MIKEL BUESA, LIBERTAD DIGITAL 09/02/13
· Desde hace aproximadamente dos años y medio hemos visto consolidarse, en el País Vasco, una política cuya premisa fundamental no ha sido otra que la de aparentar la desaparición del terrorismo en la región y, por ende, suponer que ETA se encuentra ya finiquitada. La política vasca se ha configurado, de esta manera, como si el terrorismo no existiera ni fuera una amenaza potencial sobre la sociedad. Por ello, hemos visto desgranarse, a lo largo de ese período, decisiones políticas de gran envergadura que configuran un panorama de muy difícil reversibilidad, como es el caso de la recuperación institucional del partido de ETA –que hoy ocupa escaños en el Congreso y en el Senado, por no mencionar el Parlamento de Vitoria, y que, sobre todo gracias a la incapacidad de los demás partidos para fijar los límites de su poder, maneja los gobiernos locales y sus dineros en más de un centenar de ayuntamientos, así como la Diputación Foral de Guipúzcoa– y también otras de menor relieve que, a la postre, implican la resignada aceptación del discurso de la izquierda radical abertzale con el que se tratan de blanquear los tremendos daños personales, materiales y morales que el terrorismo ha dejado en herencia sobre el País Vasco y también sobre la sociedad española.
Un ejemplo anecdótico –aunque no irrelevante– de esta política del como si lo ha dado recientemente la consejera de Seguridad del Gobierno de Urkullu, quien ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco ha solicitado el repliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil bajo la premisa de que «vivimos [sic] las expectativas de una realidad diferente», porque, según ella, «todo parece indicar que ETA está a punto de pasar página definitivamente [y de] cerrar [sic] para siempre las estructuras de planificación y ejecución terrorista». La señora Beltrán de Heredia confía así en que, en esta nueva etapa, podrá superarse lo que ha descrito de una manera un tanto confusa como «progresivo proceso de repliegue psicológico y físico (…) [de la] Ertzaintza hacia la autoprotección», para dar paso a una recuperación de «la confianza (…) y la autoestima profesional» de sus agentes. Y para ello, al parecer, además de la, de momento, desaparición virtual de ETA, la señora consejera parece requerir que la fuerza armada del Estado desaparezca del País Vasco y, de paso, el Gobierno de Madrid deje de ejercer las competencias que, en materia de seguridad, le encomienda con exclusividad la Constitución.
La política del como si prescinde, sin embargo, de la realidad. Y la realidad es que ni ETA ha desaparecido ni el terrorismo ha dejado de expresarse con su violencia física y simbólica en el País Vasco hasta el momento en el que estas páginas se escriben. Entre los proyectos que se desarrollan en la Cátedra de Economía del Terrorismo que dirijo en la Universidad Complutense hay uno de seguimiento y cuantificación de las actividades de ETA. Este proyecto se emprendió porque, a partir de 2004, siendo presidente Rodríguez Zapatero, el Ministerio del Interior decidió dejar de publicar información detallada acerca de ETA, seguramente para apoyar la negociación que había emprendido con esta organización terrorista, envolviéndola en un halo de ocultación de los hechos violentos, cuando no de desinformación acerca de ellos. Por cierto, que tal decisión no parece incomodar al actual ministro Fernández Díaz, que en esto de la información sobre ETA no ha cambiado las pautas establecidas por sus predecesores del partido socialista. Pues bien, en el marco de ese proyecto acabo de publicar un informe estadístico en el que se contienen datos hasta el final de 2012.
En dicho informe se refleja que ETA, después del primer trimestre de 2010, dejó de cometer atentados, y se señala también que la última oleada de cartas de extorsión a los empresarios se produjo en noviembre del mismo año. Y se muestra, por otra parte, que tanto las acciones de terrorismo callejero como las de carácter logístico no han cesado todavía.
En lo que concierne al terrorismo callejero, la información disponible indica que en 2012 hubo un repunte de las acciones violentas y de los daños producidos por ellas. Así, se cometieron 80 actos terroristas de esta naturaleza –cuando un año antes habían sido sólo 50–; en ellos se produjeron heridas a tres personas –ninguna en el año anterior– y se ocasionaron unos daños materiales valorados en 680.800 euros –nueve veces más que los 76.200 de la fecha precedente–. Que en el último año ha habido un incremento relevante en el terrorismo callejero es una realidad incontrovertible, aunque –sobre todo por parte de Rodolfo Ares, consejero de Interior en el anterior Gobierno vasco– se trate de ocultar reiteradamente negando su existencia. No obstante, hay que añadir que los niveles alcanzados se encuentran lejos de los que se registraron hasta 2010, cuando los ataques se contaban por centenares, los heridos por decenas y los daños por millones.
En cambio, en el terreno de la logística los datos señalan una actividad decreciente de ETA. Aunque esta información no es nunca completa, parece claro que, por ejemplo, los robos de vehículos han ido decayendo, siguiendo así una tendencia que se afirma desde 2009. Y otro tanto se puede decir de los depósitos de armas y explosivos de los que se han incautado las fuerzas de seguridad, aunque en este caso el descenso tiene lugar desde mediados de 2011.
Otro indicador que señala la persistencia del terrorismo es el que se refiere a las detenciones de militantes y colaboradores de ETA. En 2012 se registró un total de 35, casi la mitad de las que tuvieron lugar un año antes, lo que es coherente con el decaimiento de las acciones terroristas. Pero, por el contrario, con respecto al terrorismo callejero, las detenciones –que suelen mostrar un estrecho paralelismo con los ataques perpetrados– se incrementaron al doble, al pasar de 19 en 2011 a 42 en 2012.
En definitiva, todos estos datos señalan que el terrorismo persiste en el País Vasco con un carácter que, en este momento, es residual. Ello no impide que, dependiendo de los objetivos políticos inmediatos de ETA y del movimiento que tutela ––al que sus propios integrantes denominanizquierda abertzale–, pueda intensificarse la presión violenta sobre la sociedad y sobre el Gobierno. Por ello, la política del como si puede conducir, tal como he señalado al comienzo de este artículo, a errores que refuerzan el poder de ETA. Y conduce, sin duda, a que quienes hemos sufrido directamente los efectos de su violencia percibamos con nitidez la amenaza del olvido y el presagio de la injusticia.
MIKEL BUESA, LIBERTAD DIGITAL 09/02/13