Algunas mentes biempensantes u optimistas atribuyen el silencio de Sánchez sobre la amnistía, o más bien el empeño en no nombrarla, a la existencia de notables dificultades jurídicas para implementarla sin riesgo de pifias que desemboquen, como la ley del ‘sí es sí’, en nefastas consecuencias colaterales imprevistas. No faltan razones al respecto; las bases del proyecto están negociadas y la voluntad de llevarlo a cabo es clara, pero la redacción de una norma de alcance tan amplio como el que reclaman los separatistas se está revelando complicada. No tanto por el dudoso encaje constitucional, para cuya validación se confía en la mayoría ‘progresista’ del TC, sino porque se pretende exonerar de responsabilidades tanto a los líderes de la insurrección como a los inductores de las algaradas, a los malversadores procesados por colaborar en la organización del referéndum o a los autores de desórdenes callejeros propios de una guerrilla urbana. Es menester hilar muy fino para unir bajo el mismo manto penal tanta heterogeneidad de delitos, y el trabajo de los equipos legales del sanchismo parece no estar resultando rápido ni sencillo. De manera que, volviendo al principio, el presidente podría haber decidido cubrirse las espaldas para el caso de necesitar un repliegue táctico sin hacer el ridículo de dar por hecho algo que no está concluido. Dejar, en definitiva, una salida abierta que le evite desmentirse otra vez a sí mismo.

Sin descartar lo que en esa hipótesis pueda haber de cierto, el autoveto presidencial a la hora de mencionar el vocablo polémico responde también, y sobre todo, a la idea de ir construyendo en la opinión ciudadana un marco mental propicio al acuerdo. Un argumentario escalonado en los tiempos, donde primero resaltará su propósito benéfico de continuar la tarea del ‘Gobierno de progreso’ con un programa de avances sociales y consolidación de derechos, y luego presentará la amnistía como un detalle secundario, un fleco, una cesión instrumental al bien mayor, una especie de obsequio de buena fe para facilitar el objetivo estratégico. Es posible que el reparto de papeles incluya, como en la última campaña, el protagonismo de Zapatero –que viene ejerciendo de intermediario gubernamental en contactos discretos– con la misión subsidiaria de contrarrestar a González y Guerra al defender el borrado del golpe en términos directos, sin remordimientos ni complejos. Cuando llegue el momento la ley será bautizada con algún eufemismo risueño marca de la casa y se abrirá la fase de ofensiva propagandística, bajo la que quedará envuelto el probable referéndum disfrazado de votación consultiva. Y si al final el asunto acaba encallado ante un Puigdemont enrocado en exigencias maximalistas, Sánchez comparecerá con tono de víctima como el líder que resistió un chantaje en medio de terribles, injustas críticas por una palabra no dicha.