Miles de jueces y fiscales están convocados hoy a un paro simbólico de diez minutos en protesta por las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno, conocidas como ‘leyes Bolaños’, y que afectan al acceso a la carrera judicial y fiscal, así como a la estructura del Ministerio Fiscal.
Entre los puntos más polémicos está la posibilidad de que 1.300 jueces y fiscales sustitutos obtengan plaza fija sin pasar por la tradicional oposición, lo que, según los convocantes, rompe con los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública.
Jueces y fiscales también critican que la reforma refuerza el poder del fiscal general del Estado sin suficientes contrapesos internos, lo que podría poner en riesgo la imparcialidad y la independencia de las investigaciones penales, subordinándolas a los intereses del Gobierno.
Aunque los convocantes del paro programado para este miércoles han insistido en que la protesta no tiene fines partidistas, sino que busca defender el Estado de derecho, parece inevitable concluir que las ‘leyes Bolaños’ han sido sólo la gota que ha colmado el vaso de los agravios del Gobierno a los jueces.
Agravios entre los que se incluyen también el malestar generado entre jueces y fiscales por la negativa del fiscal general del Estado a dimitir tras su imputación por un delito de revelación de secretos y los reiterados ataques del Gobierno contra los jueces y sus decisiones, así como algunas decisiones del Tribunal Constitucional, en relación por ejemplo a la sentencia de los ERE andaluces o la ley de amnistía, que han generado la sospecha de que el Tribunal de Garantías está desbordando sus competencias constitucionales para ocupar terrenos reservados a la jurisdicción ordinaria.
Las asociaciones denuncian que las reformas legislativas previstas por el Gobierno suponen un grave retroceso para la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público, además de no responder a una demanda social real.
La movilización, que tendrá lugar a las 12:00 horas frente a los juzgados y sedes judiciales de toda España, es la primera de este tipo en la historia reciente y podría ser el preludio de una huelga indefinida si el Ejecutivo no atiende las reivindicaciones del sector.
El paro de hoy llega menos de 24 horas después de que el Gobierno haya minusvalorado, tergiversando su contenido, las Observaciones escritas de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía, calificándolas de «no vinculantes».
Pero sólo después de afirmar que su contenido le parece «positivo» porque «valida la aplicación de la amnistía en los casos de malversación y se acerca a esa aplicación total de la amnistía, que es el objetivo que buscó el legislador desde un principio».
Una afirmación harto dudosa, por no decir tendenciosa.
Llega, también, 24 horas después de que el ministro de Transportes Óscar Puente afirmara, en relación a la decisión del juez instructor del Supremo sobre Álvaro García Ortiz, que los jueces son «la oposición real» al Gobierno, y que «salen a arreglar los desaguisados de Feijóo».
Un desprecio de la labor de los jueces que se suma a los reiterados ataques del Gobierno y sus socios parlamentarios a los magistrados que investigan los varios casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno y su círculo más íntimo, tanto personal como político.
El paro de jueces y fiscales, en fin, puede carecer de «fines partidistas». Pero parece evidente que es consecuencia de una cascada de agravios y de ataques al Poder Judicial que han colmado la p