Ignacio Camacho-ABC

  • Propietarios e inquilinos atrapados en un limbo jurídico porque el Ejecutivo no sabe ponerse de acuerdo consigo mismo

SI el Gobierno no puede gobernar, porque no tiene mayoría, que no gobierne; que se limite a disfrutar del poder y no enrede. El país funciona mejor solo, a su aire, como tiene demostrado en los períodos en que ha habido bloqueos electorales. Hay leyes en vigor, demasiadas incluso, y unas instituciones que mal que bien tiran para adelante cuando no las interfiere nadie. El problema viene cuando el Ejecutivo se empeña en parecer que gobierna haciendo lo que no sabe y lo que consigue es sembrar un caos jurídico y administrativo irremediable. Salvo en la Agencia Tributaria, que mande quien mande nunca detiene su maquinaria de eficacia aplastante, la gestión de los asuntos públicos se ha vuelto un desastre ante el que resulta imposible aclararse.

El penúltimo enredo –porque en cualquier momento habrá otro– lo ha provocado el decreto sobre la renovación de alquileres que Sánchez regaló a Sumar a sabiendas de que en el plazo de un mes acabará tumbado por el Congreso. Inquilinos y propietarios están perplejos ante una situación legal de futuro incierto. La inseguridad es absoluta; los arrendatarios pueden pedir la congelación de los precios –en teoría hasta final del año que viene– y los caseros pueden hacerse los sordos a la espera de que la norma decaiga y los tribunales, de por sí lentos, decidan establecer criterio. Se viene una montaña de demandas que sumirá a la justicia en un descalzaperros hasta que llegue al Tribunal Supremo. Y todavía tienen el cuajo de llamarle gobernar a esto.

Yolanda Díaz y su amalgama de partiditos necesitaban demostrar que pintan algo en el Consejo de Ministros. Organizaron un plante de mentijirillas para condicionar las medidas anticrisis y Sánchez les concedió el capricho en la plena conciencia de que sus demás socios y la oposición impondrán su veto legislativo. Es decir, se sacudió el problema interno de la coalición encendiendo una traca de fuegos de artificio a costa de dejar a más de medio millón de ciudadanos en vilo. Un follón de mil pares que puede tardar años en resolver la validez de los contratos que desde ahora mismo queden en el limbo. Pero el presidente encima blasona de haber solucionado el conflicto de un Gabinete incapaz de ponerse de acuerdo consigo mismo.

Ésta no es una cuestión de altos vuelos que afecte sólo a los fondos de inversión –los malvados oficiales del discurso de la izquierda– ni a las grandes empresas. Las principales víctimas de la incertidumbre son de un lado las familias que tienen alquilada una vivienda, y de otro los dueños que la pusieron en el mercado confiando ingenuamente en la seguridad de las reglas. Todos quedan ahora condenados a transitar por un laberinto de interpretaciones leguleyas cuya complejidad augura un rompecabezas de confusión similar a la que se produjo con las demandas sobre los gastos de las hipotecas. Pero a saber dónde estarán las minervas que han parido este galimatías cuando llegue la jurisprudencia. Si al menos se limitaran a solazarse en sus poltronas con las manos quietas.