Con la llegada del virus, se entró en un caos normativo, una vorágine de decisiones arbitrarias y frecuentemente contradictorias, casi siempre dictadas —como todo en España— por la táctica partidista. Con ellas, además de debilitar el Estado en la emergencia sanitaria, se ha abierto un boquete tremendo en el orden constitucional. Es evidente que el ordenamiento jurídico no estaba preparado para responder a la pandemia con eficiencia y pulcritud constitucional. No es que se haya sacrificado una cosa a la otra, es que se ha naufragado en ambas.

En estos meses, se han cometido toda clase de desafueros jurídicos. Se ha puesto patas arriba la jerarquía de las normas, modificándose leyes orgánicas mediante orden ministerial. Se han aprobado decretos-leyes manifiestamente anticonstitucionales. Se han subvertido las bases de la distribución de competencias entre el Gobierno central y los autonómicos. Se ha ido cambiando la interpretación de las normas al compás de las conveniencias del combate político. Los juristas con escrúpulos se escandalizan a diario con la lectura del BOE. Y ni siquiera existe el consuelo de que todo ello haya sido de gran utilidad para contener las oleadas del virus. Al contrario, el desmadre normativo las ha favorecido. 

El principio constitucional es claro, rotundo, indiscutible: los derechos fundamentales son sagrados. Solo hay dos formas de privar de ellos a los ciudadanos: en casos individuales, puede hacerlo un juez (por ejemplo, autorizando la entrada en un domicilio o la intervención de un teléfono). Pero si se trata de limitar o suspender colectivamente su ejercicio, hay que acudir obligatoriamente al artículo 116, que habilita al Gobierno, en circunstancias excepcionales, a declarar los estados de alarma, excepción o sitio, en condiciones tasadas y contando siempre con la autorización del Parlamento. 

De este principio constitucional se derivan otros dos que los dirigentes políticos se están pasando por el forro desde el principio de la pandemia. Primero, ninguna ley ordinaria puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales (entre los que están el de libertad de movimientos y los de reunión y manifestación). Segundo, el único que puede declarar o levantar el estado de alarma es el Gobierno central; él se hace plenamente responsable de su gestión ante el Parlamento y esa responsabilidad es ineludible e intransferible. Solo se admite que delegue su autoridad al presidente de una comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a su territorio —obviamente, no es el caso—.

No existe ninguna razón sanitaria, funcional o jurídica que justifique el destrozo legal producido durante esta pandemia. Hay que buscar todas las explicaciones en la política más minúscula. En este caso, el caos es producto de la concurrencia de tres voluntades desviadas

a) La resolución de Pedro Sánchez, a partir de mayo de 2020, de sacudirse a toda costa la carga política de la conducción de la crisis, endilgando el marrón a los gobiernos autonómicos para ponerse a cubierto de la tragedia bajo el paraguas pretexto de la cogobernanza. Ni en los países más descentralizados del mundo se ha visto un caso semejante de abdicación de la responsabilidad por parte de un Gobierno nacional. 

b) La cobardía ventajista de la oposición, dispuesta a convertir la pandemia en una trampa de conejos para el Gobierno: salgas por donde salgas, te cazo. Si ejerces el mando, te atizo. Si dejas de ejercerlo, te atizo también. Si pides respaldo para el estado de alarma, te lo niego. Si lo dejas caer, te acuso de irresponsable. 

c) El oportunismo de los nacionalistas —secundados en este caso por casi todos los gobiernos autonómicos—, que vieron la gran ocasión de ‘confederalizar’ la gestión de las crisis y asumir nada menos que la potestad de regular el ejercicio de los derechos constitucionales en sus territorios (lo que agrede directamente el principio de igualdad de derechos de los españoles). Un precedente disparatado que costará trabajo retrotraer.

El barullo ha servido incluso para que Isabel Díaz Ayuso convierta la colisión pandémica —buscada por ambas partes— en su arma más poderosa para provocar y ganar unas elecciones que se sacó de la manga aprovechando la pichonada de Ciudadanos en Murcia. 

Por cierto, la Constitución (116.5) prohíbe disolver el Congreso mientras están en vigor los estados de alarma, excepción y sitio. Sánchez hoy no podría convocar elecciones generales, lo que es de pura lógica cuando están restringidos varios derechos fundamentales. ¿No debería aplicarse el mismo criterio, por analogía, a los parlamentos autonómicos, especialmente cuando se ha trasladado a su ámbito la gestión de la pandemia?

Fue abusivo y completamente contrario al espíritu de la ley que el Gobierno pidiera y el Congreso concediera seis meses de estado de alarma sin control parlamentario alguno. 

Es temerario que Sánchez se precipite a anunciar con un mes de antelación que no prorrogará el estado de alarma, pese a que el 9 de mayo las cifras de contagios y ocupación de las UCI podrían ser peores que en octubre. Solo el desprecio que este presidente siente por el valor de su propia palabra puede explicar que, por mera exigencia del guion electoral madrileño, se lance a prometer algo que quizá se tenga que tragar

Tenemos un Senado inútil, pero, en su mitin de ayer, Sánchez elevó el Consejo Interterritorial de Salud al rango de un Bundesrat

Y es absurdo que, si ese compromiso se consuma, la dirección de la lucha contra el virus quede en manos de los jueces, que ni siquiera tienen una doctrina común. Todo, menos hacer caso alguna vez a los científicos

Tenemos un Senado inútil, pero, en su mitin mediático de ayer, Sánchez elevó el Consejo Interterritorial de Salud al rango de un Bundesrat o una especie de Gobierno sanitario confederal cuyas decisiones, afirmó campanudamente, “son de obligado cumplimiento”. Estoy seguro de que hace 14 meses el presidente ni siquiera sabía que existiera semejante órgano, concebido únicamente para la coordinación y el intercambio de información entre los consejeros autonómicos de Sanidad. 

Dice el refrán que “hecha la ley, hecha la trampa”. Aquí se formula al revés: primero se urde la trampa y después se acomoda la ley. Por el camino, nos cargamos el Estado a cucharadas.