José Antonio Zarzalejos-El Confidencial

El ministro, en apenas 100 días de gestión en Interior, ha alterado su buena imagen convirtiéndose en un irreconocible inquisidor en vez de un garante escrupuloso de los derechos y libertades

Hacía años que un ministro del Interior no era militante del partido gobernante. Fernando Grande-Marlaska es independiente, por magistrado en servicios especiales y por decisión propia. Cuando fue nombrado en junio de 2018 y luego, de nuevo, en enero de este año, era un togado de prestigio con una larga trayectoria profesional: juez instructor; titular de un juzgado central en la Audiencia Nacional, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado y miembro, primero, y presidente, después, de la Sala Penal de ese tribunal.

Su experiencia jurisdiccional le avalaba tras la instrucción de casos de gran repercusión y su personalidad se proyectó notablemente con su biografía publicada en 2016 bajo el título ‘Ni pena ni miedo’. En ella describía una trayectoria vital muy diferente a la de todos sus predecesores a los que, se suponía, iba a aventajar en sensibilidad garantista y en empatía social.

La sorpresa ha sido que como ministro de Interior se ha revelado soberbio e implacable. La entrevista que se publicó el pasado 5 de abril en ‘El Correo’ de Bilbao mostraba a un personaje desconocido por altanero: “Este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada”, declaró. En esas fechas, ya formaba parte de la autoridad única delegada para el estado de alarma y la pandemia estaba en una de sus fases más críticas.

Hoy por hoy, el ministro de Interior del Gobierno de Sánchez es un político contradictorio con los criterios de la coalición (“progresista”) y también el responsable último de la Guardia Civil a la que ha infligido un serio deterioro en su reputación e imagen. Grande-Marlaska es incoherente porque está aplicando para sancionar las infracciones al confinamiento la llamada ‘ley mordaza’ (la 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en vez de manejar la de Salud Pública (3/2011). Por si fuera poco, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y otras policías autonómicas y locales) han propuesto e impuesto en lo que llevamos de confinamiento tantas multas (más 800.000) como las que se tramitaron durante los cuatro años anteriores de vigencia de esa ley, vilipendiada por socialistas, morados, independentistas y nacionalistas.

Al masivo procedimiento sancionador ha opuesto reparos la abogacía del Estado sin que el responsable de Interior haya atendido sus advertencias: debe preavisarse al ciudadano de la posibilidad de ser multado. De nuevo, Grande-Marlaska aduce que él ya dispone de asesoramiento en su ministerio y previene que la desescalada exigirá “más disciplina”. O en otras palabras y a juzgar por los antecedentes: más ‘ley mordaza’ y sin miramientos prudenciales o persuasivos.

Por lo demás, las detenciones por presuntos delitos de desobediencia, se han disparado. Todo ello está erosionando la libertad de circulación de los ciudadanos (artículo 19 de la Constitución) un derecho limitado pero no suspendido por el estado de alarma, muy diferente al de excepción.

Grande-Marlaska, además, ha utilizado a la Guardia Civil, tanto como lo hicieron de distinta manera antecesores suyos, denunciados por la izquierda por prácticas opacas y abusivas, en muchos casos ilegales (la deambulación por ‘las cloacas’). Él mismo calificó de “lapsus” el reconocimiento del general del instituto armado, José Manuel Santiago, de que una de las misiones de la GC consistía, no solo en perseguir presuntos delitos que se perpetran en las redes sociales, sino también aquellos mensajes que creasen un “clima contrario a la gestión de la crisis por instituciones del Gobierno”, con el objetivo de “minimizarlo”.

Días después se conoció que fue ese mando policial el que envió un correo a todas las comandancias con instrucciones para ejecutar, precisamente, la orden que el ministro se permitió calificar de “lapsus”. El deterioro que está sufriendo la libertad de expresión y prensa y la reaparición de la censura previa (artículo 20 de la Constitución) es una de las excrecencias del abuso de los poderes gubernamentales de emergencia.

La defensa de la libertad de expresión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el responsable de Interior tras su furibunda y demagógica crítica a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condenó a Isabel Serra, portavoz de UP en la Asamblea de la comunidad, por los delitos de atentado, lesiones leves y daños al oponerse a un desahucio en 2014, no fue compatible con el reconocimiento profesional de los agentes policiales que padecieron el comportamiento de la diputada autonómica. No solo no dio la cara por sus compañeros. Tampoco por sus subordinados.

Un repaso a la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 y a la reguladora del Régimen del Personal de la Guardia Civil de 2014, dejan en evidencia al ministro porque en ambas se imponen unos códigos de conducta a la Policía y a la Guardia Civil (especialmente de neutralidad política y de imparcialidad) que convierten en irregulares tanto la pulsión sancionadora que estamos comprobando como la intolerable vigilancia intimidante a la libre expresión de los ciudadanos.

Grande-Marlaska, en apenas 100 días de gestión en Interior, ha alterado su buena imagen convirtiéndose en un irreconocible inquisidor en vez de un garante escrupuloso de los derechos y libertades ciudadanas. Le lloverán reclamaciones judiciales que confirmarán que nos está ofreciendo su peor versión creando un ambiente de excepción al hacer expansiva la normativa de emergencia cuya vigencia se extenderá a todas las fases de la reversión del confinamiento.