EL MUNDO – 10/06/15
· El Tribunal Superior catalán rechaza la reclamación del Estado de abrir un nuevo plazo de matriculación.
Las familias que quieran que sus hijos estudien en las escuelas catalanas en castellano deberán seguir esperando. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó ayer la medida cautelar que solicitó la Abogacía del Estado para que se abriera un nuevo plazo de preinscripción y matrícula en las escuelas catalanas, de forma que las familias pudieran elegir el castellano como lengua vehicular. Los magistrados recuerdan que la petición no es procedente y destacan que la Ley de Educación de Cataluña impide «la segregación de alumnos por razón lingüística».
El auto establece que este tribunal ha acordado en otras resoluciones «una presencia mínima razonable del castellano como lengua vehicular de la enseñanza», porcentaje que ha establecido «en un 25% incluyendo no sólo la asignatura o materia correspondiente a la enseñanza de la lengua castellana, sino también, al menos, otra materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga». También indican que esta «prestación» se debe «efectuar colectivamente con los compañeros del alumno».
El TSJC explica que una medida cautelar como la solicitada por la Abogacía del Estado tiene «poco sentido», ya que «la solicitud no puede ser otra que el cumplimiento de la legalidad vigente, y tal petición es en esos momentos –de la preinscripción y matrícula– sin necesidad de un trámite específico». «Dicho de otra forma, la medida cautelar tendría un efecto paradójicamente restrictivo en la posición de los usuarios del servicio en la medida en que pondría límites a lo que ahora es libre», insisten los magistrados en su resolución.
Además, rechazan que las familias estuvieran desinformadas sobre las lenguas vehiculares en la escuela, tal y como argumentó la Abogacía del Estado. La resolución del TSJC, que no es firme, incorpora un voto particular de uno de los magistrados, José Manuel de Soler Bigas, quien opina que se deberían aceptar «parcialmente» las medidas cautelares solicitadas sobre la información facilitada a los padres, aunque no de forma individual, «tratándose de cientos de miles» de alumnos. El juez cree que el Govern debería facilitar la realización de la solicitud de uso vehicular del castellano para todos los alumnos preinscritos o matriculados para el curso 2015-2016.
A través del Ministerio de Educación, la Abogacía del Estado pidió en mayo facilitar a todos los alumnos preinscritos o matriculados en el sistema educativo la posibilidad de formular una solicitud de utilización vehicular del castellano en un plazo especial para el próximo curso.
Frente a esta resolución, el portavoz del Govern, Francesc Homs, aprovechó el fallo del TSJC para criticar el empeño que tiene en su opinión el Ejecutivo español en «cargarse el catalán» por la vía judicial. Homs insistió en el argumento habitual de la Generalitat cuando se cuestiona el modelo de inmersión lingüística: que este sistema ha demostrado su validez y que quien lo cuestiona pone en peligro la «cohesión social».
«El modelo de política lingüística en la escuela da resultados extraordinarios tanto en el conocimiento del catalán como del castellano. No se acaba de entender la obstinación del Gobierno de quererse cargar la lengua catalana», afirmó. En cualquier caso, Homs se felicitó del auto frente al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a quien acusó de «poner al servicio de un interés partidista toda la maquinaria del Estado».
Por su parte, Wert cree que el TSJC reconoce que «es preciso que para que el sistema actual, que utiliza el catalán como lengua vehicular, sea conforme al bloque de constitucionalidad no excluya en todos los casos la utilización como lengua vehicular del castellano, en una proporción razonable».
EL MUNDO – 10/06/15