El primer gran nudo que se desató, en marzo, fue el del conflicto en la Ertzaintza, solventado con un desembolso de 160 millones de euros en cuatro años que convierte a la Policía autonómica vasca en «la mejor pagada de España», según la mayoría sindical. Hace justo una semana, se logró encauzar el de Educación y poner fin a las huelgas anunciadas en la enseñanza pública gracias a un acuerdo que contempla subidas salariales del 7% a lo largo de los próximos tres años y que la consejería califica de «histórico» aunque no ha podido, o querido, cuantificar en una cifra el coste de la paz social en las aulas vascas. El guarismo, apuntó la consejera Begoña Pedrosa ante la insistencia de los periodistas este martes, se está «puliendo» aún, pero «la noticia», ha recalcado la titular del departamento en distintas comparecencias esta semana, no es el coste del acuerdo sino su virtualidad para mejorar la calidad del sistema educativo y los resultados del alumnado.

¿Por qué la resistencia a hablar de números y la insistencia en corregir «el titular»? «La cifra se conocerá», garantizan en Lehendakaritza. Otras fuentes gubernamentales abundan en que la subida pactada con Steilas, LAB, Interinok Taldea, CC OO y UGT es «perfectamente asumible» y «razonable» al ser progresiva, pero admiten que puede no ser la última. En el Ejecutivo son conscientes de que a este acuerdo pueden seguirle, a medio plazo, nuevas reivindicaciones de la concertada -cuyos profesores también lograron el año pasado una inyección de 68 millones de euros- y que otros colectivos de empleados públicos como los de Osakidetza (cuyas retribuciones ya están siendo objeto de debate en la Mesa de Salud) o los funcionarios de Lakua podrían agitar también sus respectivas banderas.

De ahí el intento de cambiar el foco del debate de lo cuantitativo a lo cualitativo. El propio lehendakari había insistido además en una entrevista en EL CORREO a mediados de abril que el Gobierno estaba dispuesto a atender «las necesidades de recursos del sistema» pero puntualizando que «las subidas salariales lineales o el plan de jubilaciones no responden a esas necesidades». Ambas se han pactado para cerrar el conflicto en Educación. El dinero público -en contra de aquella célebre frase de Carmen Calvo, que sostuvo que «no es de nadie»- es cuestión sensible y no es ilimitado. Distintas fuentes conocedoras de las dinámicas sindicales en la Administración pública apuntan que el papel de ‘pacificador’ que asume Pradales al cerrar carpetas conflictivas que su antecesor mantuvo abiertas es un arma de doble filo y puede convertirse en un «bumerán» por dos motivos. El primero, apuntan, la ausencia de un «panorama retributivo claro» que ponga puertas al campo a las reivindicaciones salariales. «Se recurre a la manguera del dinero para apagar todos los incendios y el problema es que los funcionarios se miran todos de reojo», abundan. El Gobierno vasco niega la mayor con el argumento de que los acuerdos dan respuesta a problemas de fondo no resueltos en los convenios antiguos, como la ciberseguridad, la integración de los alumnos extranjeros, los programas de refuerzo o la gestión de las nuevas tecnologías.

El factor ELA, por supuesto, pesa mucho y promete un horizonte movido. Es la central mayoritaria, que se ha quedado fuera del acuerdo en Educación, la que plantea las condiciones más draconianas en el sector público, que contrasta con su actitud más posibilista en la empresa privada. «¿Cuándo se van a presentar a las elecciones?», ironiza una fuente gubernamental, que da así por buena la vocación de la central liderada por Mitxel Lakuntza de ejercer de contrapoder vasco y «utilizar» la conflictividad en la Administración como palanca. «Nunca han ocultado que su objetivo es derrocar al Gobierno», añade un alto cargo.

Pradales ha sido consciente desde su aterrizaje imprevisto en la candidatura del PNV de que su supervivencia política dependía, sobre todo, de neutralizar la creciente preocupación ciudadana por la gestión de lo público. Al margen del talante personal de cada uno, Urkullu -que se llegó a encarar con los sindicatos de la Ertzaintza parapetados tras una pancarta-, fue recibido por ELA y LAB con una huelga general en 2013 a los cinco meses de su llegada y se vio limitado, en los años iniciales de su mandato, por los estertores de la crisis financiera de 2008 y por la pandemia en su último tramo. «Veníamos de la peor recesión de la época moderna y la recuperación de las cuentas públicas fue muy lenta», recuerda un integrante de aquel Gobierno. El acuerdo en la Ertzaintza, que lleva la firma de Bingen Zupiria, uno de los pocos consejeros supervivientes del último Gabinete Urkullu, se complicó con la aparición de ‘Ertzainas en lucha’, una plataforma ahora en retirada que condicionó el terreno a los sindicatos tradicionales con reivindicaciones de más de 1.000 euros al mes.

La desaparición de aquellos factores ha puesto a Pradales la pista de aterrizaje para firmar la paz, pero el segundo factor de riesgo que entrañan los acuerdos es, si cabe, políticamente más gravoso que el presupuestario. El lehendakari no ha ocultado nunca su «preocupación» por la brecha salarial entre el sector público y el privado, que se traduce en continuos llamamientos a los empresarios para que mejoren los sueldos, especialmente los de los jóvenes, un elemento de presión añadido sobre la patronal. El problema es que las atractivas condiciones no sólo retributivas sino también laborales del sector público y el cambio de prioridades en las generaciones más jóvenes inclinan la balanza hacia la opción funcionarial, incluso atrayendo a mano de obra altamente cualificada que deja sus empleos para opositar. La pescadilla que se muerde la cola y un dolor de cabeza a largo plazo para el Gobierno.