Este Gobierno mantiene una relación digamos que extraña, ‘sui generis’, con el delito y los delincuentes. Al tiempo que crea figuras penales nuevas –ley de Bienestar Animal, por ejemplo– suprime algunas de las de siempre para premiar a los socios que lo sostienen. A esto último lo llama normalización, que en el neolenguaje sanchista significa dar carta de naturaleza a la anomalía, estandarizar la irregularidad o transformarla mediante artimañas de ingeniería jurídica. En las últimas semanas ha ido creando toda una superestructura semántica –«rencuentro, reconciliación, generosidad»– para envolver la amnistía en un celofán de connotaciones positivas que disimulen la llana intención de ceder al chantaje separatista y desautorizar a la justicia dando por olvidada la insurrección y todas sus transgresiones sobrevenidas. Borrar la sedición del ordenamiento no era suficiente: por siete votos de investidura hay que ignorarla, omitirla o tal vez reconocerla como una manifestación política legítima.

En realidad, el proceso de retroabsolución o blanqueamiento del golpe catalán se ha producido ya mediante la aceptación de sus responsables como interlocutores ordinarios, en primera instancia, y luego como aliados. La incorporación de Esquerra al bloque de apoyo gubernamental fue el primer paso, al que sucedieron los indultos, la reforma penal a medida y ahora la negociación con Puigdemont como último peldaño de esa escalera hacia la capitulación ‘a posteriori’ del Estado. En paralelo corre el enlucido de la fachada de Bildu, con su correspondiente relato de prescripción moral de la memoria del terrorismo y los beneficios penitenciarios a su larga nómina de asesinos. La amnistía, cuando llegue, denominada con algún subterfugio elusivo, será sólo la oficialización normativa de esta deriva de entreguismo que concede salvoconductos de progresistas a los autores convictos o prófugos de un considerable racimo de delitos.

Y aún quedará pendiente, ya casi como letra pequeña, la exculpación del fraude de los ERE, bien por la vía de la gracia directa, es decir, de la dispensa de condenas, o por la más probable revocación en el Constitucional de los fundamentos de la sentencia. Si el poder socialista se arroga la facultad de anular las ilegalidades ajenas será difícil que pare mientes ante las que ensucian su propia trastienda. Se trata de corregir a plumazos cualquier tacha –revueltas, malversaciones, corruptelas diversas– que empañe el discurso de superioridad ética de la izquierda. De dejar claro que la buena relación con el sanchismo constituye motivo de dispensa. Y de camino, asentar la autoridad del Ejecutivo sobre la teórica autonomía de los jueces y sobre los ciudadanos que aún se creen iguales ante las leyes. Como dice un procaz adagio popular, a los amigos el culo, a los enemigos por el culo y a los indiferentes, la legislación vigente.