Cuando un texto -jurídico, político o de la naturaleza que sea- puede interpretarse de manera que agrade a facciones o tendencias absolutamente opuestas es que ha sido pensado y redactado para complacerlas. Y eso es exactamente lo que ocurre con el dictamen sobre la amnistía elaborado por la Comisión de Venecia: que viene a ser lo que en términos populares se conoce como un «bienqueda». Y no porque su contenido carezca de argumentos puestos en razón o porque observe la ecuánime independencia que cabe exigir al arbitraje de una institución europea, sino porque ignora a propósito el fundamento real de la polémica al analizar la textualidad de la ley sin entrar en su motivación verdadera. Es decir, que sobrevuela el aspecto nuclear de la cuestión para eludir un pronunciamiento sobre el fondo del problema.

Se entiende que la discusión sobre el encaje constitucional de la norma es un asunto de derecho interno que queda fuera del perímetro de un peritaje de esta clase. Partiendo de esa premisa, las objeciones formuladas al proyecto son irrefutables, pero versan sobre su letra pequeña, la que se refiere al alcance de la impunidad –término que por descontado queda al margen–, a la indefinición de los ámbitos materiales y temporales, a la ausencia de mayoría parlamentaria reforzada o a las responsabilidades del poder judicial a la hora de controlar la aplicación individual de los criterios generales. Lo que falta es la letra grande, la causa esencial que da origen y lugar al debate.

Cualquier juicio sobre la amnistía queda invalidado si no tiene en cuenta su punto de partida, su carácter de moneda de cambio en una compraventa de franquicias recíprocas. Investidura por votos, inviolabilidad por apoyo, ése es el degradante ‘quid pro quo’ que la Comisión olvida junto con las reiteradas negativas anteriores del Gobierno sanchista. El estado de necesidad admitido por el propio presidente anula el resto de argumentaciones justificativas para dejar patente un descarnado contrato de ayudas a medida. Y la existencia, también obviada, de una negociación previa con los beneficiarios para sacarlos del radio de acción de la justicia convierte la operación en una transacción ilegítima, un flagrante tráfico de favores, un palmario acto de corrupción política.

Como nada de eso figura en la farragosa proposición aprobada en el Congreso, los comisionados se han hecho los suecos y han repartido consideraciones literalmente a diestro y siniestro, aceptando incluso la farfolla gubernativa sobre la reconciliación y demás silogismos chatarreros. Para compensar, han añadido alegaciones jurídicas que satisfagan a la oposición y dejen a todos contentos. El espinoso expediente queda cubierto con un informe aséptico que corre sobre el punto esencial del caso, el de la desviación de poder, una persiana de silencio. Una persiana veneciana, por supuesto.