ABC 17/02/17
IGNACIO CAMACHO
· Un veredicto de mil folios constituye una aberración jurídica, sumada a la de un proceso de desmesurado retraso
MIL folios, arriba o abajo, tiene la sentencia del caso Nóos que será publicada hoy a las doce de las mañana. Unos minutos después, los dirigentes y portavoces políticos tendrán lista una opinión para publicar en Twitter –140 caracteres incluidos los espacios– y a eso de las dos se sentirán en condiciones de ampliarla en las tertulias del mediodía y en los telediarios. Comentarios concluyentes, indubitables, enfáticos, pronunciados con la solemnidad engolada de los expertos en la democracia del canutazo.
Un veredicto de mil folios constituye una aberración jurídica, que se suma a los siete meses empleados por el tribunal para redactarlos. En total, desde la denuncia inicial de irregularidades, han transcurrido once años, y siete desde la primera diligencia del juez Castro. Esas cuatro cifras bastan para destruir cualquier noción de seguridad jurídica, por más que esta haya pasado a ser en España un concepto meramente abstracto. En ese tiempo, el paradigma social y político del país, esencial en la dimensión pública del asunto, se ha transformado. Ha mediado incluso, como consecuencia parcial o colateral, la abdicación de un Rey, y la legitimidad de la acusación particular contra la Infanta ha saltado en pedazos.
En realidad, es la suerte penal de Cristina de Borbón la que desde el principio otorga relevancia al caso. Sin ella se trataría de un episodio más de corrupción, una trama de tráfico de influencias y favores propia de los felices tiempos del
pelotazo. La dilación del fallo y su larguísima extensión sugieren discrepancias entre las componentes del tribunal, más allá de la relativa complejidad del sumario. Por ramificadas que estuvieran las actividades de Urdangarin y sus socios, por enmarañado que fuese su modus operandi, por dispersa que se hallase la documentación probatoria, este proceso no representa en modo alguno complicaciones tales que justifiquen su desmesurado retraso. La presencia de altas personalidades implicadas tampoco puede servir de coartada para esa innecesaria demora que representa, se mire como se mire, un agravio.
Todo ese galimatías procesal va a quedar en pocas horas reducido a unos cuantos renglones de la sentencia, los que resuelvan la acusación contra la Infanta. A partir de ahí, la opinión pública creará su propio debate extrajurídico, basado en los prejuicios ideológicos y en la pulsión emotiva, populista, de estados de ánimo. Era esta una cuestión inevitable desde el momento en que la causa afectaba al entorno de la Corona, pero la lentitud de la instrucción y del juicio ha permitido su transformación en materia de espectáculo. El único aspecto positivo de tanta tardanza, de tantos vericuetos y de tanto escándalo es que han proporcionado tiempo suficiente, a costa del crédito de la Administración de justicia, para construir cortafuegos políticos en torno a las instituciones claves del Estado.