sobre el precio de salida, el desembarco parece haber sido un éxito. Nadie de los compasivos políticos y empresarios —y nadie es nadie— ha reclamado que los presos que van a ser indultados pidan perdón, se arrepientan, ofrezcan garantías de acatamiento al orden constitucional y al ordenamiento jurídico, no sea que se nieguen —y se negarían— y estropeen el trampantojo que se ha montado. Por eso, la que no funciona —como explicaba este jueves Carlos Hernanz en este diario— es la «Operación retorno» de las empresas catalanas a sus sedes anteriores. Jordi Gual, presidente de CaixaBank cuando el banco migró a Valencia, y vicepresidente ahora del Círculo de Economía, reclamó los perdones, pero no que su entidad retorne con su sede a la Ciudad Condal. Éxito, de momento, de la «Operación Overlord», ni hablar de la «Operación retorno» empresarial. Y, para rematar, la aplicación general de la ley del embudo que Salvador Illa explicará en una amplia gira mediática con los mismos talante y tono que empleó cuando fungía de Ministro de Sanidad durante la pandemia. Mientras, la derecha sigue sin enterarse de que «la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer». Me refiero a Colón, claro.