Si existen dos circunstancias que ocupan y preocupan hoy a la ciudadanía vasca, esas son el evidente deterioro de nuestra sanidad, antaño la joya de la corona del autogobierno vasco. Y la creciente carestía de la vida, con una inflación disparada que está empobreciendo a miles de familias.

En este contexto desde Ajuria Enea se había filtrado que el debate anual de Política General que abre el curso político en el Parlamento de Vitoria, y que se celebró ayer, se alejaría de estériles discusiones sobre las aspiraciones de autogobierno del nacionalismo, para tomar tierra en lo que de verdad ocupa a los ciudadanos. Y así fue.

El lehendakari se plantó en la Cámara con un plan concreto para empezar a coser lo mucho que se ha deshilachado en nuestra sanidad. No sólo por culpa de la pandemia, como intenta escudarse el PNV, que también. Sino por los evidentes errores de gestión de los sucesivos responsables nacionalistas del área. Y ello incluye desde una financiación insuficiente, a una errónea política de personal, hasta la incapacidad para convocar una oferta pública de empleo limpia.

Urkullu prometió ayer 358 plazas nuevas de medicina familiar. La celebración de la segunda fase de las pruebas de selección para cubrir 3.525 puestos. La convocatoria de 3.723 plazas de estabilización. Y hasta tres OPE de reposición. El objetivo es rebajar la tasa de temporalidad del 40% al 7%. Además se terminarán o se reformarán casi una veintena de centros de salud.

Es muy posible que con ello no se solucionen todos los males que se han ido acumulando durante años. Pero al menos será un primer paso en la buena dirección para reforzar una sanidad que pese a los pesares sigue siendo puntera en España.

Respecto a la inflación y a la carestía de la energía, pero también de otros bienes y servicios de primera necesidad, el lehendakari prometió la inmediata puesta en marcha de un plan dotado con 400 millones de euros. Ese dinero saldrá de los Presupuestos vascos, del dinero que se reciba de Europa y del recargo a las energéticas y a las financieras por sus beneficios extraordinarios, anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Un impuesto que el PP de Alberto Núñez Feijóo rechazó inicialmente de plano, aunque luego se mostró dispuesto a apoyar al ver que Europa anunciaba algo similar, siempre que el modelo español fuera idéntico al de Bruselas. Que todavía no se sabe ni cómo ni cuánto llegará al País Vasco. Y que servirá para elevar un 10% las ayudas de emergencia social o para ayudar al sector alimentario.

Con unas elecciones municipales y forales a ocho meses vista y unas generales a quince, la oposición no va a tener fácil desmarcarse de estas y otras propuestas del Gobierno PNV-PSE -como rebajar la interinidad en la educación del 35% al 3%- para marcar perfil propio si el lehendakari es también dúctil a sus demandas. Veremos.