EL MUNDO 14/11/14
· Investiga si los fondos que sufragaron la consulta partieron o no de la Generalitat
Han detectado pasividad en los mandos de la policía autonómica catalana y han decidido tomar la iniciativa. La Policía Nacional está investigando el comportamiento de Artur Mas y de su Gobierno ante la consulta del 9-N. Y busca, estudia y analiza cualquier indicio que les permita acreditar un comportamiento irregular o ilegal, una vulneración de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Una de las prioridades, según explicaron fuentes policiales a este diario, es tratar de demostrar la cesión del censo a las asociaciones ciudadanas para que lo utilizaran en la consulta. Y parece que las pruebas empiezan a acumularse en las mesas de los despachos de los investigadores.
Los agentes de la Policía Nacional han analizado todos los movimientos del Ejecutivo autonómico no sólo el 9 de noviembre, sino desde que éste puso sobre la mesa su intención de celebrar en dicha fecha un acto que podía vulnerar la legislación vigente. Se trataba de estudiar todos los comportamientos para poder elaborar investigaciones indiscutibles y aportarlas ante la Fiscalía.
Los Mossos d’Esquadra son una policía integral en Cataluña, con todas las competencias. Pero tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están legalmente facultadas para poder realizar investigaciones en todas las comunidades autónomas de España, incluida la catalana, cuando entiendan que se están cometiendo o se han cometido acciones contrarias a la Ley. A diario, ambos cuerpos llevan a cabo no sólo investigaciones, sino también operaciones contra los que vulneran las leyes.
Las fuentes consultadas por este periódico explicaron que, ya desde que se produjeron los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la pasividad detectada entre los mandos de los Mossos d’Esquadra ha sido enorme. Por este motivo, desde la Policía se interpretó que ese vacío debía tener una alternativa. Y la alternativa es que, al menos policialmente, se constate en informes las pruebas e indicios que acrediten un posible comportamiento delictivo del Ejecutivo de Mas, así como la posibilidad de que se hayan vulnerado las resoluciones del Constitucional.
No quieren que se pierdan las pruebas. Quieren acumular material –las pesquisas en algunos puntos están ya muy avanzadas– para hacérselo llegar a la autoridad judicial y que ésta tenga elementos de prueba suficientes a la hora de tomar decisiones.
Será la Fiscalía la que reciba en próximas fechas la información recopilada por la Policía Nacional y que trata de demostrar que detrás de todo el montaje de la consulta del 9-N está el Gobierno de Artur Mas.
Recuerdan que los mandos de los Mossos ni siquiera han trasladado las órdenes a los agentes para que identificaran a los responsables de centros educativos que abrieron para acoger a los voluntarios que organizaron la votación.
Además del censo, las gestiones están encaminadas también a acumular pruebas que corroboren las sospechas de que el dinero para sufragar el 9-N partió, de forma directa o indirecta, del Gobierno de Artur Mas.
El malestar policial por el comportamiento de los Mossos es enorme. Y la certeza de que detrás del movimiento del pasado domingo se encuentra la Generalitat de Cataluña es total.
Por este motivo, según explicaron estas mismas fuentes, quieren evitar que la actitud del Gobierno catalán quede en un limbo jurídico. Para ello, y para hacer ver claramente el malestar policial con lo ocurrido el pasado domingo, al menos dos de los principales sindicatos de la Policía Nacional ultiman sendas querellas contra el presidente catalán. Estas formaciones, que tratan de alcanzar acuerdos con el resto de sindicatos, prevén denunciar, al menos por desobediencia y malversación de fondos públicos, a Artur Mas en los próximos días.
Es probable que esta querella, además, sea ampliada a otros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Los impulsores tratan a estas horas de lograr un acuerdo con todos los sindicatos con el fin de que sean todos los representantes de la Policía Nacional los que avalen la querella contra el presidente autonómico.