El protagonismo que tendrán los Mossos d’Esquadra en las últimas etapas del proceso soberanista y la presión que ejerce la CUP sobre la policía de la Generalitat han convertido al cuerpo en moneda de cambio entre los partidos independentistas. En concreto, con los nombres de quienes ocuparán la cúpula policial cuando, llegado el momento, se ordene a sus aproximadamente 17.000 agentes ignorar las leyes españolas y acatar el nuevo marco jurídico catalán recogido en la conocida como Ley de Transitoriedad Jurídica.
Según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de los contactos puestos en marcha, quien se encuentra en el punto de mira para ser el primer sustituido conforme se acerca el final de la legislatura es el director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle. Las mismas fuentes sostienen que el PDeCAT –la extinta CDC– maniobra desde hace tiempo para situar en el cargo a Brauli Duart, ex presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales de la Generalitat, un político con experiencia en el Departamento de Interior y que cuenta con la confianza del ex presidente de la Generalitat Artur Mas. Fuentes del entorno de Batlle consultadas por este diario sostienen que el director de los Mossos no ha sido informado de nada y mantiene «la calma» sobre su continuidad.
Junto al del conseller de Interior, Jordi Jané, el nombre de Albert Batlle es el más repetido por la CUP como una eventual rémora para el proceso soberanista cuando haya que «desobedecer» a los jueces o a la Fiscalía. La formación anticapitalista, de hecho, no ha ocultado nunca su voluntad de que el veterano político sea destituido.
La primera vez que la CUP reclamó la dimisión de Batlle fue en mayo de 2016, tras el desalojo por parte de los Mossos del local okupa del Banc Expropiat, en el barrio de Gràcia de Barcelona. La presión sobre el director de la policía aumentó todavía más después de que los Mossos detuvieran, entre noviembre y diciembre del año pasado, a siete miembros del partido anticapitalista, cinco de ellos acusados de quemar fotos del Rey. Los otros dos fueron la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, y el concejal de Vic Joan Coma. Este último es el primer cargo electo acusado de sedición.
Las dudas sobre la continuidad de Batlle al frente de la Dirección General de Policía se han incrementado desde el 17 de febrero, cuando reiteró en una entrevista en TVE que los Mossos seguirán cumpliendo con «la legalidad vigente». Cuestionado en la misma entrevista sobre si daría la orden de detener a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, imputada por desobediencia al Tribunal Constitucional, Batlle dijo: «Es un caso que no nos planteamos». Pese a ello, recordó que los Mossos tienen la obligación de actuar cuando así se lo reclamen la Fiscalía o los jueces. «La policía debe hacer eso. No puede hacer otra cosa», zanjó.
La sustitución de Batlle no será inminente, pese a que es reclamada por sectores del soberanismo que desconfían de él por su pasado bajo gobiernos del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. En el PDeCAT trabajan con la posibilidad de situar en el cargo a un hombre vinculado estrechamente al soberanismo como Brauli Duart, uno de los considerados como miembros del pinyol de Artur Mas, su grupo de mayor confianza.
Duart ocupa actualmente un asiento de consejero en la Corporación de Medios Audiovisuales desde que en abril de 2016 se apartara por motivos de salud de la presidencia del ente que controla TV3 y Catalunya Ràdio. Miembro del aparato de la vieja CDC, es uno de los altos cargos que más años lleva en nómina de la Generalitat. Con Jordi Pujol ya ocupó cargos en Interior, departamento del que fue secretario general. Su nombre ya sonó en 2014 como uno de los posibles sustitutos del anterior director de los Mossos, Manel Prat.