Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 26/10/11
Las víctimas no sólo deben ser un referente moral, tienen además el derecho a que se les haga justicia. Y ésta ni siquiera pasa por que los terroristas entreguen las armas, sino por detener, enjuiciar y encarcelar a los que las han utilizado.
Tras dar públicamente por cierta y acoger con satisfacción la supuesta decisión de ETA de renunciar definitivamente a la violencia, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró el pasado jueves: «Las víctimas del terrorismo son y seguirán siendo el referente moral de nuestra democracia». Es una pena que, ya en esa misma declaración, el líder del PP no tuviera lo suficientemente presente ese «referente moral» para, al menos, criticar abierta y directamente a ETA por que en ese mismo comunicado exprese su «reconocimiento y más sentido homenaje» a los asesinos de casi un millar de españoles y a «la lucha de largos años» que, según los terroristas, «ha creado esta oportunidad para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político».
Rajoy prefirió no ejercer de aguafiestas ni ensombrecer lo que él mismo había considerado una «buena noticia», aunque fuera a costa de dar credibilidad al «cese definitivo» de la violencia y negársela a la apología del terrorismo y a las mucho más creíbles exigencias que, en torno a la autodeterminación y la amnistía, ETA hace en ese escrito.
Posteriormente, el presidente del PP tampoco parece haber tenido muy presente ese «referente moral» que constituyen las víctimas, pues no se le ha oído la menor crítica al ministro del Interior y a los miembros del PSE y del PNV en su veloz y repugnante competición para ver quien pide más beneficios para los presos de ETA. Es más, el propio Rajoy ha perdido otra espléndida oportunidad de demostrar que tiene a las víctimas como irrenunciable «referente moral» al negarse a acompañarlas en la manifestación que, con el impecable lema de «Frente a la impunidad, Justicia», celebrarán el próximo sábado 29 de octubre en la Plaza de la Republica Dominicana de Madrid. A ella solo acudirán «a título personal» algunos miembros del PP, como Mayor Oreja, Iturgaiz o Jiménez Becerril, pero no será secundada oficialmente por el partido.
El caso es que las victimas no sólo deben ser un referente moral. Tienen además un derecho legal, al que sólo ellas podrían renunciar: el de que se les haga justicia. Un imperativo de justicia que ni siquiera pasa por que los terroristas entreguen las armas, sino por detener, enjuiciar y encarcelar a los que las han utilizado. Las fronteras más irrenunciables y preciosas que debemos conservar frente al embate secesionista son las que configuran a nuestra nación como Estado de Derecho. El deber de impartir justicia es la primera de cuantas obligaciones tiene el Estado, y renunciar a ello significaría pagar a ETA el precio político más alto de cuantos no hay que pagar. Y eso por mucho que, hipócritamente, se invoque a las víctimas como «referente moral».
Es cierto que Rajoy ha señalado la «fortaleza del Estado de Derecho y la fe en la democracia de todos los españoles, representada por el esfuerzo sucesivo de todos los Gobiernos que han actuado bajo el amparo de la ley» como «el único camino de futuro». Pero no es menos cierto que su único «referente» para asegurar que estábamos ante una «buena noticia» es lo que han dicho unos terroristas encapuchados que, puño en alto, vanagloriándose de su pasado criminal y reivindicando los objetivos por los que han venido asesinando, anunciaron un «cese definitivo» de su actividad criminal.
Por otra parte, ¿conoce Rajoy algún político que, tratando de vulnerar la ley, no haya afirmado que le ampara el Estado de Derecho? ¿Acaso Zapatero no calificó de «impecable» y «limpio como una patena» el estatuto soberanista catalán con el que pretendía burlar y en buena parte burló nuestra Constitución? ¿Acaso Rajoy conoce de un solo Gobierno de cuantos han burlado el imperativo legal de detener a los delincuentes para negociar o verificar supuestas voluntades de los prófugos que haya reconocido actuar al margen de la ley? ¿Acaso el Gobierno de Zapatero no dijo actuar al amparo del Estado de Derecho al negociar con ETA o cuando, al dictado de ella, excarceló a De Juana Chaos o dejó sin detener a Josu Ternera?
El problema es que la referencia de Rajoy a la Ley y al Estado de Derecho se está convirtiendo en algo tan vago e inconcreto que incluso desde el PP no saben responder si se va a expulsar a los proetarras de Bildu, o si se va derogar la doctrina Parot, o si el futuro Gobierno del PP va a detener y encarcelar a los autores de centenares de asesinatos de ETA que quedan por juzgar. Muerto Montesquieu, no hay ley que impida a un Gobierno conceder a ETA lo que quiera.
Las víctimas lo saben y por eso se manifiestan.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 26/10/11