Tonia Etxarri-El Correo
Si nada lo impide y los puentes rotos entre los independentistas catalanes no provocan una nueva tormenta, Pedro Sánchez se reunirá con Torra el ‘inhabilitado’ el próximo 6 de febrero. Legitimando, así, a un presidente de la Generalitat que ha dejado de ser diputado por decisión judicial y que ya ni siquiera representa al conjunto del Gobierno catalán después de que ERC le haya dejado caer en el Parlamento.
El valido de Carles Puigdemont anunció ayer que quiere aprobar unos Presupuestos que, en realidad, no se sabe quiénes los gestionarán. Porque, en cuanto el Parlamento dé luz verde a las primeras Cuentas públicas que van a aprobar en cuatro años, lo que más le importa es convocar elecciones. Y comprobar en las urnas si Junts per Cat está empezando a comerle terreno electoral a ERC, a pesar de las encuestas.
La legislatura catalana más infructuosa de los últimos tiempos ya no da más de sí porque los dos partidos que sostenían la Generalitat han quedado aparentemente atrapados en el bucle del enfrentamiento.
En estas circunstancias Torra no estará en condiciones de pactar nada con Sánchez. Es Junqueras quien puede jactarse, y lo hace, de tener al Gobierno de Pedro y Pablo cogido por la mano. Porque los Presupuestos del nuevo Gobierno socialcomunista dependen de ERC. Junqueras se exhibió desafiante en su paseíllo por la comisión parlamentaria. Aun así, Sánchez se quiere prestar a la ficción de un encuentro con Torra que estará envuelto en un cúmulo de reproches contra el Estado español «autoritario» y «represor». Si Torra se sienta ante una mesa de negociación será para darle una patada. Eso sí, con una sonrisa que adorne el comodín del diálogo. Que, descodificado al lenguaje independentista catalán, no quiere decir otra cosa que imposición.
En Cataluña existe un problema de legalidad desde hace años. Porque sus gobernantes nacionalistas, a diferencia del PNV, no cumplen las normas; se las saltan. Las sentencias, los autos, los apercibimientos. Quienes conspiraron contra la Constitución y están cumpliendo pena de cárcel por ello amagan con la desobediencia como treta electoral. Torra se niega a caerse del cartel desde que está desposeído de su acta de diputado y el presidente del Gobierno, en lugar de emplazarle a que cumpla la ley, piensa reunirse con él. El Ejecutivo de Pedro y Pablo estudiando cómo puede rebajar la pena de sedición y el sedicioso (Junqueras) amenazando con reincidir en el delito. Hay que tener cuajo para describir esta situación de «normalidad democrática».