La primera huelga general contra el Gobierno de Pedro Sánchez no la han convocado los sindicatos tradicionales, pero esa es solo la primera paradoja de esta movilización del transporte que está bloqueando en cadena la economía española, como una enfermedad paralizante que afecta progresivamente a todos los organismos del cuerpo. Hasta ahora, los sindicatos mayoritarios, así llamados, UGT y Comisiones Obreras, lo han respetado tanto que hasta han firmado con este Gobierno la reforma laboral por la que le convocaron a Mariano Rajoy una huelga general cuando todavía no había cumplido ni los 100 días al frente del Gobierno, en 2011. 

Pedro Sánchez podría haber mantenido ese récord de ser el único presidente del Gobierno al que no le han convocado una huelga general, pero, a tan solo unos meses de que se cumplan sus primeros cuatro años en la Moncloa, desde aquella primera moción de censura triunfal, al Gobierno socialista le ha estallado en las calles una huelga general real, más contundente y devastadora que las convocadas durante un día, en las que la actividad se detiene, como un festivo inesperado en mitad de la semana, y al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Esta huelga es general por sus efectos, no por su nombre. Es progresiva. No la han convocado los sindicatos tradicionales, ni siquiera todos los sectores que se están viendo afectados, aunque todos estén igualmente cabreados, pero las consecuencias van cayendo sobre todos ellos, uno tras otro, y cada día que pasa el vacío de la paralización se va haciendo más grande.

Hace nueve días, cuando comenzaron las protestas de los transportistas, nadie podía calcular las consecuencias en una sola semana, quizá porque nadie valoraba la determinación y la fuerza de quienes habían convocado la huelga. Es esa Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, a la que en todas las informaciones se la apellida de ‘minoritaria’, pero que ha conseguido paralizar, según dicen, al 50% del sector. En todo caso, sobran los porcentajes: la evidencia es la que cuenta y, ayer mismo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, fue el primero que le puso nombre y apellidos a lo que está ocurriendo: “No podemos permitir que el país esté parado”. 

Esa es la definición de una huelga general, un país paralizado, porque eso es lo que vemos a nuestro alrededor: algunas grandes factorías españolas ya han comenzado a detener su producción o la mantienen al ralentí, desde conserveras como Calvo hasta ganaderas como Puleva o Central Lechera Asturiana, pasando por explotaciones mineras, como las de cobre en la sierra de Huelva, y las del automóvil, como Volkswagen en Navarra. En las panaderías de tu barrio empiezan a hacer cálculos sobre cuándo se les puede acabar la harina, igual que en las gasolineras de toda España, porque muchas de ellas ya han comenzado a tener problemas de combustible, sobre todo en Andalucía, Murcia y Valencia. ¿Y los supermercados, no son ya evidentes las muestras de falta de productos y de carestía de otros muchos?

Con esa evidencia palpable sobre la repercusión de la huelga del transporte, sobran los debates de porcentajes sobre la repercusión real de los paros y las disquisiciones sobre la representatividad de la plataforma que ha convocado la huelga. Por esa razón, carece completamente de sentido el empecinamiento del Gobierno en alcanzar un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es al único que reconoce, pero que no es el que ha llevado a los camioneros a las calles, mientras que ignora y desprecia a la plataforma que ha organizado las protestas. Es tan completamente absurdo como intentar arreglar el pinchazo de la rueda de un coche cambiando el limpiaparabrisas. Solo hay que detenerse un momento en las reivindicaciones de la plataforma que ha convocado la huelga para ver que son cuatro puntos: precios, condiciones laborales, competencia desleal y representatividad. En este último punto se dice: “No reconocemos como interlocutores válidos de los pequeños y medianos transportistas ante la Administración al actual Comité Nacional de Transporte”. Lo que ha hecho el Gobierno es justamente lo contrario. ¿Tiene algún sentido? 

Como nadie puede ser tan terco, ni tan soberbio, como para no atender al incendio que comienza a propagarse, quizá debemos pensar que las motivaciones del Gobierno son otras; que lo que Pedro Sánchez pretende es ganar tiempo y, a su vez, utilizar la situación crítica de la economía española por esta huelga para presionar a la Unión Europea en su favor. En su idea de que estamos ante “una emergencia económica y social” en todo el continente, agravada por la guerra de Ucrania, el presidente Sánchez viene presionando desde hace días a los organismos europeos para que se adopten medidas conjuntas, al igual que durante la pandemia, porque, como mantiene, “los problemas europeos no pueden ser respondidos de 27 maneras distintas”.

Pensemos que esa es la razón, la explicación a la tardanza y la lentitud del Gobierno, pero, ni aun en ese supuesto tendría sentido acompañarlo todo de una campaña de insultos a quienes protestan, fachas, reaccionarios y extremistas, como han hecho, en aluvión, varias ministras del Gobierno. En fin… Esta es la primera huelga general ‘de facto’, como se decía antes, que no convocan los sindicatos tradicionales y quizás ese sea el motivo de la descolocación absoluta del Gobierno, de su peligrosa inopia. De repente, muchos clichés y estereotipos de la lucha sindical, de la clase trabajadora, han comenzado a tambalearse en lo más alto de sus organizaciones. Habrá que empezar por un sencillo manual de realidades cotidianas: un trabajador autónomo no es un empresario avariento; el propietario de una pequeña o mediana empresa no es un capitalista reaccionario; el agricultor no es un terrateniente; un ganadero no es un explotador despiadado. Y así…