Luis Ventoso-ABC

  • Sensibilidad gubernamental cero ante el aluvión de pequeños negocios arruinados

El viernes pasado acudí a un fisio por un jamacuco en la espalda. Al salir de casa observé cerrado a cal y canto el hotel Petit Palace del barrio que hace esquina. Es decir: todos sus empleados estarán ahora sin trabajo. De camino me tomé un cortado en un bar desierto, con solo otro parroquiano en la media docena de mesas. El fisioterapeuta, mientras me iba torturando, me contó que estaba acongojado -dicho en fino- por el último globo sonda fiscal del Gobierno, que propone aplicar el IVA a la sanidad privada, hoy exenta. «¡Yo también soy sanidad privada, no solo las grandes mutuas!», clamaba el hombre, «si me meten ese impuesto directamente tendré que cerrar; y mi mujer y

yo vivimos de este negocio». Por la tarde, para rematar el día, un viejo amigo con el que llevaba tiempo sin coincidir me contó desolado que cerraba para siempre la guardería privada que había abierto en Madrid hace veinte años. «Ya no podemos aguantar. No hemos recibido una sola ayuda y las cuentas no salen». Sus cerca de veinte empleados se irán a casa.

España no tiene petróleo. Es un país montado sobre el turismo, los servicios, la construcción-venta de viviendas y la automoción. El turismo, 15% del PIB nacional, ha implosionado: la llegada de viajeros extranjeros cayó un 75% este verano, una ruina. El inmobiliario, 14% del PIB, tampoco va: 32,4% de caída interanual en la compraventa de viviendas. La venta minorista de ropa y calzado, igual: un 31% por debajo de lo normal. La crecida de la epidemia provoca una atmósfera depresiva, que desincentiva el consumo. Tampoco existe estado de ánimo para decidirse a cambiar de coche: los concesionarios están vendiendo un 38% menos que en 2019, a pesar de las ofertas y ayudas.

No hay una única epidemia. Son dos: la sanitaria y la económica. Pero la sensibilidad gubernamental ante ese aluvión de pequeños negocios arruinados es cero. Padecemos un Ejecutivo doctrinario que por ideología tiende a ver a todo empresario como un sospechoso. La prioridad no es salvar a las empresas. Sánchez tiene otras. Una insólita campaña contra el Rey, promovida desde el Gobierno que le debe lealtad constitucional. Otra vuelta de tuerca a la memoria histórica, que imponga una lectura única y sectaria del pasado. Echar agua al Código Penal, con una reforma a la carta de tipos delictivos que libere a Junqueras. Y una campaña febril contra la justicia independiente, por ser el único poder que todavía no ha sido doblegado al completo (aunque ya tenemos a una ministra del PSOE de fiscal general).

Ponen verde a Ayuso por hacer hincapié en los daños económicos de ciertas medidas contra la pandemia. Pero no se baja al detalle. En una metrópoli cuyo metro, cercanías y buses transitan abarrotados en hora punta, ¿qué diferencia marca para la salud que un restaurante cierre a las once de la noche o a las doce, más allá de arruinarles parte del negocio de las cenas?). Si tuviésemos un Gobierno cabal se estaría buscando un punto de equilibrio que permita preservar a la par la salud física y la económica, porque algunas soluciones del tándem Illa-Simón recuerdan el agudo remedio que propuso Bush Jr. para acabar con los incendios: talar todos los árboles.