Para que luego digan que nuestros gobernantes defienden la separación de poderes. Los mensajes de la ‘presionadora’ nacionalista no pueden ser más claros: pobre del próximo presidente de los jueces que se atreva a sentar en el banquillo a un lehendakari. La campaña contra Ruiz Piñeiro podría llamarse ‘operación castigo’ y no ha hecho más que empezar.
Después del sobreseimiento de la causa contra Ibarretxe y López por haberse reunido con la ilegalizada Batasuna, no cabría otra actitud, por parte de los políticos, que la de esperar la decisión del Tribunal Supremo cuando estudie los correspondientes recursos de la acusación popular. Mientras tanto, prudencia, chitón y, sobre todo, respeto hacia los magistrados. Pero la ‘presionadora’ política está imparable. La maquinaria sigue su curso aunque reine ya el silencio en la sala de vistas de Bilbao. Faltaría más. Estamos en pleno fragor electoral. Porque se trata de una campaña doble, para ser exactos: la del lehendakari del próximo Gobierno y la del presidente del Tribunal Superior, cuya renovación deberá producirse en febrero.
Nada más conocer el archivo de la causa, todos los partidos del Gobierno vasco y los nacionalistas en general han ‘zumbado’ al presidente de los jueces vascos, Fernando Ruiz Piñeiro, hasta en el carné de identidad. El hecho de que el juez hubiera aceptado la acusación popular como vía suficiente para abrir causa penal (circunstancia que también se dio en el ‘caso Atutxa’) está sirviendo de excusa al Ejecutivo de Ibarretxe y a los abertzales en general para convertir a Ruiz Piñeiro en el saco de todas sus iras. Y desde el Gobierno de Ajuria Enea, cuyo lehendakari ya lanzó su abierta advertencia para que la Justicia no vuelva a molestarle por entrevistarse con el partido político de ETA, no tienen reparo alguno en decir quién les gusta y quién no para presidir el próximo Tribunal Superior.
Tal como suena. Desde el PNV, Iñigo Urkullu clama al cielo apostando por la separación de poderes. Pero las actitudes de los suyos desactivan de inmediato el mensaje. La portavoz Miren Azkarate reconoce que si el actual presidente del Tribunal, Ruiz Piñeiro, presentase su candidatura a la reelección, «solicitaríamos al Consejo General del Poder Judicial que no la tomase en cuenta». Para que luego digan que, desde el ámbito político, nuestros gobernantes defienden la separación de poderes. Esta actitud, en el mundo de los mortales que se rigen por las normas de un Estado de Derecho, se llama injerencia. Es decir: que el Gobierno vasco piensa entrometerse en un asunto que le debería ser ajeno y ya pocos se escandalizan. Quienes forman parte del mundo de la judicatura reconocen que , en efecto, la pretensión de Ajuria Enea de querer un presidente de los jueces a su gusto resulta una injerencia «de manual».
El proceso electoral entre los magistrados vascos es amplio porque concierne a la renovación de tres presidencias de Sala, además de las presidencias de las tres Audiencias. Pero toda la atención de los políticos nacionalistas se centra en la figura del próximo presidente de los jueces. Los mensajes de la ‘presionadora’ no pueden ser más claros: pobre del próximo presidente que se vuelva a atrever a sentar en el banquillo a un lehendakari. La campaña contra Ruiz Piñeiro se podría llamar ‘operación castigo’ y no ha hecho más que empezar.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 14/1/2009