Podrá Pedro Sánchez minimizar las consecuencias de la sacudida que está dando a la vida institucional de nuestro país, recurriendo incluso a ocurrencias de emergencia hablando de «fachosfera» en un alarde de desprecio hacia todo aquel votante que no se alinee con sus trampas. Podrá pretender desviar el foco presentándose como víctima de lo que él practica como nadie: el insulto. No sólo cuando arremete contra todos los que no piensan como él sino cuando nos cuenta que la ley de impunidad, ahora, en realidad, refuerza la Constitución.

A pesar de las apariencias y el arrebato de la propaganda con afán de señalamiento a críticos y disidentes, la procesión va por dentro en lo que queda de la familia socialista. El laberinto en donde nos ha metido Sánchez, de la mano de quienes están siendo investigados por delitos de terrorismo (por el juez García-Castellón) y de traición (por el juez Joaquin Aguirre) está lleno de trampas. Él se da cuenta pero prefiere seguir adelante en busca de la salida (traducido: seguir gobernando) mientras se ve obligado a negociar con Junts hasta el nudo de su corbata.

Si la semana pasada este gobierno experimentó una ola de sobresaltos continuos, ésta promete ser de infarto. Con el debate sobre la ley de impunidad (amnistía), hoy, en el Congreso. Con la mediación del comisario de Justicia europeo Didier Reynders, sentado junto a Bolaños y González Pons, para intentar despolitizar el CGPJ, mañana en Bruselas. Topando con algunos jueces que, al igual que tantos letrados del Congreso, no están dispuestos a dejarse llevar por la corriente del sometimiento. Estamos en tiempo de prórroga y a Puigdemont le llegan las contrariedades por partida doble. Si el juez García-Castellón decide prorrogar sus diligencias sobre Tsunami Democrátic durante seis meses más, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo, por considerar que ese grupo violento tenía como finalidad subvertir el orden constitucional y desestabilizar económica y políticamente al Estado, el instructor Aguirre ve indicios de delito de traición en Puigdemont y su entorno por haber mantenido contactos con emisarios de Putin para financiar el procés. Un delito que, en Alemania, tiene un severo tratamiento penal.

Si el prófugo de la justicia está acusado de haber mantenido estrechas relaciones con la extrema derecha alemana e italiana y con emisarios de Putin, ¿se acabará amnistiando, también, la injerencia rusa en Cataluña? ¿Qué dirá Europa que entra en tiempo de campaña electoral? ¿Acabará el delito de traición en la misma papelera donde fue a parar el de sedición? Junts está jugando fuerte presionando para asegurarse su futuro de impunidad ¿El miedo a la repercusión internacional de estos desatinos influirá en Pedro Sánchez y terminará por echar el freno? Si esto ocurriera, ¿Puigdemont acabaría con la legislatura? No parece. Son dudas razonables que hoy deberán empezar a despejarse.