La oposición fuerza un aplazamiento de la ley de consultas catalana

Los partidos catalanes no alcanzaron ayer un acuerdo sobre la ley que servirá a Artur Mas para convocar una consulta soberanista. CiU y ERC pretendían que la reunión diese carpetazo a la ponencia y se iniciase su tramitación parlamentaria, pero el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa-Esquerra Unida presentaron objeciones.
Así las cosas, el deseo de consenso llevó a los partidos mayoritarios a citarse para dentro de una semana con el fin de cerrar la ponencia conjunta e iniciar la tramitación parlamentaria. El PP y Ciutadans (C’s) se desmarcaron por completo y anunciaron que presentarían enmiendas a la totalidad. El partido de Albert Rivera anunció incluso que no acudirá a la próxima reunión.
El texto sobre el que trabaja la ponencia es el proyecto de ley que decayó en la legislatura anterior. El PSC, sin embargo, se desmarcó proponiendo una ampliación del ámbito material de la ley, de manera que no sirva únicamente para celebrar consultas no refrendarias. Es decir, que, al margen de la consulta soberanista, se introduzcan otros mecanismos de participación política que prevé el artículo 122 del Estatut.
Por su parte, ICV reclama que se reduzca de 18 a 16 años la edad para poder votar y que se elimine el derecho de veto del presidente de la Generalitat y de los alcaldes como autoridades competentes sobre las consultas. Sobre estos puntos parece que existe acuerdo entre los grupos.
La previsión, por tanto, es que el próximo día 19 se cierre el pacto y se pueda presentar la proposición de ley de consultas. A partir de ahí, se iniciaría su tramitación parlamentaria y la presentación de enmiendas. La idea de los grupos es tener el texto definitivo antes del verano, aunque tampoco se descarta que la votación se acabe posponiendo a septiembre.
La búsqueda de un amplio consenso se volverá a visualizar hoy en el Parlamento catalán en la votación de una resolución impulsada por el PSC que insta al Gobierno de la Generalitat a iniciar conversaciones con el Ejecutivo central para posibilitar la celebración de una consulta soberanista en Cataluña. Este texto es el mismo que rechazaron PP y PSOE el pasado 26 de febrero en el Congreso. Trece diputados del PSC se desmarcaron por primera vez del grupo parlamentario socialista y votaron a favor de la resolución que impulsó CiU. La exministra Carme Chacón no participó en la votación. La decisión del PSC provocó una fuerte división entre los socialistas y planteó la necesidad de reconsiderar la relación entre ambos partidos.