CADA tanto salen algunos jueces españoles con la irritante cantinela. El gobierno tiene que hacer política. Los jueces no pueden resolver el conflicto en Cataluña. El gobierno no puede esconderse detrás de los jueces. Hasta el otoño final de 2017 el gobierno Rajoy hizo mal las cosas en Cataluña. Tan mal como todos tus antecesores, aunque con el agravante que había un levantamiento contra la democracia que no quiso ver. Lo hizo mal, pero hizo política. Contemporizó con los rebeldes hasta tal punto que la fiscal general del Estado se negó a que procesaran por malversación a Artur Mas, el que lo empezó todo y hoy un hombre libre. Los jueces y los fiscales participaron de este ambiente contemporizador. La mañana del 9 de noviembre el fiscal jefe de Barcelona dijo que no detuvo a nadie porque no sabía a quién detener. Y eso que el propio Mas había declarado a pecho descubierto: «Yo soy el responsable». A partir de este otoño el gobierno siguió haciendo política. A algunos, como yo mismo, les gustó mucho más la nueva política que la otra. Porque política y no otra cosa fue destituir al gobierno desleal en pleno, disolver el parlamento y tomar el control de la autonomía. Esas medidas políticas fueron el prólogo de las que obligatoriamente tomaron los jueces, que fue la de meter a ese gobierno en la cárcel, por decirlo de manera plástica.

Cuando un político decide incumplir la ley los que deben intervenir, como ante cualquier otro delito, son los jueces. A la política se le responde con política pero al delito se le responde con justicia. Es una faena, ciertamente, pero qué vamos a hacerle. Los ciudadanos esperan, por cierto, que los jueces cumplan eficazmente con su tarea. Y hay crecientes dudas de que lo estén haciendo. El arrogante error del juez Llarena no atendiendo las previas advertencias de la fiscalía belga ante los defectos de su euroorden es el último de una instrucción errática, contradictoria y que parece poco meditada y menos trabajada. Tanto los jueces belgas como los alemanes, y ya veremos los ingleses, amenazan con dejar en lugar muy delicado el sintagma justicia española cuando esta tenga que pronunciarse sobre los insurrectos catalanes. El panorama de una justicia europea que absuelve y otra española que condena sería puramente letal. Habría múltiples explicaciones para semejante fracaso. Pero una fundamental sería que desde las vísperas del 9 de noviembre de 2014 la justicia española lleva haciendo política, inevitablemente espuria, con el Proceso.