Del mismo modo que los tribunales consideraron a Batasuna componente necesario de la estrategia terrorista, su negativa a cooperar en la recogida de los frutos de la violencia sería su principal aval para recobrar la legalidad.
Cuando ETA duda entre dos opciones o está dividida sobre ellas, suele elegir las dos a la vez: acompañar una movilización por la amnistía con un atentado la víspera. O bien: realizar un atraco a mano armada en Francia cuando prepara un comunicado anunciando una tregua. Los encapuchados que el lunes asaltaron una empresa cerca de Lyon tuvieron interés en identificarse como miembros de ETA. Lo que significa que o bien ha habido una escisión o, más probablemente, que querían dejar constancia de que el posible anuncio de la tregua que le había pedido Batasuna no significa renuncia a la violencia sino, como dicen en sus papeles internos, ocasión para un proceso de negociación de lo que consideran pausas de la misma.
Existe un consenso bastante asentado en que las treguas ya no sirven; que lo único que vale es la retirada definitiva. Pero lo único que vale ¿para qué? Cuando lo dice Rubalcaba parece referirse a que sería condición para la vuelta de Batasuna a la legalidad. Ese partido añadió a la petición de tregua de los amigos del mediador Currin una mención a que la misma se consideraría «expresión de la voluntad de abandono definitivo» de la violencia. Pero ¿qué tiene que ocurrir para pasar de la tregua (temporal por definición) a la disolución? Según Rufi Etxebarria, el comunicado que esperan de ETA bastaría para abrir paso a la legalización del nuevo partido y el paso siguiente sería la constitución de una mesa de partidos para negociar una «solución definitiva al conflicto político vasco».
Hace casi una década, un teórico del conflicto definió la campaña de asesinatos de concejales y otros cargos socialistas y populares que siguió a la ruptura de la tregua de Lizarra como «una propuesta extrema de negociación». Ese ha sido el objetivo más constante de ETA en los últimos 30 años: forzar mediante la violencia y la amenaza de usarla una negociación en la que, a cambio de un cese más o menos duradero de los atentados, los demás partidos aceptaran sus propuestas de cambio del marco político.
El pulso planteado entre ETA y Batasuna ha llevado al brazo político a exigir de la vanguardia militar que se someta a su interés por recuperar la legalidad, y abandone las armas. A la vista está que quienes las tienen no están por la labor; pero si no atienden los requerimientos, corren el riesgo de quedarse sin pueblo al que salvar: que Batasuna elija salvarse sola antes que hundirse con ETA. Para ello tendrá que hacer algo más que presentar unos estatutos en los que se exprese el rechazo a «todas las violencias», como siguen diciendo sus portavoces (Txelui Moreno, Público, 12-12-2010). Los tribunales ya dieron por probada la existencia de una vinculación no solo ideológica de Batasuna (su cúpula) con ETA. Por tanto, la carga de la prueba para derogar su ilegalización corresponde a Batasuna, que es la que tiene que demostrar que esa vinculación ya no existe.
Así lo proclaman ahora los dirigentes de Batasuna, pero la credibilidad de su desmarque no depende tanto de la contundencia de las palabras como de lo que estén dispuestos a hacer en favor de la desaparición del brazo armado. Como ha dicho un grupo de presos disidentes, de poco sirve hablar de treguas permanentes si no se ha tomado la decisión definitiva de dejarlo. Para que tal cosa ocurra, la principal contribución de Batasuna sería desligarse de esa negociación, demostrando que es capaz de defender sus ideas por lo que valen y no por el respaldo que le preste una banda armada que ataca a los que no las comparten o acatan.
Mientras exista ETA, la credibilidad que reclama Batasuna dependerá sustancialmente de esa renuncia, que dejaría sin objetivo la prolongación de la lucha armada. Y del mismo modo que los tribunales consideraron a Batasuna componente necesario de la estrategia terrorista, su negativa a cooperar en la recogida de los frutos de la violencia sería su principal aval para recobrar la legalidad.
Un dato importante es que el PNV rechaza esa mesa de negociación política, lo que deja suspendida del aire la propuesta de la izquierda abertzale, a la que se opondrían 69 de los 75 miembros del actual Parlamento vasco. Si Otegi y compañía imitasen a Urkullu, sería ETA la que se quedaría sin suelo bajo los pies. Algunos pronósticos indican que el comunicado de ETA llegará de todas formas antes del día 8; pero la prueba de fuego de la voluntad de Batasuna de competir en igualdad de condiciones, sin el respaldo de las pistolas, depende de lo que, con o sin tregua, haga a partir del día 9.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 23/12/2010