Como cada vez que cede ante alguna exigencia de sus socios nacionalistas, Pedro Sánchez ha pretendido enmascarar lo que no es sino el cumplimiento de un compromiso adquirido con ERC a cambio de su investidura como una medida de interés general, «beneficiosa para todas las comunidades autónomas».
Oriol Junqueras presumió este lunes de un acuerdo con el Gobierno para la quita de un 22% de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), equivalente a 17.104 millones de euros. Después, María Jesús Montero anunciaba que el Ejecutivo llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles una propuesta para condonar 83.252 millones de euros de deuda pública a todas las comunidades autónomas menos País Vasco y Navarra, que tienen un régimen especial.
En lugar de reformar la financiación autonómica, como debería haber hecho desde que llegó al poder, Sánchez beneficia a Cataluña y otras comunidades en detrimento del conjunto de los españoles. Un movimiento que también está pensado para promocionar a Montero como candidata a la Junta de Andalucía, dado que la quita es mayor en Andalucía que en otras comunidades y se ejecutaría justo en el arranque de la campaña electoral autonómica del próximo año.
Una vez aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la propuesta tendrá que recabar una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, porque requiere un proyecto de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aunque PP y Vox voten en contra, el Gobierno impondrá su mayoría de investidura.
Lo que sí han descartado ya las comunidades del PP es la negociación bilateral con el Estado para la condonación que contempla Montero. Han juzgado atinadamente que la oferta del Gobierno es «una trampa». Algo confirmado por la argumentación sardónica de la ministra de Hacienda, quien ha deslizado que «si alguien no quiere que se le condone su deuda», no es obligatorio, pero que «desde luego es difícil de explicar».
El cebo de esta generalización de lo pactado para Cataluña está en que Andalucía sería la principal beneficiada: se le perdonaría casi la mitad de su deuda. También Valencia y Castilla-La Mancha se encontrarían entre las más favorecidas por la quita-trampa. Justo las tres comunidades más infrafinanciadas en el modelo ya caducado.
Con esta jugada maquiavélica, Sánchez busca sembrar la división interna en el PP, aunque sus presidentes parecen haberse alineado para resistirse a la tentadora oferta y rechazarla en firme como «migajas». En realidad su impacto en las cuentas de cada comunidad sería mínimo pues se limitaría a reducir la cuantía del pago de intereses.
Sánchez recurre nuevamente a una larga cambiada para burlar la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, que no ha sido capaz de afrontar en los siete años que lleva en el Gobierno. Ni siquiera pone el parche del fondo de nivelación que le requieren los más perjudicados.
Eso es lo que hay que resolver: la infrafinanciación que ha llevado a regiones a Andalucía o a Valencia a endeudarse tanto. No premiar a quienes han derrochado y dar incentivos perversos para que los ejecutivos autonómicos sigan gastando.
De hecho, Cataluña no está infrafinanciada, como ha sostenido Junqueras. El modelo vigente lo hizo Zapatero a su medida cuando gobernaba Montilla. Si es la comunidad más endeudada, es porque los últimos gobiernos de la Generalitat han disparado el gasto político.
Si a Cataluña le interesa tanto esta quita, se debe a que, con el eventual regreso a los mercados de capitales, espera apuntalar el relato nacionalista de que se bastaría como Estado independiente para financiarse. Pero si en algún lugar de España hace falta la motosierra, es en Cataluña. Algo que está reñido con el clientelismo nacionalista que Sánchez parece dispuesto a seguir sosteniendo.
Esta condonación establece un precedente nefasto en un modelo autonómico donde se había intentado introducir el principio de responsabilidad fiscal. Al liberar de ella a las CCAA que más se financiaron con el FLA, nada motiva a las regiones a cumplir una senda de reducción del déficit. Y añadir más de un 5% del PIB a la deuda pública y 6.000 millones anuales al déficit en un país tan endeudado como el nuestro supone una auténtica temeridad.