Para que las comisiones parlamentarias de investigación tuviesen algún sentido, los parlamentarios tendrían que investigar siquiera un poco. Y no lo hacen por tres razones: una, porque eso significa trabajar y no están dispuestos; dos, porque aunque estuviesen dispuestos no saben; y tres, porque las comisiones de investigación no tienen como objetivo investigar nada. Se trata sólo de hacer desfilar a dirigentes de los partidos adversarios (y algún particular relacionado con ellos) por una pasarela mediática sin otra finalidad que hacerles preguntas cargadas de prejuicios sesgados cuyas respuestas tampoco importan. Lo único importante es el desfile en sí mismo, versión política de la pena de telediario; las conclusiones están decididas de antemano en función de la mayoría dominante en cada caso.

La investigación propiamente dicha la hacen los jueces, la policía judicial, la Fiscalía –cuando no se lo impide el Gobierno– y los periodistas. Lo que se escucha en esas sesiones es la caja de resonancia de lo que sus miembros han leído en la prensa y por eso rara vez los dictámenes terminan en el juzgado: salvo improbable desliz de algún compareciente, no aportan nada sustancial que no esté ya en los periódicos o en los sumarios de los asuntos judicializados. Y esto es así porque los diputados y senadores carecen en general de información y de contactos para formular un interrogatorio relevante del que pueda extraerse material que poner a disposición de los tribunales. Y eso requiere un esfuerzo muy poco rentable cuando es mucho más fácil exhibirse apostrofando a los declarantes.

A este propósito, los comisionados tienen la ventaja de que, a diferencia de los procedimientos judiciales, no necesitan atenerse a la presunción de inocencia. El simple llamamiento a comparecer constituye en la práctica una puesta bajo sospecha, y las garantías del testimonio las controla un presidente de la mesa escogido por la mayoría de turno cuya neutralidad apenas mantiene a veces las apariencias. En una instrucción procesal, el interrogado sabe que está ante profesionales del derecho y que al menos no va a ser objeto de insultos o menosprecio por parte de unos portavoces ansiosos de su cuota de protagonismo y lucimiento.

Poco cabe esperar, pues, del paseíllo de primeros espadas que empieza esta semana en ambas Cámaras. Un circo de acusaciones y reproches bidireccionales, pura carnaza para prosélitos y yonkis de la confrontación sectaria que sólo servirá para dejar perdido de basura el suelo de las respectivas salas. Lo que pueda averiguarse sobre las andanzas de Koldo y su trama, o sobre la corrupción en los contratos de la pandemia, o sobre el rescate de Globalia y sus ramificaciones en la República Dominicana, saldrá de la justicia y lo publicará el periodismo, que son los verdaderos mecanismos de contrapeso de esta democracia degradada.