Patxo Unzueta-El País
El objetivo más compartido sería un Govern de coalición con programa autonomista
El portavoz de Esquerra en el Congreso Joan Tardá sostuvo a comienzos de la semana que antes de plantear cualquier nueva iniciativa era necesario ampliar la base social del soberanismo, lo que implicaba un acercamiento a los comunes y al PSC de Iceta. La idea fue asumida en términos genéricos por la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal. Carles Riera, uno de los interlocutores de la CUP en la ronda de partidos de Torrent del pasado lunes, respondió rechazando tales sugerencias por la razón de que el objetivo de su partido es “tirar el autonomismo a la papelera de la historia”.
La respuesta de Martov está a la altura del momento: “Un día comprenderéis el crimen en que estáis participando”. El testimonio de Máximo Gorki presenta a Martov como un tipo “de aspecto enfermizo y desaliñado, dubitativo, incapaz para la acción, intelectual brillante, culto”. Y como alguien que tuvo una influencia extraordinaria en el joven Lenin, que no dejó de apreciarle por encima de la brecha que las divergencias políticas cavarían entre ellos desde la ruptura de 1903 (“¡Qué esplendido camarada, y qué hombre absolutamente sincero”, le oyó decir Gorki. Y susurrar poco antes de morir: “Y dicen que Martov también se está muriendo”).
En la reunión en la que Trotski pronunció la desgraciada sentencia, Martov había abogado por un Gobierno provisional de coalición entre bolcheviques y mencheviques y por la apertura de un proceso democrático constituyente. El gesto de abandonar la reunión revela la triste constatación por parte de Martov de la imposibilidad de enderezar la deriva totalitaria de la revolución bolchevique y supone un pronóstico sobre su coste en vidas humanas.
La condena a la papelera como destino del autonomismo es contradictoria con el objetivo de ampliar la base social del soberanismo. Pues esa ampliación solo puede alcanzarse sobre la base compartida de un autogobierno respetuoso con la legalidad, incluyendo el marco autonómico. Y resulta incoherente defender esa ampliación de la base social y sostener a la vez que lo más urgente es llegar a un acuerdo con la CUP, la fuerza más radical y sectaria en presencia. Esto tiene que ver con la política de alianzas, pero también con el programa a aplicar por el futuro Govern para garantizar el respeto de la pluralidad social de una Cataluña en la que, según el sondeo más reciente del CIS catalán, un 54% de sus ciudadanos está en contra de la independencia, frente a un 41% que es favorable a ella.
El acuerdo entre los de Puigdemont y Esquerra para complacer a la CUP de forma que apoye una hipotética investidura de Jordi Sànchez demuestra el arraigo de la inclinación catalana a tropezar con la misma papelera.