La oposición democrática venezolana reaccionó ayer con fuerza, decidida como nunca a mantener su pulso con el chavismo tras la convocatoria de una Asamblea Constituyente «popular y comunal» a la medida de Nicolás Maduro, lo que supone «el aniquilamiento de la democracia», según Julio Borges.
El propio presidente de la Asamblea Nacional llamó a «rebelarse» tras el giro inesperado de la revolución, que amenaza con ahondar la crisis política, social y económica, la peor del país en tiempos modernos. «La lucha apenas comienza, seguiremos en la calle hasta lograr el cambio definitivo por el voto», concretó el dirigente, sabedor de que Venezuela se asoma a un laberinto de final desconocido. La Asamblea Nacional lanzó una alerta internacional ante la Constituyente «fraudulenta».
El Parlamento, sobre el que pende la guillotina del proceso abierto por la revolución, acusó a Maduro de intentar perpetuarse en el poder. «No nos vamos a reunir con el Gobierno para avalar el golpe», aclaró el gobernador Henrique Capriles, tras conocer la hoja de ruta planteada por el ministro Elías Jaua, cabecilla de la comisión presidencial. «El Gobierno cree que los venezolanos somos estúpidos, pero se van a seguir dando con una pared. La Constituyente Comunal es un fraude y llamo al pueblo a desobedecerla», clamó el líder opositor, inhabilitado por el gobierno el mes pasado.
Los opositores contaron con el respaldo internacional de los mayores críticos del chavismo. A la cabeza, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la Venezuela bolivariana pretende abandonar tras haber perdido varias votaciones en su Comisión Permanente. «Es hora de que los derechos del pueblo sean restituidos, el continente pide que el país retorne a la democracia», subrayó el exministro de Pepe Mujica.
El gobierno de EEUU también reaccionó a la maniobra de Maduro, quien aseguró que su «detonante histórico» se produce también por la llegada al poder en Washington de políticos «extremistas», olvidando que la filial de Petróleos de Venezuela aportó medio millón de dólares para la toma de posesión de Trump. «Tenemos profunda preocupación sobre las motivaciones para la Asamblea Constituyente, que ignora la voluntad del pueblo y erosiona aún más la democracia», acusó la Administración estadounidense, que no descartó imponer más sanciones.
El chavismo se defendió ayer insistiendo en que de esta forma le cierra el paso a una guerra civil, «con la apertura de un proceso popular y constitucional. Agotadas las posibilidades de diálogo no quedaba otra opción que convocar al diálogo constituyente», se justificó Jaua, olvidando que la Mesa del Diálogo de 2016, en la que participó el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero como facilitador, fracasó por los incumplimientos gubernamentales.
Jaua lidera una comisión presidencial conformada con los colaboradores más estrechos del presidente, su núcleo duro, incluida su mujer, la «primera combatiente revolucionaria» Cilia Flores. Son los encargados de llevar adelante la iniciativa, a la medida de Nicolás Maduro, que supone un bombazo político que radicaliza aún más la revolución y que amenaza con liquidar las estructuras del estado previstas por el propio Hugo Chávez.
En su mensaje urgente al país, Borges no olvidó, una vez más, a las Fuerzas Armadas, a las que volvió a exigir que abandone el silencio impuesto por la cúpula militar. El primero en responderle fue el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y hombre clave para el chavismo. «Todo el apoyo a esta propuesta popular, no puede haber un llamado más democrático que éste… Un diálogo obligado porque estamos hablando de la construcción del Estado», explicó el militar, que dirige las redes de abastecimiento de alimentos centralizadas por el estado.
El contraataque revolucionario intenta aplacar el pressing opositor tras la rebelión de abril, respondido con la represión de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento 34 personas han perdido la vida y centenares han resultado heridas. Más de 1.600 personas fueron arrestadas, lo que de momento ha disparado la cifra de presos políticos a 183.
Pese al elevado número de muertos, la represión se ha redoblado en las últimas horas. La batalla del lunes en la autopista, entre guardias y manifestantes, parecía sacada del conflicto ucraniano. Un enjambre de jóvenes consiguió hacer retroceder a cuatro tanquetas a pedrada limpia.
Los disturbios continuaron ayer tras el gran trancón (bloqueo) propuesto por la oposición. Radicales chavistas intervinieron en dos zonas de la ciudad, provocando varios heridos con sus balazos, pese a la «suspensión de porte de armas» decretado por el Gobierno durante seis meses. Entre los heridos hay tres agentes de seguridad, al menos dos de ellos alcanzados por los colectivos revolucionarios (paramilitares).
El conflicto también permanece en otras zonas del país, como Valencia, la tercera ciudad más importante. Allí se mezclaron los disturbios con saqueos de tiendas. No hay que olvidar que en Venezuela persiste la escasez de su productos más básicos, combinada por una inflación galopante, la mayor del planeta. En su intervención del lunes, el «hijo de Chávez» amagó con mandar al pueblo a las calles para que impongan el congelamiento de los precios.
Para hoy la oposición ha convocado una gran marcha, cuyo destino final es una sorpresa. No fueron sólo los opositores los que mostraron su repulsa tras el enroque madurista, a la espera de la posición que haga pública la rebelde fiscal general. Un solo diputado revolucionario, Eustoquio Contreras se atrevió a dar un paso parecido, al asegura que la Constitución de Chávez «no hay que cambiarla, lo que hay que hacer es cumplirla». En parecidos términos se mostraron dirigentes que se definen como chavistas puros. «Nuestra Constitución de 1999 es la mejor del mundo. Hagámosla cumplir y no perdamos más tiempo en discusiones estériles», protestó el general Miguel Rodríguez Torres, uno de los favoritos de Chávez. «Esta Constituyente madurista es una traición clara a Chávez y al pueblo», sentenció el chavista crítico Nícmer Evans.