La puerta del fin de la democracia

El mundo está recorriendo a marchas forzadas el camino hacia un sistema de gobierno que sólo podrá conjurarse de no mediar rápidamente una reacción vigorosa que mucho me temo que sólo se resuelva con una buena guerra, y digo lo de buena por su magnitud y su carácter devastador, porque todas las guerras me parecen enormes fracasos para los que las ganan, y no digamos para los que las pierden. Las características más destacadas de este negro futuro serán la desaparición de las libertades y el establecimiento de un sistema dictatorial cuyas víctimas, muy mayoritariamente, estarán felices de ser esclavos. Porque no nos engañemos: vivir libre es más difícil que vivir esclavo, y por eso hay tantos que renuncian con gusto a la libertad.

En España, el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta al final de la democracia con su sentencia que convalida el aborto provocado. En efecto, un aborto provocado consiste en matar a un embrión o feto de un mamífero en el vientre de su madre. En el caso de seres humanos, hay otras maneras de dar muerte a embriones o fetos fuera del claustro materno, concretamente a los producidos en laboratorios bien para experimentar con ellos, bien los sobrantes de un proceso de fecundación artificial (las llamadas FIV –fertilización «in vitro»– para que parezcan algo culto y humanitario hasta con un toque de latín), bien para liquidar los sobrantes del proceso de fabricación de un hermano de recambio a un paciente que sólo puede curarse por medio de una terapia génica, etc. La sentencia del Tribunal Constitucional sólo se refiere a los abortos perpetrados de forma quirúrgica, que son los únicos susceptibles de figurar en una estadística, y en parte también mediante preparados con aspecto de comprimidos medicinales, pero que no curan nada, sino que sólo son portadores de la muerte del hijo de la mujer que los ingiere. A los abortos quirúrgicos o con píldoras letales los denomina la sentencia con el eufemismo de «interrupción voluntaria del embarazo», para dar al crimen (hasta ahora así se consideraba en vez de un derecho, y además fundamental) una pátina de respetabilidad.

El procedimiento más común en los abortos quirúrgicos más tempranos es el de aplicar una potente aspiradora al útero de la madre para que, con la fuerza de la aspiración, se vaya troceando el cuerpo del hijo. Cuando la víctima ya tiene más de doce semanas –y aun antes–, a la madre se le practica un legrado que tiene por objeto ir descuartizando al hijo, a fin de extraerlo por piezas; la legra también interviene para rematar el trabajo de la aspiradora, para asegurarse de que no queda un resto del feto dentro del útero, con alto riesgo de provocar una infección. Y para mayor seguridad (así se denomina, hasta en organismos internacionales), se consigue un «aborto seguro» recontando las piezas extraídas: cabeza, tórax y abdomen, dos brazos con sus manos, dos piernas con sus pies. Algunos practicantes de abortos quirúrgicos, que a efectos polémicos sostienen que la víctima de un aborto en realidad es «un montón de células», hacen este recuento como si fuera la reconstrucción de un muñeco: la cabeza arriba, debajo el tórax, y a los lados los brazos por arriba y las piernas por abajo, no vayamos a descontarnos y provocar una infección. Y si algún miembro está troceado, se reconstruye aparte.

A esta carnicería le llama el TC «derecho fundamental» de la madre a «interrumpir el embarazo». Y no es que la mujer se levantó una mañana y resultó que estaba embarazada por el Hombre Invisible. Nada de eso; la casi totalidad de las veces, violaciones y accidentes aparte muy minoritarios, se había producido antes un cortejo entre varón y hembra humanos que simpatizaban mutuamente, con las mil y una variantes de la aproximación sexual, que terminó con un encuentro entusiasta concebido por Dios para la perpetuación de la especie, en humanos como en todo bicho viviente sobre la faz de la Tierra de acuerdo con los métodos concebidos para cada especie (los paganos creen que es la Madre Naturaleza a la que dotan de inteligencia, y los ateos creen más bien que es el azar –es decir, la casualidad– la causa de este múltiple y complejo mecanismo). Tampoco es que se desconocieran los efectos de un encuentro de estas características, ni el modo de que el gozoso episodio no tuviera que resolverse en un embarazo y, por lo tanto, se asegurase que no habría esta clase de consecuencias. Todo lo contrario: hoy la información sexual está más difundida que nunca antes, pero a veces las urgencias imprevistas tienen estas cosas.

Y entonces, el Tribunal confirma que la Constitución no solo no impide esta matanza, sino que este monumento a la iniquidad es la única interpretación legalmente posible de la Norma máxima.

Es verdad que las leyes permisivas del aborto provocado están vigentes en varios países; pero la extensión de un error no la convierte en un acierto, por mucho que se disfrace de medicina, se haga intervenir a un médico (como en los procedimientos eutanásicos, con lo barato e indoloro que sería un buen disparo entre ceja y ceja a un paciente sedado, pero la coartada de simulación de un acto médico se vendría abajo: el aborto y la eutanasia no son formas de medicina, sino formas de homicidio); además, la sentencia impide que invoquen la cláusula de conciencia los que estudiaron para médicos y no para verdugos de inocentes, y se imponga como materia obligatoria el aborto como algo social y moralmente respetable.

También es cierto que el TC no es parte del Poder Judicial, sino un órgano jurídico-político, y que el presidente de ese Tribunal, magistrado de profesión, se refirió a los jueces en la adecuación de la sintonía de la Justicia a la Sociedad, diciendo que los profesionales del derecho deberían aceptar «que se les manchase la toga con el polvo del camino» (en ocasión anterior escribí que, en el caso del aborto, habría que modificar esta cita refiriéndola a «los cadáveres del camino»).

Pues bien: una vez robada la humanidad a los hijos por nacer e introducido el aborto provocado como sarcástica acción de «salud reproductiva» en nuestro ordenamiento jurídico (algo que la Iglesia católica, siempre moderada en sus expresiones escritas, llamó «crimen abominable» en nada menos que un Concilio), quedaba inaugurada la era de a ver quién se revela como el totalitario máximo, en apoyo de turbios intereses de dinero o de poder, aprovechándose de una mentalidad social más bien ovina, pero siempre en detrimento de la dignidad y la libertad humanas, y, teniendo que recurrir a la mentira para pasar esas leyes en los países formalmente democráticos. Y cuando no hay más remedio que recurrir a la mentira para cumplir los deseos de unos ambiciosos de dinero o de poder, ya todos los demás atropellos son posibles y, lo que es peor, con el aplauso de la sociedad civil. La democracia, sí, está en peligro y la puerta está abierta desde que se ha permitido que la mentira forme parte de las leyes y a los delitos los llame derechos.