Ignacio Camacho, ABC, 16/6/2011
Alterar bajo presión el funcionamiento de las instituciones es delito, y no digamos hostigar a las autoridades en la puerta de su domicilio. El ministro del Interior está obligado a preservar el orden, y si se lo desaconseja (?) su condición de candidato socialista tiene que dejar el cargo en manos de quien esté dispuesto a ejercerlo con responsabilidad.
DESPUÉS de haber permitido que Batasuna se instale en el poder, el Gobierno ha empezado a tolerar la batasunización de la calle a cargo de las excrecencias radicales del movimiento 15-M. La pasividad policial ante las algaradas antidemocráticas de los extremistas sólo se explica si alguien está pensando en utilizarlos como fuerza de presión y de choque. En los primeros días, cuando la revuelta de «indignados» era un fenómeno multitudinario y heterogéneo, la aplicación de la doctrina del mal menor ante la ocupación callejera podía tener cierto sentido, pero frente a esta crecida deriva de acoso, matonismo y borrokano hay excusas para la no intervención. Alterar bajo presión el funcionamiento de las instituciones es delito, y no digamos hostigar a las autoridades en la puerta de su domicilio. El ministro del Interior está obligado a preservar el orden, y si se lo desaconseja (?) su condición de candidato socialista tiene que dejar el cargo en manos de quien esté dispuesto a ejercerlo con responsabilidad.
El desdoblamiento de Rubalcaba apunta indicios de una esquizofrenia gubernamental, un giro del Gabinete hacia una actitud contradictoria con sus obligaciones de Estado. Arrinconado Zapatero hacia una posición residual, el ministro-candidato ha tomado el poder con ánimo de convertirlo en oposición de la oposición. El discurso oficial está virando hacia un populismo izquierdista que se muestra complaciente con las asonadas callejeras a los parlamentarios y los alcaldes y arremete contra la banca, como Valeriano Gómez, acusándola de provocar la crisis con los créditos fáciles que nadie impidió, por cierto, durante el primer mandato zapaterista. El PSOE fragua un mensaje de radicalismo incompatible con su actual posición de Gobierno, y actúa como si ya hubiese perdido las elecciones. Está buscando la complicidad de los extremistas para acorralar al PP y crearle un clima de hostilidad social. No se puede interpretar como casualidad que las protestas estén dirigidas sólo contra instituciones controladas por los populares y CiU; ayer le tocó incluso a un perplejo Cayo Lara. Nadie se ha concentrado hasta ahora, siquiera por disimular, a la puerta de un Ministerio. Y el mismo presidente, interpelado de forma directa, se despreocupó del cariz coactivo de la revuelta. Luego tuvo que rectificar la respuesta que le surgió a bote pronto. Sus preocupaciones actuales deben de estar orientadas a revolver los huesos de Franco.
El asunto tendría menos importancia si obedeciese sólo al desconcierto propio de los mareos políticos que sobrevienen tras un descalabro electoral. Lo que sucede es que se atisba el comienzo de una estrategia, de una especie de pinzautilitarista y oportunista entre un partido con responsabilidad de poder y de un difuso colectivo de alborotadores antisistema. Si no lo es, lo parece. Y no hay más que un modo de que deje de parecerlo.
Ignacio Camacho, ABC, 16/6/2011