No es descartable que, de seguir así, antes o después tengamos un muerto causado por un acto de inequívoca y premeditada violencia en las calles de Barcelona. O de Vic. O de Gerona. O de… Tampoco podemos excluir que de seguir justificándose las agresiones a personas y bienes desde posiciones de abierta irresponsabilidad política, muchos ciudadanos se vean abocados a padecer un modelo de coexistencia no muy alejado del que provocó en Euskadi esa atrocidad llamada ETA cuya criminal actividad justifican ahora los incendiarios. No en la forma trágica del asesinato convertido en infame y sistemática metodología de coacción, pero sí en el fondo. En ese fondo perverso construido durante décadas sobre el miedo, la cobardía y el silencio, y que vuelve a asomar su cara más lacerante en las universidades, en los supermercados, en las casas y hasta en los periódicos que se editan en Cataluña. La ‘patria’ catalana a la búsqueda de su Aramburu.

¿Es exagerada la comparación con el cisma social que aún pervive en algunos rincones del País Vasco? ¿Exagera Félix de Azúa cuando afirma que esta violencia es “similar a la de los hijos de ETA, pero mejor organizada”? Los que manejan información confidencial sobre las causas y los responsables del feroz vandalismo callejero, convertido en práctica de uso corriente en Cataluña, tienen clara la respuesta. Detrás de un catálogo de reivindicaciones compartidas con jóvenes de otros lugares de España, y que se resumen en la certeza de un oscuro futuro, se esconde una estrategia desestabilizadora cuyo rastro siguen hace tiempo con preocupación los servicios de inteligencia de media Europa, y que aquí ha encontrado en el procés un perfecto canal de transmisión.

Los continuos episodios de violencia forman parte de una estrategia de tensión que, favorecida por una incomprensible tolerancia, ha entrado en una fase de peligroso descontrol

“El procés ha hecho que un sector de la sociedad se haya desenganchado de mecanismos claves del Estado de Derecho, que haya desconectado de consensos básicos que antes existían” (Jaume Bosch, exdiputado autonómico de Iniciativa per Catalunya). Ha sido en ese sector de la sociedad al que se refiere Bosch en el que desde hace largo tiempo se descargan las “emociones a través de la mentira”, según expresión de Benoît Pellistrandi (Le labyrinthe catalán; París, 2019), y en el que se refugian confortablemente los ideólogos de la desconexión, cuyo objetivo primario es impedir a cualquier precio que acabe cristalizando el optimista pronóstico que el hispanista francés le hizo en este periódico a Karina Sainz Borgo: “La reconciliación en Cataluña será la obra de otra generación”.

“Personas muy conocidas han hecho suyos, ‘para quedar bien’, planteamientos anarquizantes y de acción directa que solo persiguen atizar el fuego de la desestabilización”, escribía el pasado martes en La Vanguardia Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. ¿Para quedar bien? Podría haberse tratado solo de eso, de quedar bien, de subirse al carro de la fraudulenta libertad de expresión que se refleja en las letras (sic) de Pablo Hasel para terminar aplaudiendo esa pancarta falaz que rezaba así: “Nos habéis enseñado que ser pacíficos es inútil”. Pero no. No solo se trata de seguir alimentando con fines políticos un discurso más o menos radical. Hay un ámbito de decisión mucho más oscuro, detrás del decorado en llamas, que solo maneja un escenario: hacer imposible la reconciliación de la que hablaba Pellistrandi.

Puede sonar hasta cierto punto inverosímil, pero créanme, las torturadas mentes de quienes han optado por cerrase todas las salidas, y en su huida hacia delante apuestan por una Cataluña aislada, enfrentada y arruinada antes que española, manejan como hipótesis no descartable acelerar el proceso de desestabilización que denunciaba Roca doblando la apuesta, atravesando la línea roja que va más allá de episodios puntuales de guerrilla urbana para adentrarse en el inquietante territorio de la violencia planificada. Sin descartar lo irremediable, como antes apuntaba: un muerto, dos, mejor si son manifestantes, como fórmula más directa para obligar a Occidente a poner fin a su frustrante indiferencia para con el oprimido pueblo catalán.

Detrás del decorado en llamas se esconden los ideólogos de la desconexión, cuyo objetivo primario es no dar la menor oportunidad a un proceso de reconciliación

¿Alarma injustificada? ¿Ficción? No se lo toman así ni los Mossos ni la Policía ni la Guardia Civil ni el CNI. Ni ciertos servicios extranjeros. La hipótesis de que una España muy fragilizada por la crisis económica, las tensiones territoriales y la confrontación generacional sirva de cabeza de puente para desestabilizar las democracias europeas, sigue ahí. Y el supremacismo catalán hace tiempo que actúa como eficaz aliado de quienes pretenden restar poder e influencia a la Europa más civilizada. Los continuos episodios de violencia forman parte de una estrategia de tensión que, favorecida por una incomprensible tolerancia, ha entrado en una fase de peligroso descontrol. No estamos ya ante un problema de orden público, sino ante otro muy distinto y de mayor envergadura.

Con la Policía y la Guardia Civil medio aparcadas en sus cuarteles de invierno y los Mossos a punto de convertirse en una oenegé uniformada, sin más competencia que la comprobación puntual de los daños causados, se diluyen las esperanzas de que la fuerza de la razón y el Derecho acabe por imponer a corto plazo su superior legitimidad frente a la barbarie organizada. Solo falta para cerrar el círculo de la irresponsabilidad que sea la CUP la que acabe dictando en Cataluña la política de seguridad. Y el Gobierno (empezando por un menguado ministro del Interior), mirando al tendido.

La postdata: PSOE y Podemos clausuran sus canales de comunicación interna

Hace semanas que los lunes ya no se celebran maitines en Moncloa. Hace mucho que no se reúne la Comisión Permanente de Seguimiento del acuerdo de coalición. Al menos con presencia de miembros del Gobierno pertenecientes al PSOE. En la práctica, los canales de comunicación interna entre ambos partidos están rotos. La desconfianza entre las partes ha ido en aumento, hasta quedar Sánchez e Iglesias como único hilo de conexión estable. Los socialistas son los que acumulan un mayor número de agravios contra sus partners: oportunismo, exhibicionismo mediático, deslealtad, incompetencia… Como te descuides te cuentan otra vez, indignados, esa reunión en la que Montero y Belarra dejaron plantada a la comisión para ir a recoger a los niños a la guardería. “Se quedaron solo los tíos”. Los de Pablo Iglesias están en su salsa haciendo de oposición desde dentro del Gobierno. Pero la cuerda puede romperse. Y por donde menos se podía esperar. Por la conocida como ley trans, convertida en el principal punto de fricción entre los socios de Gobierno. Irene Montero no cede; y ha ido demasiado lejos en sus declaraciones públicas. En el otro lado no están dispuestas a asumir como propio lo que califican como “bodrio” jurídico que no da respuesta sólida al problema y con el que solo se busca obtener rentabilidad política. Hay pelea. Y esta vez puede que no sea incruenta.