ÁLVARO URIBE VÉLEZ – EL MUNDO – 01/10/16
· El ex presidente colombiano cree que el Acuerdo entre el actual Gobierno y las FARC supone una inadmisible impunidad para los narcoterroristas, por lo que propugna votar ‘no’ en el plebiscito.
Con ciudadanos de diversos pensamientos hemos resuelto decir sí a la paz votando no en el plebiscito de mañana domingo. Solidariamente hemos expresado a los colombianos del sí que nosotros también queremos la paz, pero creemos que los textos del Acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC no la garantizan.
El Acuerdo es de impunidad total por la indulgencia con el terrorismo. El Gobierno de Colombia aceptó impunidad abierta al narcotráfico del cartel de cocaína más grande del mundo; se aceptó que este delito es conexo con el político. Los mayores delincuentes de esta organización no tendrán sanción doméstica, no irán a la cárcel ni a lugares alternativos, tampoco serán extraditados y se les concederá el beneficio de elegibilidad política. Se anuncian sanciones como restricciones de residencia y de movilidad que serán inaplicables porque coincidirán con el ejercicio político de sus actores.
La misma Justicia internacional denomina «simbólicas» a estas sanciones, por ende no adecuadas para delitos graves. En Colombia han sido accesorias a años de cárcel, o principales, pero en infracciones menores. Los del no aceptamos que no se sancione al guerrillero raso, ojalá se le reincorpore con generosidad; pero la falta de pena adecuada para los mayores responsables genera mal ejemplo y causa riesgos de estabilidad al Acuerdo.
Quedan en la impunidad todos los delitos de lesa humanidad, como el secuestro –17.974 casos entre 1998 y 2003–, el reclutamiento y violación de niñas –11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas–, los carros bomba, la destrucción de 200 municipios, las acciones terroristas frecuentes de la misma gravedad de las que han afectado a pueblos de Estados Unidos, Francia y Bélgica. Otros crímenes atroces no serán sancionados adecuadamente y sus perpetradores serán patrocinados con grandes sumas del Estado para participar en política.
Quedan en impunidad el asesinato y el secuestro de policías y soldados, en muchas ocasiones mientras iban de civil, estaban en periodo de licencia o de vacaciones, y además indefensos.
La falta de sanción adecuada, de cárcel, y la elegibilidad política pese a crímenes atroces configuran una amnistía de hecho, a pesar del engaño de declarar que estos delitos no gozarán del beneficio. Esta amnistía disfrazada se otorga además sin petición de perdón, sin arrepentimiento, sin que entreguen el dinero del tercer grupo terrorista más rico del mundo para reparar a las víctimas. Los delincuentes admiten el sufrimiento causado y lo justifican.
La comunidad internacional debe saber que Colombia no ha vivido en guerra, si no que nuestra democracia ha sufrido un sistemático ataque del narcoterrorismo pero ha tenido la capacidad de estar en permanente perfeccionamiento sin tener que claudicar ante el terrorismo.
Ahora bien, el Gobierno de Colombia renunció a la solución en la que se avanzaba a través de la seguridad democrática, la desarticulación terrorista con castigo a los mayores delincuentes y soluciones sociales para los integrantes rasos, que incluía políticas eficaces de mejoramiento social y simultánea promoción de la inversión y el crecimiento económico.
A pesar de nuestros errores y faltantes, el progreso del país eligió al actual Gobierno en 2010, que abandonó la plataforma propuesta.
Habíamos dejado de ser un Estado fallido y hoy se afianza el retroceso. Se destruye la justicia y se reemplaza la Constitución por 297 páginas concedidas al terrorismo que los colombianos no han podido leer, que se imponen en una pregunta, sin argumentos, con propaganda y coacción, con desprecio presidencial por la ley y por la dignidad de los electores, a quienes ofrecen sobornos presupuestales.
Se prohibió la publicidad oficial para silenciar a los votantes del no, mientras el sí goza de desafiante ostentación propagandística.
El terrorismo feliz ha logrado que negociadores del Gobierno le aprueben toda su agenda, con arquitectura jurídica para destruir la democracia. Y todo lo ocultan con el abuso de la palabra paz.
El Gobierno bajó el umbral legal del 50% al 13%; con 4,5 millones de votos aproximados por el sí se aprobará este plebiscito en un país que se acerca a los 50 millones de habitantes.
El presidente de Colombia engaña al mundo con la afirmación de que no hay alternativa para conseguir la paz. Él como ministro y candidato en 2010 supo que la había, y sigue sabiendo que la hay; para ocultarlo niega el debate.
El presidente de Colombia negoció con el terrorismo la agenda nacional, la suplantación de la Constitución, que no es la paz sino todo lo contrario.
Desafortunadamente, con este Acuerdo nuestra economía queda capturada por las FARC. Más impuestos generales, más impuesto predial, aumento excesivo del gasto público, que será inflexible. Adicionalmente, 25 decisiones del Estado deberán someterse al visto bueno, previo, del comunitarismo de las FARC. Y surge una nueva motivación constitucional para expropiar propiedad privada de personas honestas.
El terrorismo está a la expectativa con este Acuerdo que trae más impuestos, amenazas de expropiación, gasto público ineficiente, policía política al estilo castrista; cree que el deterioro de la economía y un agravamiento de la crisis social permitirían la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado socialismo del siglo XXI al estilo de la hermana Venezuela. Las FARC lo confiesan sin reservas.
Nosotros apoyamos que los desmovilizados de las FARC tengan protección del Estado, pero se ha acordado una especie de policía política castrista que dará protección con otros guerrilleros armados, que podrá supervisar las hojas de vida de los servidores públicos, a las empresas privadas de seguridad y a quienes llaman enemigos de la paz, que somos los del no, que también queremos la paz.
Se repite el grave error de asociar al Estado con criminales, en esta ocasión con las FARC para combatir a otros criminales como los sucesores del paramilitarismo. Esa amarga experiencia se vivió en el pasado y graduó más criminales.
Las FARC se habrían acabado si mi Gobierno hubiera permitido que los paramilitares avanzaran en su propósito, pero el camino institucional de combatirlos a todos fue nuestro camino.
Nos duele que democracias amigas avalen la impunidad disfrazada a las FARC. Nos duele que España haya concurrido a dar aprobación a un acuerdo de impunidad y elegibilidad a responsables de delitos de lesa humanidad cuando dio ejemplo encarcelando a dirigentes de ETA y no sometiendo su democracia. En Colombia avalan la impunidad del terrorismo.
Los colombianos que decimos no a este Acuerdo queremos una paz que no genere mal ejemplo, que no sea inestable, que cumpla con los mínimos de justicia de la legislación internacional y nacional, que dé protección a los desmovilizados de las FARC y proteja a nuestra democracia del riesgo del totalitarismo socialista.
Y algo más. Este Acuerdo, que muchos jóvenes colombianos reciben con ilusión, trae, como mencioné anteriormente, una policía política que amenaza las libertades, incluye más impuestos, expropiaciones y un comunitarismo paralizante de la inversión privada.
La inversión privada y la educación universal y de excelencia son mutuamente dependientes: la primera aporta los recursos para la segunda que a la vez la nutre del conocimiento para su avance competitivo.
Sin inversión el joven se ve forzado a abandonar el país. Sin libertades se frustra el debate razonado que con la ciencia construye peldaños de verdad.
La crisis de inversión agrava la pobreza y los colombianos aburridos con Santos y sus parecidos pueden optar por ensayar a Timochenko y sus parecidos.
En esta hora de la Patria en que debemos defender la democracia con coraje, hacen eco las palabras del Libertador: «La indulgencia con los criminales es la corrupción de los pueblos». Por eso votamos No.
Álvaro Uribe es ex presidente de Colombia.