La ministra Montero se quejó a voz en grito de la financiación autonómica cuando era consejera de la Junta de Andalucía. Y llegó a decir que la condonación de la deuda era una trampa con la que se pretendía soslayar el debate sobre el injusto reparto tributario de las comunidades. Ahora, por exigencia de los independentistas, defiende exactamente lo contrario. Y para sacarle mayor provecho político al infundio, usa la medida contra los presidentes del PP acusándoles de perjudicar a sus ciudadanos por no aceptar el regalo que les hace papá Sánchez. No importa que Cataluña haya generado una gran parte de su deuda malversando. Ni tampoco que otras comunidades hayan hecho una gestión solvente, apretándose el cinturón, para no hipotecar a sus ciudadanos durante décadas. El mensaje es que Valencia o Andalucía van a salir más beneficiadas, que es otra falsedad estrepitosa porque la deuda real se debe contar por habitante, no en cifras totales, y en estos momentos lo adeudado por cada andaluz es menos de la mitad que por cada catalán. Tampoco importa que, en todo caso, hasta ahora el dinero que debe un extremeño lo asume Extremadura y, a partir de ahora, Extremadura también va a asumir el que debe un catalán. Por lo tanto, lo que está perpetrando el Gobierno es la quita de la malversación. Primero hizo una rebaja penal para sacar a los golpistas de prisión y ahora nos subroga a los inocentes a la hipoteca de los culpables. Es como si un ladrón ofrece parte de su botín a un testigo y le acusa de perjudicar a su familia por no cogerlo.

Decía Rufián que los de izquierdas no pueden robar y el sanchismo le ha dado la razón. Algunos se han empeñado mucho, como en los ERE o el ‘procés’, pero no lo han conseguido.