EL MUNDO 01/12/13
· El PP confía en que el fiscal valore la humillación y sufrimiento añadido a las víctimas.
Los partidos de la oposición mantienen serias dudas respecto a la posibilidad de que la Fiscalía impulse denuncias contra los actos de recibimiento que el entorno abertzale ha dispensado a los excarcelados de ETA en virtud de la anulación de la doctrina Parot.
Las fuentes consultadas en los grupos parlamentarios no encuentran por el momento argumentos suficientemente sólidos que les permitan pensar que los informes –hasta ahora seis– remitidos por el Ministerio del Interior a la Fiscalía, por entender que en dichos actos de acogida existen indicios de criminalidad por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, puedan prosperar.
UPyD sí cree que existen motivos más que sobrados para actuar contra el entorno abertzale, aunque también duda de que desde el Gobierno se esté actuando con la suficiente diligencia como para evitar este tipo de actuaciones. Así lo manifestó Rosa Díez en el Congreso el pasado jueves, cuando anunció que, en opinión de su formación, se estaban produciendo «hechos delictivos» ante la pasividad de la Abogacía del Estado.
Desde el PP, la posición es firme, aunque admiten que no se puede dar por hecho que los informes salgan adelante. Tienden a pensar que pueden encontrar cauce judicial si se tiene en cuenta «el contexto» de los hechos.
Los populares, de acuerdo con las fuentes consultadas, admiten que el terreno tiene puntos «resbaladizos», pero afirman también que si la Justicia analiza los acontecimientos con un enfoque amplio encontrará elementos suficientes para actuar contra el mundo proetarra que, pese a la contención que se le ha reclamado desde Sortu, vulnera la ley de protección integral y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Ellos creen que se puede profundizar en la idea de humillación y sufrimiento añadido a quienes padecieron el golpe de ETA.
De hecho, desde el PP argumentan que se podría esgrimir el artículo 61 de la citada ley, según el cual el Estado asume esa protección y, además de declarar la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos, o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas, añade que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar esas situaciones. Además, se estipula que «se prevendrá y evitará la realización de actos en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».
Muchas más dudas se expresan desde las formaciones de izquierda. En el PSOE recalcan que los homenajes –con lanzamiento de cohetes incluidos– resultan «repugnantes», pero añaden que, en su opinión, «es difícil encontrar una justificación para perseguirlos judicialmente». Creen que, por el momento, no se ha traspasado la línea roja de la «exaltación clara del terrorismo». «La persona que sale de la cárcel, guste o no, sale libre, con su deuda saldada; así pues, recibirla con vivas o similares no infringe la ley», apuntan. «Caso distinto sería», afirman, «si se acudiera a su encuentro con pancartas o eslóganes a favor de ETA o la lucha armada».
Los socialistas creen que, si no se entra en este terreno, a lo más que se podrá llegar será a actuar «por vía administrativa», y eso en el caso de que las concentraciones sean masivas, no comunicadas previamente, alteren el tráfico, el orden o la convivencia ciudadana.
En un sentido muy similar se manifiestan desde Geroa Bai, Izquierda Unida y el PNV. Ninguno de estos grupos defiende los actos de acogida, pero todos creen que las denuncias se quedarán en un «gesto» de cara a los ciudadanos que muy probablementre no llegará a más. No lo critican; de hecho, la mayoría de los consultados considera necesario que se evidencie que el Ejecutivo no se queda de brazos de cruzados.
EL MUNDO 01/12/13