Se acabó, si es que alguna vez lo hubo, el paréntesis electoral. Si la prospectiva política fuera como la meteorológica, en este momento, nueve de cada 10 analistas predecirían que la primavera de 2022 traerá consigo al menos dos convocatorias de elecciones anticipadas: para el entorno de la Semana Santa, en Castilla y León. Y a las puertas del verano, en Andalucía. Y por si las moscas, aunque con mayor cautela, recomendarían tener también un ojo puesto en la Comunidad Valenciana y, ¿por qué no?, incluso en Murcia. 

Aunque formular apuestas seguras sobre decisiones que dependen del humor de una sola persona son ganas de hacer el ridículo, las dos primeras parecen cantadas, En Castilla y León, los síntomas empiezan a ser abrumadores. El Gobierno de coalición PP-Cs está en minoría desde que se fugó una procuradora de Ciudadanos. La relación entre los de Mañueco y los de Igea es sordamente áspera. La inminente votación de los presupuestos regionales está en el alambre, pendiente del apoyo de un procurador de Por Ávila (una de las fuerzas provinciales embarcadas en el proyecto de España Vaciada).

La derrota del presupuesto provocaría la convocatoria inmediata. Pero, aun salvando ese trance, persisten fuertes incentivos para llamar a las urnas. En marzo se cumplirá un año desde la moción de censura que presentó la izquierda. A partir de entonces, pueden volver a intentarlo en cualquier momento. Con 40 procuradores en la mayoría gubernamental frente a 41 en la oposición, la probabilidad de que saliera adelante es elevada. A Mañueco le habrían hecho la misma jugada que a Rajoy en 2018 y el PP pasaría el resto de la legislatura penando su falta de previsión en un territorio estratégico.

Por el contrario, anticipar la votación presenta tres ventajas adicionales: se garantizaría el Gobierno para cuatro años, ya que su Estatuto no obliga a repetir la elección en 2023, como sucede en Madrid. Restaría tiempo y recursos para que cristalice la operación España Vaciada, que tiene en Castilla y León su principal escenario operativo. Y ‘last but not least’, daría una alegría a Pablo Casado, interesado en castigar a Sánchez con una sucesión de derrotas electorales en territorios clave y en que Ayuso no sea la única baronesa del PP orlada con un triunfo arrollador en las urnas.

Una encuesta reciente de Metroscopia sugiere una mayoría holgada del PP y Vox. Pero aún otorga a Ciudadanos un 5,3% de intención de voto, con el que obtendría un solitario escaño en Valladolid. En las otras ocho provincias, el voto naranja se perdería. Pero si PP y Ciudadanos concurrieran en una lista, la suma de ambos alcanzaría el 42%, todos sus votos serían productivos y la mayoría absoluta estaría casi garantizada. Mañueco dispondría hasta 2026 de un Gobierno monocolor libre de la hipoteca de Vox, con el único coste de conceder algunos puestos en las listas a sus actuales socios. 

En Andalucía, votar en junio parece ser el punto de encuentro entre Moreno Bonilla —reticente al adelanto— y Casado, que lo quiere cuanto antes. Cualquiera que conozca la política andaluza sabe que una campaña de primavera-verano es ideal para el partido dominante. Aquí se repite el esquema anterior: Ciudadanos lucha desesperadamente por sobrevivir, pero su voto residual se perdería en la mayoría de las provincias y abocaría al PP a quedar atado a Vox. Una única lista de los actuales socios de gobierno daría a Moreno una muy probable mayoría absoluta. Si Ayuso hubiera hecho eso mismo en mayo, hoy tendría ¡73 escaños! en la Asamblea de Madrid.

Vamos al escenario nacional. Si en abril de 2019, tras haber desechado un posible Gobierno de centro izquierda con 180 diputados en el congreso, Albert Rivera hubiera aceptado la oferta del PP de reproducir la fórmula navarra en toda España, esa lista conjunta habría obtenido 115 escaños por 110 del PSOE, y la actual mayoría sanchista no existiría. Rivera tuvo dos ocasiones consecutivas de evitar el actual Frankenstein; perdió las dos y se perdió. Lo extraño es que aún se pregunte por qué a la tercera le pasó lo que le pasó. 

En la última oleada del Observatorio Electoral de El Confidencial, el PP y el PSOE aparecen prácticamente empatados en votos y en escaños: 105 frente a 104. Ciudadanos tiene un raquítico 2,3% y un único escaño que desaparecerá en cuanto baje un par de décimas en Madrid. El 2,3% parece muy poco, un porcentaje insignificante. Pero con una participación equivalente a la de las últimas elecciones, serían más de medio millón de votos. Si se hace el ejercicio de añadir, provincia a provincia, el voto residual de Ciudadanos a la estimación del PP, se deshace el empate: la lista del centro derecha obtendría una ventaja sobre el PSOE de 600.000 votos y 15 escaños, Vox perdería cinco escaños sobre la estimación actual y la investidura de Casado sería más verosímil. 

En escenarios electorales fragmentados, cualquier porcentaje es valioso, por pequeño que parezca. El partido de Arrimadas —lo que queda de él— ha comprendido que su situación es terminal y ya solo trata de convencer al PP de que su pequeña aportación, en una fusión electoral (que más bien sería una absorción pactada), podría ser decisiva para sacar a Sánchez de la Moncloa y reduciría la dependencia de Vox. Pero ante el rechazo, no le quedará otra que presentarse y morir con dignidad en el campo de batalla.

No es buena idea obligar a Ciudadanos a sobrevivir y hacer de UPyD, cuando ya solo busca expirar en paz contribuyendo a la alternativa de poder. Ese partido no tiene ya ningún futuro como opción política autónoma, no sirve ni como bisagra. Por eso su estrategia es negociar con lo que le quede mientras le quede algo. Pero tampoco se producirá su exterminio total: si se ve forzado a comparecer contra su voluntad, obtendrá unos pocos cientos de miles de votos improductivos que restarán un margen decisivo para la derecha en el reparto de escaños. Le guste o no a Teodoro García Egea, los poquitos votos que le quedan a Inés Arrimadas siguen valiendo su peso en oro: probablemente se comprobará esta primavera en Castilla y León y en Andalucía. Por no hablar de la tentación de los cuadros de Ciudadanos (concejales y diputados autonómicos en pánico) de escapar de la quema buscando refugio en la emergente España Vaciada. 

Absorber a Cs por las buenas apuntalaría las opciones para una mayoría de la derecha, fortalecería al PP frente a Vox y, quizás, engrasaría el tránsito de algunos votantes hastiados del sanchismo. Tratar de enterrarlo por las malas sería hacerle un favor a Sánchez y otro a Abascal. Como en la historia de Gila, Arrimadas diría entre los escombros: no me dejaron muerta, sino mal fusilada.