Yolanda Díaz había ganado inicialmente la partida. Hasta hace apenas un par de semanas, había tenido manos libres para actuar y negociar con sus mejores aliados, los sindicatos, la reforma laboral, pero, coincidiendo con su mayor presencia mediática a cuenta del liderazgo de lo que la ministra de Trabajo denomina construcción de un frente amplio a la izquierda del PSOE, está viendo cómo se estrecha su campo de juego. Lo relevante, sin embargo, no es solo que la vicepresidenta Calviño intente achicar su territorio —a Pedro Sánchez tampoco le interesa que crezca ese espacio político—, sino que ahora sea la Comisión Europea quien hace el ‘pressing’. 

Era evidente que lo iba a hacer en algún momento, toda vez que Bruselas está claramente más alineada con Calviño que con Díaz, pero no de una forma tan descarada como lo hace en el documento revelado ayer por el Ministerio de Hacienda y firmado por la ministra María Jesús Montero con el comisario Gentiloni. 

Lo primero que sorprende es, precisamente, que la firmante por España sea la responsable de Hacienda y no la propia Calviño, que es quien ha centralizado las negociaciones con Bruselas desde que en julio de 2020 la Comisión Europea anunciara la disposición de fondos. Máxime cuando Montero no tiene responsabilidad directa sobre las dos cuestiones más peliagudas, que, como se sabe, son la reforma de las pensiones y los cambios en la legislación laboral. Además de otros muchos asuntos que tienen más que ver con la coordinación del Gobierno en cuestiones económicas que con la gestión de pagos e ingresos, que es el área específica de Hacienda. No en vano, el cumplimiento de los hitos —a cambio de dinero— es una cuestión política, no técnica.

Cabe recordar, en este sentido, que un documento muy parecido, como fue el que suscribió España con Bruselas en julio de 2012, el célebre MoU (‘Memorando de entendimiento’, por sus siglas en inglés), fue firmado por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador Luis Linde. Ni rastro del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, pese a tratarse, como ahora, de fondos que llegaban de Europa para salvar al por entonces maltrecho sistema financiero.

Un margen algo más que estrecho

Es más, en el documento publicado ayer, que crea una especie de superintendente que será el encargado de coordinar la llegada de fondos (también en Hacienda), se habla sin tapujos de que el acuerdo con la Comisión Europea está cerrado, lo que sugiere que el margen de maniobra es estrecho. 

O dicho de otra manera, o se hacen las reformas pactadas ya por el Gobierno con Bruselas al margen de las mesas de negociación o España tendrá problemas para que lleguen los fondos en los plazos previstos. Otra cosa es que tenga capacidad para presionar en el ámbito del Consejo Europeo, que tiene un componente más político, pero tampoco será fácil. Dependerá de la correlación de fuerzas que exista en cada momento. Lo que está en juego son ocho entregas de dinero que se pondrán a disposición de España entre el cuarto trimestre de 2021 (11.494 millones de euros) y el tercero de 2026 (4.597 millones). En total, 69.512 millones de euros a fondo perdido. 

El documento incorpora compromisos inauditos, por lo singular de la firmante y porque se obliga a publicar los acuerdos en el BOE 

El documento, de hecho, incorpora compromisos inauditos, tanto por lo singular de la firmante, la ministra de Hacienda, como por el hecho de que se obligue a publicar los acuerdos en el BOE, algo que puede resultar obvio, pero que parece reflejar el interés de Bruselas por dejar todo atado y bien atado. Es decir, elimina cualquier margen de maniobra de las mesas de negociación que vaya más allá de los principios generales. Hasta el punto de que en el documento se habla taxativamente de que la “autoridad comunitaria” y España “han acordado y firmado”, que es una forma amable de decir que las cartas están echadas y boca arriba. 

No es un asunto menor, teniendo en cuenta que ya España envió, y Bruselas aceptó, unos principios generales que son los que han servido hasta ahora de perímetro de las negociaciones con sindicatos y empresarios. Ahora ese perímetro es el que se ha achicado con mayor precisión, y con él el campo de juego en que podría haber maniobrado la vicepresidenta Díaz para llevar el agua a su molino.

Esto significa, ni más ni menos, que la política española entra en una nueva fase. No vienen los ‘hombres de negro’, pero sí un control exhaustivo, incluso superior al previsto inicialmente. Por ejemplo, en relación con el mecanismo de equilibrio intergeneracional de las pensiones, llamado a sustituir el fondo de sostenibilidad del PP, que sí incorporaba la esperanza de vida. La propuesta del ministro Escrivá lo obviaba, y de ahí que hay razones para pensar que este asunto entrará en la mesa de negociación de las pensiones como un obús, ya que los sindicatos lo rechazan de plano. Como, en sentido contrario, el aumento de las bases máximas de cotización para los trabajadores con mayores ingresos, algo que disgusta a los empresarios, ya que supondría un aumento de los costes sociales. 

Es decir, tras el documento suscrito por Montero y Gentiloni lo que hay, en realidad, es un campo de juego en el que en teoría juegan sindicatos, empresarios y Gobierno, aunque en verdad se trata de una partida que se juega con las cartas marcadas, ya que el verdadero jugador está en Bruselas. La vicepresidenta Calviño tiene razones para estar contenta.