Suena el toque de queda y nuestros mecanismos públicos de ayuda deben batirse en retirada. Y es que Bruselas ha llamado a cuadrar las cuentas públicas que han campado a sus anchas durante el último trienio ahora que el BCE, centrado en la lucha contra la inflación, no está en condiciones de realizar políticas compensatorias, sino al contrario, obligado a restringirlas.

Lo novedoso y lo relevante es que los veintisiete miembros de la UE han convenido en rescatar la obligatoriedad de los dos pilares de su gobernanza fiscal, las llamadas reglas áureas, con el doble objetivo de alcanzar un déficit fiscal no superior al 3% y una deuda pública que no rebase en 60% del PIB. Bien es verdad que las nuevas reglas fiscales contienen una buena dosis de tolerancia: la Comisión Europea fijará para cada país una senda del llamado ‘gasto primario neto’, excluyendo de su computo gastos cíclicos como los intereses o políticas de empleo. Los países miembros diseñarán planes de ajuste a cuatro años, extensibles a siete, en un escenario de reformas justificadas o de inversiones excepcionales. Como regla, cuando un Estado miembro rebase el déficit del 3% y tenga abierto el tradicional ‘procedimiento de déficit excesivo’ deberá hacer un ajuste estructural del 0,5% anual, que para España equivaldría a unos 6.700 millones de euros cada año. ¡Imponente factura!

España terminó 2023 con una deuda del 108% y un déficit del 3,9%. No es el único país al que la lucha contra las dos crisis más recientes ha llevado a rebasar los umbrales estatutarios europeos. Los niveles de deuda de Grecia (152%), Italia (141%) o Francia (109%) superan el nuestro. Al igual que los porcentajes de déficit de Italia (-4,4%), Francia (-4,4%) o Bélgica (-4,9%), que tendrán el listón más alto. Y a modo de descargo, España es el cuarto país de la UE con mayor reducción del déficit desde la pandemia, ya que en dos años ha caído a la mitad, pasando del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022 y al 3,9% en 2023.

Al igual que sucede con la fijación del 2% para una inflación óptima, aceptada por la vasta generalidad de los países del planeta, los porcentajes del 3% (déficit) y 60% (deuda) no dejan de ser arbitrarios y discutibles. Lo que no es discutible y se convierte en un hecho objetivo es que la disciplina financiera del déficit, y su resultante, la deuda, obedece a tres virtudes fácilmente defendibles.

La primera consiste en que el servicio de la deuda resta financiación para otras prestaciones esenciales, sean de índole social o de inversión. España pagará 31.275 millones de euros de intereses en 2023, un 2,15% del PIB, el doble del importe destinado a Investigación y Desarrollo, con 16.328 millones de euros, y equivalente al 36% del presupuesto de Sanidad. Las dotaciones a intereses, que aumentarán cada ejercicio, representan de hecho un despilfarro en términos de oportunidad.

En segundo lugar, el tipo de interés de cada nueva emisión vendrá fijado por la credibilidad que la comunidad internacional otorgue para su repago, que a su vez viene influenciado por el volumen acumulado total. Los inversores institucionales seleccionarán los países de mayor solvencia, exigiendo tipos más altos a los países más endeudados. Llegado el caso, como sucedió en el verano de 2012, el mercado puede cerrar el acceso a la financiación de un Estado. Una situación límite con rango de quiebra financiera. Fue el caso de Irlanda, Portugal, Grecia y España.

Una tercera razón se concreta en la necesidad de disponer de un espacio fiscal para poder reaccionar ante nuevas crisis desde un posicionamiento sólido y favorable.

El objetivo de simplificar las anteriores reglas fiscales no se ha cumplido del todo. Las normas continúan dependiendo de demasiadas variables en opinión de los expertos. Los cambios acordados por los Veintisiete deben discutirse aún entre los países, la Comisión Europea y la Eurocámara. Previsiblemente eso sucederá en este primer trimestre de 2024, pero de momento el Gobierno hará bien en hacer números y estudiar por dónde conviene apretar el cinturón al paciente español para producir los menores daños posibles. Y, por supuesto, subir impuestos es una forma dolorosa y dañina de apretar el cinturón.