La persistencia de las estructuras militares de ETA pesa como una losa sobre la credibilidad de la nueva formación. Resulta deseable que sus promotores se la quiten de encima antes de que el Tribunal Supremo emita su veredicto.
La detención, el pasado martes, de una célula durmiente de ETA, junto con el descubrimiento de doscientos kilos de material explosivo, ha suscitado interrogantes sobre las intenciones que albergan tanto la banda terrorista como la izquierda abertzale. Algunos de ellos son más pertinentes que otros.
Por comenzar por los que parecen menos pertinentes, habría que decir que lo ocurrido el martes no contradice los términos en que ETA declaró la tregua el 10 del pasado mes de enero. La insuficiencia denunciada en aquel alto el fuego «permanente, general y verificable» radicaba en que no preveía ni el abandono definitivo de las armas ni, mucho menos, su disolución. Nada hay, por tanto, que cuestione la veracidad de una tregua declarada en tales términos ni en la persistencia de comandos durmientes y arsenales.
Pero tampoco las intenciones de quienes promueven el nuevo partido desde la izquierda abertzale deberían verse cuestionadas por la reacción que han tenido ante este hecho. Sabíamos de antemano que uno de los puntos débiles de los estatutos radicaba en la limitación del rechazo de la violencia etarra a su ejercicio futuro, caso de que lo hubiere. Aquí no ha habido, de momento, tal ejercicio. De otro lado, no resulta pertinente cuestionar las rectas intenciones del nuevo partido por la renuencia mostrada por sus promotores a aplaudir la actuación de las fuerzas de seguridad. Basta con recordar cuánto tiempo le costó al nacionalismo democrático, así como a otras fuerzas progresistas, felicitarse por las detenciones de miembros de ETA.
Otra cosa es -y entramos así a formular las preguntas más pertinentes- si el hecho del pasado martes plantea o no serios problemas tanto a esa izquierda abertzale que pretende legalizarse como a la banda. Las formularé partiendo de una afirmación de decisiva importancia que se hace como de pasada en los estatutos del nuevo partido. Reza así: «Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia… rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneren derechos y libertades fundamentales de las personas» (art. 3. B).
Según esto, el rechazo que expresa respecto de ETA no se limita a sus acciones, sino que se extiende a la misma organización. Se rechaza, si no su misma existencia, sí su carácter de actora de las conductas descritas en el texto. Ahora bien, esas conductas -las vulneradoras de derechos y libertades fundamentales- son las que se asocian al aspecto militar de la organización, es decir al comando detenido y al arsenal descubierto.
Porque comandos y arsenales no tienen otra razón de ser que la de vulnerar los derechos y libertades de las personas. Así nos lo ha enseñado la experiencia. Desde esta perspectiva, a los promotores del nuevo partido les habría sido exigible expresar su posición de rechazo sobre el comando y el arsenal. Y es que la persistencia de las estructuras militares de ETA pesa como una losa sobre la credibilidad de la nueva formación. Resulta deseable que sus promotores se la quiten de encima antes de que el Tribunal Supremo emita su veredicto.
Por lo que concierne a ETA, suele decirse que su disolución es imposible, toda vez que se ve en la obligación de persistir, con el fin de negociar lo único que todavía podría quedar: eso que algunos llaman «las secuelas del conflicto». El eufemismo se refiere a la cuestión de los presos, refugiados y miembros activos de la organización. Pero, aun dando por buena esta extendida convicción, el caso es que la persistencia de ETA como organización militar es precisamente lo que se erige en obstáculo insalvable para esa negociación. Porque, habiendo llegado las cosas hasta donde han llegado, encontrándose en el estado de debilidad en que se encuentra, no es imaginable que Gobierno alguno se disponga a negociar con ella siquiera las llamadas «secuelas del conflicto» en tanto no deponga las armas.
ETA y la izquierda abertzale se encuentran en sendas encrucijadas. Esta última está tratando de salir de la suya rompiendo con su pasado y haciendo política en igualdad con los demás, es decir, sin el ventajismo con que había jugado hasta hace bien poco. Se encuentra, sin embargo, lastrada por la inercia de la primera, que no acaba de dar con la salida. Y es que ETA, o bien se resigna a ser desmantelada, comando tras comando y arsenal tras arsenal, hasta su definitiva liquidación, o bien da un paso hacia adelante y desmonta ella misma sus estructuras militares a fin de salvar los maltrechos muebles que aún podrían quedarle. Si no hace esto último, no sólo impedirá el futuro político de la izquierda abertzale, sino que se verá condenada a pasar por la vergüenza de ver cómo la sociedad democrática y el Estado de Derecho la desplazan incluso en la tarea de resolver las famosas «secuelas del conflicto».
De hecho, llevan ya aquellos algún tiempo tratando de hacerlo, pese al enorme obstáculo que les supone la persistencia de ETA, mediante sus políticas de atención a las víctimas, incluidas las llamadas «de motivación política», y sus medidas de reinserción de cuantos presos se desvinculen de la banda y muestren disposición a reparar a las víctimas. Es sólo el comienzo.
José Luis Zubizarreta, EL CORREO, 6/3/2011