No al abolicionismo, sí a la regulación. Prostitución por lo legal, no por lo furtivo. De eso se trata. De eso debe tratarse, a mi juicio, como posición preliminar en el debate que llega cosido a la propuesta abolicionista presentada por el PSOE en el Congreso y que quedó ayer tarde lista para tramitarse, después de ser tomada en consideración. 

Me basta con acudir al primer mandamiento feminista: la mujer es dueña de su cuerpo. ‘Ergo’, soberana para declararlo de acceso restringido. Faltaría más. Ninguna otra persona o institución tiene derecho a meterse entre sus piernas sin su libre consentimiento. Y si todo eso vale para el aborto, por ejemplo, también vale para la prostitución. No es tan difícil de entender. 

Lo que convierte al putero en un violador no es la falta de deseo, sino la falta de consentimiento, ya sea en un prostíbulo o en una verbena 

Al dogma le han salido objetores. También entre las filas del feminismo, donde algunas renombradas dirigentes sostienen que el sexo sin deseo es violación, lo que convierte en violadores a los millones de españoles (uno de cada tres) que, al menos una vez en la vida, según las encuestas, han pagado los servicios de las llamadas profesionales del sexo.

Es una de las aberraciones argumentales del feminismo oficial, coincidiendo con la entrada en el telar parlamentario de la proposición de ley del PSOE que pretende prohibir esta forma de comercio carnal. Pero la ecuación está mal formulada. Mejor dicho, es insidiosa.

No es la falta de deseo en la mujer lo que convierte en violador al putero. Es la falta de consentimiento. Sin consentimiento, da igual que el encuentro sea en un prostíbulo o en las oscuridades de una verbena. Una razón objetiva de la que los artículos relativos a la prostitución nunca debieron haber salido de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (la llamada ley del ‘solo sí es sí’), en la que acabaron chocando los prohibidores del PSOE y los reguladores de Unidas Podemos. 

Todo lo cual sirve también para desactivar la doctrina expuesta ayer por la defensora de la iniciativa socialista, Adriana Lastra, cuando sentencia: “En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden”. Más que un dogma de general aplicación (¿o lo de comprar y venderse solo es cosa del hombre lascivo y desalmado por su propia condición?), es una frase enlatada, incompatible con la realidad líquida y competitiva que nos arropa desde que el mundo es mundo.

Prohibir la prostitución por ley sería como prohibir la ley de la gravedad en el Boletín Oficial del Estado. Personalmente, me fío más de las primeras interesadas, las propias trabajadoras, según las vio Manu Chao en una bella, solidaria y descriptiva canción (‘Me llaman calle‘). 

Cada vez más valientes, más reivindicativas y menos sensibles al feminismo de frases enlatadas. Tal y como se expresaron en un excelente trabajo del colega Quico Alsedo: “El abolicionismo nos condena a la ilegalización permanente y a la precariedad laboral”, decía una de ellas. 

Decir que «las mujeres ni se compran ni se venden» (Lastra) es una frase incompatible con la realidad líquida y competitiva 

En definitiva, el fenómeno de la prostitución está pidiendo a gritos un marco regulador que no pase por estigmatizar a los puteros ni a las mujeres que se dedican libremente al oficio más viejo del mundo. Cuanto antes se pongan a ello los legisladores, peor para los proxenetas y las mafias que esclavizan a mujeres en estado de necesidad. 

La reforma del Código Penal para acabar con el proxenetismo y la voluntad es la parte útil de la proposición de ley que ya ha empezado a tramitarse en la Cámara Baja. Guerra al proxeneta, no al putero si la relación es libre y consentida, con pago por servicios prestados.

Se trata de no hacer todavía más vulnerables a estas mujeres. Me refiero a las que ejercen libremente la prostitución, sin perjuicio de que les gustaría dedicarse a otra cosa, como millones y millones de españoles y españolas, por supuesto.

En lo que se refiere al mencionado reproche penal de la inducción a la prostitución (reforma del artículo 187 del CP), bienvenida la proposición de ley que ya ha empezado a tramitarse en la Cámara Baja, tras el debate de ayer que, entre otras cosas, retrata la transversalidad del fenómeno. No tiene sentido aquí el factor ideológico ni el eje derecha-izquierda. De hecho, el PSOE y el PP aparecen juntos por la abolición, frente a Unidas Podemos, que está por la regulación.