Las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos son mucho más que un examen de mitad de mandato a la segunda legislatura de Donald Trump.
Representan, ante todo, la oportunidad que tiene el país para recuperar parte de su maltrecha arquitectura institucional tras dos años de una concentración de poder en el Despacho Oval sin apenas contrapesos.
En estos comicios se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los cien asientos del Senado y 36 gobiernos estatales.
En la tradición democrática norteamericana, las midterms operan siempre como un termómetro sobre el grado de satisfacción o rechazo de los ciudadanos hacia la gestión del presidente.
Si esta condición se cumple de forma habitual, en esta cita resulta aún más cierta. Porque ha sido el propio Trump quien se ha esmerado en despojar la campaña de cualquier dinámica local para plantearla desde un prisma estrictamente plebiscitario.
«Imaginad que votáis por mí», reclamó de forma explícita a sus seguidores en un mitin en Dallas.
El problema colateral de este enfoque personalista es que amenaza con perjudicar a los candidatos republicanos en lugar de impulsarlos.
Trump llega a las urnas arrastrando uno de los índices de popularidad más bajos de la historia de EEUU, en cotas cercanas al 35% según la media de los sondeos. Un registro que penaliza de forma directa a su partido en los distritos moderados y suburbanos.
El incumplimiento de las principales promesas con las que Trump volvió a la Casa Blanca, presentándose como supuesta antítesis de la gestión de Joe Biden, está detrás de este desgaste.
El republicano prometió evitar la implicación en conflictos internacionales innecesarios y ha sumido al país en una costosa guerra con Irán.
Prometió frenar la inflación y aliviar la economía doméstica, pero el coste de la vida sigue ahogando a las familias. El encarecimiento continuado de los carburantes (agravado por la crisis en Oriente Medio) y el impacto de los aranceles masivos sobre bienes de consumo han desmentido la tesis del alivio económico inmediato.
Que Trump parece consciente de la debilidad de su posición lo evidencian la purga interna a la que ha sometido al Partido Republicano durante estos dos años, desplazando a los perfiles conservadores clásicos para sustituirlos por cuadros leales a la agenda populista del movimiento MAGA; su desesperada implicación personal en la recta final de la campaña, con mítines centrados en blindar bastiones tradicionalmente conservadores como Texas, Kansas, Iowa o Alaska; y el obsceno recurso a la compra de voluntades, mediante la promesa de entregar un cheque de 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos logran retener el control del Capitolio.
Esta actitud a la defensiva certifica que la Casa Blanca concede plena credibilidad a los sondeos. Los agregadores de encuestas y los analistas electorales independientes coinciden en proyectar un vuelco de la Cámara de Representantes a favor de los demócratas.
La duda en estos momentos no es si Trump perderá las midterms, sino la magnitud del castigo que recibirá, y si la derrota lo dejará políticamente noqueado para los dos años restantes de su mandato.
Estas elecciones, que desnudarán las miserias tras la retórica propagandística de la «edad dorada de América», son trascendentales en todos los niveles.
Para Europa, donde una victoria demócrata en el Congreso permitiría blindar la ayuda militar a Ucrania, salvaguardar la cohesión de la OTAN y acotar la imposición arbitraria de aranceles al comercio transatlántico.
Y para el resto del mundo, abriría la puerta a la desescalada de la crisis energética y la espiral inflacionista global, pues un nuevo Legislativo ganaría capacidad para condicionar los presupuestos del esfuerzo bélico en Oriente Medio.
Pero el plano directamente afectado es el interno.
Si el Congreso cambia de manos, unos Estados Unidos sometidos a una deriva iliberal dispondrán de una ventana de oportunidad para reequilibrar el poder frente a un mandatario que hoy goza de mayorías afines en ambas Cámaras y en el Tribunal Supremo.
La reactivación de los frenos y contrapesos constitucionales (a través de las comisiones de investigación, el control presupuestario o el bloqueo a los nombramientos judiciales) es una necesidad perentoria. Máxime tratándose de un presidente que ya ha advertido de que gobernará como «el señor Veto», ratificando una vez más su talante autocrático.